El pleno del Consell ha aprobado hoy el decreto ley que regula las bases para la concesión de hasta 7 millones de ayudas directas al sector de la artesanía vinculado a las fiestas tradicionales de la Comunidad Valenciana, con tal de hacer frente a las consecuencias de la pandemia. La cuantía máxima que podrán recibir los afectados será de 7.000 euros. Se trata de una inyección económica que forma parte del plan Resistir impulsado por la Generalitat, que trata de prestar auxilio a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y que, en su conjunto, está dotado con 380 millones de euros que podrán ser ampliables, según ha explicado hoy la portavoz del Gobierno autonómico, Mónica Oltra, durante una comparecencia posterior al pleno.
El objetivo de esta línea de ayudas vinculada al Resistir es preservar la existencia y viabilidad de las empresas artesanales que elaboran productos relacionados con las fiestas populares, muchas de las cuales se han tenido que suspender debido a las sucesivas medidas decretadas para frenar la pandemia. Este tipo empresas artesanas, de muy reducida dimensión en su inmensa mayoría, cuentan con una importante presencia en el territorio autonómico. A su importancia económica se une su valor como patrimonio cultural e identitario del pueblo valenciano, según destacan desde la Generalitat.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas los artesanos, artesanas y pymes artesanas que estén en posesión del documento de calificación artesana (DCA), expedido por la Generalitat, o documento equivalente emitido por una administración pública que acredite su condición artesana en alguno de los oficios artesanos a los que va dirigida esta norma, que ejerzan su actividad en la Comunidad Valenciana al menos desde el 1 de marzo de 2020 y hayan sufrido una reducción de al menos el 30% de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto a 2019.
Las personas y empresas a las que se les concedan las ayudas deberán mantener la actividad artesana durante al menos 12 meses, a contar desde el día de la concesión de la subvención. Las ayudas se destinarán a artesanos, artesanas y pymes de un total de 37 oficios vinculados directamente con las fiestas tradicionales de la Comunidad Valenciana. El plazo para la presentación de solicitudes será del 1 al 15 de marzo.
Oficios vinculados a fiestas populares
Los oficios artesanos vinculados a las fiestas populares son aquellos dedicados a la elaboración o fabricación de abanicos, alpargatas, bastones bordados, artista bolillero, medias, ganchillo, muebles y otros objetos de mimbre, caña, palma y similares. También se incluyen artista fallero, florista artesano, bodeguero, bastonero, constructor de instrumentos de cuerda, viento y percusión, estampador de telas, dorador, hojalatero, joyero, maquetista, orfebre, escribano, pirotécnico, platero, así como artesanos a medida como sastre, modista, tejedor, sombrerero, tintorero, zapatero o peletero.
Las ayudas contempladas en esta norma se financiarán con cargo a los fondos que correspondan en la Comunidad Valenciana, procedentes de los recursos adicionales REACT-EU, que se aplican en el marco de los Fondos Estructurales, como respuesta de la Unión Europea a la pandemia. Estas actuaciones serán susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea a través el programa operativo del FEDER 2014-2020 de la Comunidad Valenciana, a través del Objetivo Específico REACT-UE 3.2 relativo al "apoyo a las medidas de ayuda económica en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la covid-19", como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia.
39,8 millones de euros para EPI y test
Durante el pleno del Consell celebrado hoy viernes también se ha probado la declaración de emergencia del expediente de contratación del acuerdo marco para el suministro de material de protección personal para la post emergencia por la COVID-19 y ante posibles rebrotes, y que irá dirigido a personas, residencias y centros competencia de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El acuerdo marco planteado por Vicepresidencia cuenta con un presupuesto anual de 18,1 millones de euros, que puede prorrogarse a un segundo año, llegando a los 39,8 millones de euros.
La declaración de emergencia en la tramitación de este contrato se justifica en la persistencia de la pandemia y los rebrotes que se están produciendo en su evolución, y que afectan, especialmente, a los centros de servicios sociales, generando la necesidad de contar una reserva estratégica de material de protección ante una nueva posible nueva ola de infección. Este contrato marco prioriza la contratación con empresas locales basándose en criterios de sostenibilidad, ya que la necesidad de utilizar equipos de producción individual de forma continuada en el tiempo, tendrá un impacto directo en el consumo de materiales cuya vida útil será muy corta.
Está previsto la adquisición, entre otros, de 2,5 millones de batas no desechables; 750.000 batas desechables; 100.000 buzos desechables; 1,5 millones de calzas de protección, 10 millones de mascarillas quirúrgicas; 1,5 millones de mascarillas FFP2 sin válvula, 50.000 mascarillas FFP3 sin válvula y 200.000 mascarillas infantiles, entre otros materiales.
Financiación estable en Servicios Sociales
La vicepresidenta del Consell también ha anunciado que el pleno del Consell ha ratificado hoy el nuevo modelo de contrato-programa para la financiación de los Servicios Sociales municipales. Se trata de una fórmula de organización que, según Oltra, permitirá inyectar financiación a los municipios de manera estable y que, además, unifica la composición de los equipos de este tipo de recurso público.
El contrato-programa es un convenio interadministrativo y plurianual, de uso preceptivo para todas las administraciones que constituyen el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, convirtiéndose en un instrumento de ordenación y financiación del sistema, que regula la colaboración financiera entre la Generalitat y las entidades sociales, según explican desde la Generalitat.
Este mecanismo regula la financiación a cuatro años por parte de las tres administraciones que financian el Servicio Público Valenciano de Servicios Sociales, que son la Generalitat, las diputaciones y las entidades locales. Se trata de un aspecto clave para solucionar situaciones como la que ocurre en la ciudad de Alicante, donde existen listas de espera de hasta 10 meses para la adjudicación de una primera cita con los Servicios Sociales. El problema, a grandes rasgos, es que el personal vinculado a este servicio no se incorpora cada año hasta que el consistorio recibe la pertinente subvención del Consell. Así, ocurre con frecuencia que las plantillas no se configuran hasta el segundo trimestre del año y eso es algo que acaba colapsando este recurso, una situación inaceptable en plena crisis sociosanitaria del coronavirus.
"Este instrumento consolida a los servicios sociales como la cuarta pata del Estado del Bienestar, ya que compromete por primera vez los presupuestos públicos durante cuatro años, de manera que en 2021 se invertirán, sólo a través del contrato programa, más de 180 millones de euros para el sostenimiento del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, garantizando la financiación estable de más de 3.000 profesionales de la atención primaria", ha trasladado Oltra.
