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La Fiscalía abre diligencias para investigar la financiación del grupo del PP en la Diputación

Compromís denuncia que no existe contabilidad y se basa en dos movimientos por valor de 65.000 euros efectuados el último día de Ripoll como presidente - Los populares mantienen que el Tribunal de Cuentas fiscalizó las asignaciones

Rafa Mas, Gerard Fullana y Natxo Bellido

Rafa Mas, Gerard Fullana y Natxo Bellido

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar la financiación del grupo popular en la Diputación de Alicante tras las dos denuncias presentadas por Compromís que se enmarcan en el traspaso entre 2007 y 2018 de 926.791 euros desde el grupo del PP a las cuentas del partido provincial.

La primera de las denuncias hace referencia al periodo 2007-2015, cuando se ingresaron al partido 480.000 euros de dinero público destinados al trabajo del día a día de los diputados como gestores públicos. La coalición ha lamentado que sobre dicho periodo no exista contabilidad alguna que acredite el destino final de estos ingresos, y la denuncia se centra en dos movimientos de cuenta por valor de 65.000 euros acontecidos el último día de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación en el que se vaciaron las cuentas del grupo político. La coalición considera que podría existir una delito de malversación de fondos. Según se expone en el escrito presentado en los juzgados, el primer cheque, por importe de 48.429 euros, se ingresó en la oficina principal de Bankinter mientras el segundo, por importe de 16.550 euros, se trasladó al BBVA. Los valencianistas hacen hincapié en que no existe fiscalización de esos fondos públicos por parte de la Administración, «que, debido a la falta de acuerdo plenario, no tuvo conocimiento del destino», por lo que Compromís alega que «resulta forzoso pensar que se pudiese realizar una actuación institucional por importe exactamente coincidente al remanente obrante en las cuentas de grupo». Uno de los argumentos en los que se basa la denuncia es en el hecho de que una actuación regular «exigiría que el importe pagado por parte del grupo popular mediante ambos cheques hubiese sido destinado a pagar una actividad institucional del grupo».

La dotación económica al grupo popular era de 60.000 euros anuales y cada año se firmaba un decreto para devolver las cantidades que no se habían utilizado. Insisten desde Compromís en que resultaría, por tanto, «materialmente imposible» que la cuenta del grupo popular pudiese disponer de un importe superior a los 60.000 euros. Sin embargo, los cheques a los que se hace referencia ascienden a 65.000 euros. Las cantidades sobre las que Compromís denuncia que «nunca se ha fiscalizado nada» ascienden a 480.000 euros. La segunda denuncia está vinculada a los ingresos realizados entre 2015 y 2018 por valor de 447.791 euros durante la presidencia de César Sánchez. Durante el actual mandato, Compromís ha intentado acceder a la contabilidad del grupo del PP. En esta denuncia, los valencianistas abren la vía penal por delito de falsedad documental cometida presuntamente por el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a quien la coalición acusa de falsear los certificados del destino finalista del dinero. Compromís insiste en los certificados emitidos por parte de la gerente del PP, Yolanda Murcia, mediante los que certifica que el PP ha recibido unas determinadas cantidades para los gastos del partido. Estos certificados entran en contradicción con los emitidos por parte de Eduardo Dolón en los que aseguraba que los fondos iban destinados a actuaciones conjuntas realizadas por el partido y el grupo: «Se certifica un uso del dinero distinto en cada certificado respecto a las mismas cantidades transferidas. Cada uno afirma que ha tenido un destino distinto», añaden.

El PP no quiso hacer referencia a las diligencias que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción. El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha criticado en todo momento que Compromís «busca titulares utilizando la Justicia como válvula de escape a su falta de propuestas y medida». El Partido Popular ha explicado en numerosas ocasiones que el Tribunal de Cuentas era quien fiscalizaba estas asignaciones y que, a partir de 2013, se aprobó un reglamento para que los grupos cumplieran la normativa.

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