La inauguración de obras ha sido uno de los principales sustentos de los políticos municipales desde tiempos pretéritos, al menos hasta que la pandemia comenzó a ser una amenaza. La falta de control sobre esas inversiones, sin embargo, centra una de las principales llamadas de atención de la Sindicatura de Comptes en su última auditoría, que evalúa el funcionamiento de los 21 ayuntamientos valencianos de entre 20.000 y 25.000 habitantes. Una de las conclusiones es que seis de cada siete consistorios no planifica sus inversiones o, si lo hace, no tiene en cuenta lo que va a costar mantenerlas año tras año en sus presupuestos.
Junto a las debilidades en el ámbito tecnológico, el apartado de gasto en inversiones se considera como el de mayor riesgo y en el que las entidades sacan una peor puntuación en el examen, con un 37,8 sobre 100. El síndic emplaza al 85,7% de los ayuntamientos a evaluar el coste de financiar el mantenimiento de las inversiones antes de ejecutarlas, mientras que extiende al 81% de las entidades la recomendación de confeccionar un plan de inversiones realista, de acuerdo con la capacidad de su ejecución.
En cualquier caso, la auditoría -que se limita a los ejercicios de 2017, 2018 y parte de 2019- señala el área del entorno tecnológico como la de mayor riesgo en el funcionamiento de los consistorios, vulnerables a los ciberataques por la falta de seguridad en sus accesos y controles.
Moncada y La Nucía, la peor nota
La ausencia de determinados informes o documentos necesarios de fiscalización y publicidad en los expedientes de contratación es otra de las debilidades detectadas en 13 de las 21 corporaciones analizadas. Algo similar ocurre con el control de las subvenciones: el 57,1% incumple la obligación de suministrar información sobre las ayudas a la Base de Datos Nacional y un 42,9% tiene importes pendientes de justificar por subvenciones concedidas pese a haber vencido el plazo para hacerlo.
En el capítulo de personal, el informe apunta a que el 61,9% de los ayuntamientos paga complementos de productividad a sus trabajadores sin vincularlos a una valoración objetiva de la tarea. Además, el 76,2% no fiscaliza las nóminas con la periodicidad adecuada y el 71,4% no actualiza el inventario de bienes en los plazos necesarios.
En la puntuación global de la Sindicatura, los ayuntamientos sacan un notable, con 71,6 puntos sobre 100. Sobresalen Aspe, Paiporta, Alfafar y Riba-roja del Túria, con una valoración por encima de 80 sobre 100. La Nucía y Moncada obtienen la peor nota, se sitúan «en riesgo alto» y bordean el suspenso, mientras que en otras 15 administraciones el riesgo es medio.
La Sindicatura advierte de debilidades comunes: el 95% arrastra tributos prescritos o en riesgo de prescribir por los cuales no se ha exigido responsabilidades y el 66,7% no aplica controles para verificar la eficacia del gasto público. Las corporaciones aprueban en el apartado de endeudamiento, con una puntuación de 93,2 sobre 100.
