La Conselleria de Participación y Transparencia ha iniciado la elaboración de un decreto para mejorar la regulación de los datos personales y garantizar la privacidad de los mismos en el ámbito de la Generalitat y su sector público, una adaptación normativa que viene impuesta por la Unión Europea desde abril de 2016, año en el que el Parlamento Europeo aprobó un nuevo marco jurídico obligatorio sobre protección de datos y que obliga a todas las administraciones, incluidas las autonómicas.
El reto al que se enfrenta el Consell y, en particular el departamento de Transparencia, es enorme ya que la Generalitat maneja cientos de miles de datos personales. Se estima que en manos de las consellerias hay medio millar de ficheros que contienen datos de carácter personal, información sensible que incluye también toda la relacionada con el sector de educación (alumnado de todos los niveles educativos) y sanitario (historias clínicas, datos sobre pruebas PCR, etc.).
La normativa europea de 2016 y, dos años después, la ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales conlleva una serie de obligaciones para la Generalitat en todo lo relativo a los derechos que tiene la ciudadanía respecto al tratamiento de sus datos, incluido el derecho a su acceso, rectificación o supresión.
El Botànic no parte de cero en este terreno, pero su normativa se ha quedado desfasada. De hecho, el decreto que establece la organización de la seguridad de la información de las consellerias y sus entes públicos se remontan a nueve años atrás, en concreto a 2012, por lo que es necesario un cambio profundo, una nueva política general de protección de datos para cumplir las exigencias. En 2018, el Consell asignó estas competencias a la Conselleria de Transparencia y ese año se cumplió con una de las demandas claves, la creación de una Delegación de Protección de Datos, una suerte de oficina con personal funcionario especializado que se encarga de velar por los derechos digitales y que asesora al resto de departamentos y entidades públicas.
El objetivo ahora es aprobar esa nueva política general y una estructura administrativa y asignación de funciones que permita gestionar adecuadamente la privacidad de los datos.
Proteger derechos fundamentales
Fuentes de la Conselleria de Participación y Transparencia admiten la importancia de esta nueva regulación para proteger derechos fundamentales en un momento en que los datos personales se han convertido en el oscuro objeto de deseo de muchas empresas y cuando podría hablarse una nueva economía basada precisamente en el manejo de esta información personal.
Uno de los objetivos es establecer protocolos claros y uniformes en todas las consellerias a la hora de afrontar las reclamaciones de las personas interesadas. Los derechos son muy amplios, aunque ciertamente aún desconocidos por la gran mayoría ya que cualquier persona que haya cedido sus datos personales puede reclamar acceder a ellos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su uso e incluso exigir ciertas condiciones respecto a su portabilidad. Incluso a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.
Apenas 77 reclamaciones ante la oficina
La oficina de datos de la conselleria, en la actualidad con cinco personas asignadas, tiene un volumen de trabajo considerable ya que su supervisión afecta a toda la Generalitat.
De momento, las reclamaciones a título individual no son masivas, aunque sí susceptibles de ampliarse conforme la ciudadanía tome conciencia de sus derechos digitales. En 2020, la Delegación de Datos atendió un total de 77 peticiones, la mayoría de ellas, 50, son relativas a ejercicios de derecho y el resto, reclamaciones. Estas peticiones fueron tramitadas bien de forma telemática, bien a través del correo postal.
La Conselleria de Sanidad, con 28 peticiones, es el departamento que más solicitudes ha originado, seguida de Educación, con 19. Una cifra relativamente baja habida cuenta la cantidad de datos que ambos departamentos manejan a diario. En tercer lugar, las solicitudes se dirigen a Presidencia por datos publicados en el Diario Oficial de la Generalitat. El departamento que dirige Rosa Pérez Garijo ha iniciado ya el procedimiento con el trámite de audiencia pública.
