El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha cuestionado recientemente dos proyectos claves para la gestión del Botànic II en el ámbito urbanístico y de los servicios sociales. Dos iniciativas que el organismo jurídico obligaba a tramitar de nuevo al no respetarse el procedimiento establecido, entre otros el relativo a la audiencia pública. En dos dictámenes distintos, el Jurídic insta a las respectivas consellerias (Política Territorial, de un lado, y Políticas Inclusivas, de otro) a retrotraer las actuaciones y dar opción a las personas interesadas a presentar alegaciones.
En el caso de Territorio, el decreto tendrá que publicarse de nuevo en el Diario Oficial de la Generalitat, mientras que Igualdad ha podido salvar la situación con una nueva modificación sin necesidad de empezar de cero. Su previsión es que vuelva a ser estudiada por el Jurídic esta misma semana, eso sí, después de que el organismo la tirara para atrás en dos ocasiones.
Las resoluciones del Jurídic son, en última instancia, un toque de atención para el Ejecutivo que, en un momento en que la pandemia ha paralizado casi toda su acción, paga las consecuencias de una tramitación deficitaria.
En el caso de Política Territorial, obviar el trámite de audiencia pública supondrá frenar la aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo de nueva creación que tiene como objetivo proteger el suelo rural.
El Jurídic recuerda que esta agencia podrá asumir competencias relativas a la protección de la legalidad urbanística de los municipios. «Estamos ante un cambio de paradigma del régimen de funcionamiento de la disciplina urbanística que afecta a la ciudadanía, especialmente en relación con los municipios», dice el CJC, por lo que no se trata de una norma que afecte exclusivamente sobre materias organizativas de las consellerias.
Solo en ese supuesto, se puede obviar el trámite de participación ciudadana. Territorio justificó la omisión de la consulta pública previa argumentando que se trataba de una disposición de carácter meramente organizativo.
El Jurídic considera que la creación de esta agencia «sí que afecta a los derechos e intereses de los ciudadanos» porque supone una nueva forma gerencia de gestionar la protección del territorio. Así las cosas, considera que «es necesario retrotraer las actuaciones y publicar la tramitación de la norma en el Diario Oficial de la Generalitat para que las personas interesadas puedan formulas alegaciones». Se trata de una observación esencial.
