Diez altos cargos del Consell del Botànic II obviaron a lo largo de 2020 su obligación de presentar de forma anual sus declaraciones tributarias (declaración de la renta, patrimonio e impuestos de sociedades), tal como exige la ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos.
Así consta en el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que emanan de la citada normativa referido al ejercicio de 2020, una memoria realizada por la oficina de control de conflicto de intereses dependiente de la Conselleria de Participación y Transparencia.
El citado informe, aprobado ayer por el pleno del Consell, recoge todos aquellos incumplimientos detectados a lo largo del ejercicio, así como otras cuestiones relativas a la actividad de los altos cargos.
307 tienen la obligación
El documento señala que un total de 307 personas (tanto altos cargos en activo como aquellos que cesaron) estaban obligadas a presentar cada año sus declaraciones tributarias en un máximo de tres meses desde la finalización del plazo para su presentación en la Administración Tributaria. La mayoría, 294, cumplió, pero una decena no lo hizo. Las tres restantes todavía están dentro del plazo legal.
Sin embargo, el grado de cumplimiento de los altos cargos recién nombrados (ya sea primer nombramiento o sucesivos) fue mucho mayor, ya que sólo una persona no presentó sus papeles relativos a la declaración de actividades o de renta. Un total de 139 lo hizo de forma correcta y en plazo, mientras que siete aún tienen tiempo de hacerlo y dos lo han hecho con deficiencias.
Respecto de las obligaciones por dejar el puesto, de las 91 personas que tenían que presentar la declaración de actividades y de bienes a los dos meses de dejar la Generalitat, 79 lo han hecho, dos no y el resto están a tiempo o dieron información insuficiente.
El informe no identifica a las personas infractoras, aunque al inicio recoge un listado con nombres y apellidos de los altos cargos que a lo largo del año pasado tenían que presentar documentación relativa a su situación económica, tributaria y patrimonial. Junto a la persona aparece una casilla con el número de declaraciones formuladas, y la causística es variada: algunos altos cargos han presentado hasta nueve declaraciones, mientras que otras solo una.
Eso sí, nueve no presentaron ningún formulario. En esa lista (no necesariamente negra, ya que algunos pueden estar en plazo) está el ex secretario autonómico de Medio Ambiente y ahora asesor del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, Julià Álvaro; la ex secretaria autonómica de Hacienda, Elena Ferrando; María Teresa García Muñoz, directora general de Emprendimiento; Gustavo Gardey, ex director general de Trabajo; Carmelina Pla, directora general de Infraestructuras Sanitarias; Antonio Quintana, director general de Agricultura; Emili Sanpio, subsecretario de Presidencia de la Generalitat; Adolfo Sanmartín, director general de Emergencias; y Lorena Tortosa, recién nombrada directora de comunicación de Seguridad y Emergencias.
Por otro lado, según el último informe de la oficina, a lo largo del año pasado se tramitaron un total de diez expedientes sancionadores a los que habría que sumar siete iniciados y otros tres que están propuestos aunque aún no han arrancado. No hay información del motivo del inicio de estos procedimientos que la ley prevé en caso de omisión de información. De momento, sólo se ha resuelto uno y fue de carácter leve.
