Un total de 108 personas, en su mayoría mujeres, han sido admitidas para optar a una plaza en la Abogacía de la Generalitat, un cuerpo funcionarial de élite que ha ido perdiendo efectivos a lo largo de los años. Las primeras oposiciones en un lustro, las relativas a la convocatoria de 2017 con cuatro plazas en liza, han atraído a un centenar de aspirantes, todos ellos admitidos, según consta en la resolución hecha pública ayer en el Diario Oficial de la Generalitat. Un total de 108 personas, de las que 74, es decir, casi el 70 % son mujeres que aspiran a ser letradas de la Generalitat.
El reclutamiento de abogados y abogadas de la Generalitat Valenciana se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para el Consell del Botànic, muy interesado en que las ofertas de empleo público tuvieran respuesta ya que la última en la que se ofertaron plazas para el cuerpo, las de 2016, quedó desierta, ya que ninguno de los 73 aspirantes logró superar las pruebas selectivas y no pudieron cubrirse.
Las dificultades de renovación de este cuerpo y la preocupación de Presidencia está fundamentada ya que la Abogacía es clave para el día a día de la acción de gobierno pues por sus manos pasan los proyectos normativos. Además, ejercen la defensa de los intereses de la Generalitat e informan jurídicamente de la legalidad de las actuaciones del Consell.
Incorporar savia nueva es complicado porque se trata de unas de las oposiciones más difíciles que existen en el ámbito funcionarial.
La flor y nata del funcionariado
El cuerpo es la flor y nata del alto funcionariado, al que solo se puede acceder tras estudiar 465 temas. En el Consell existe el temor de que las personas que aspiran a ejercer la Abogacía al servicio de una Administración prefieran centrarse en el Estado, por tratarse de plazas mejor retribuidas y prestigiosas. Incluso que las pruebas de la Generalitat Valenciana sirvan de entrenamiento para después optar a las de ámbito estatal.
No obstante, la existencia de más de un centenar de aspirantes es una buena noticia para el Consell, que ya sufre la carencia de efectivos. Sin ir más lejos, la Conselleria de Hacienda se ha visto obligada cambiar el decreto de organización y funcionamiento del Jurat Econòmic-Administratiu, un órgano creado para resolver las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan en materia de tributos propios, para que deje de ser obligatorio que la secretaría recaiga de forma exclusiva en el cuerpo de la Abogacía de la Generalitat.
La propuesta es que el puesto pueda ser desempeñado por una persona funcionaria con titulación en Derecho. Las dificultades para disponer de recursos humanos en la Abogacía de la Generalitat y cubrir este puesto están detrás de este cambio.
