La tarde del 23 de febrero de 1981 me encontraba en la Diputación, en un despacho adjunto al del secretario general, Patricio Vallés. Como cada mes, 48 horas antes del Pleno de la corporación provincial, examinaba los expedientes que integraban el Orden del Día en mi condición de único diputado provincial por el PCE. Junto a los papeles, un pequeño transistor para seguir la votación en el Congreso de los Diputados. Tras la dimisión del presidente Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD) presentaba a la investidura al ministro Leopoldo Calvo Sotelo. Cuando llamaron a votar al socialista por Soria Manuel Núñez Encabo -que había sido compañero en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid de Salvador Ordoñez, José Ramón Navarro Vera y mío- se produjo la entrada del coronel Tejero al mando de un grupo de guardias civiles. Enseguida tuve conciencia de la gravedad de lo que estaba sucediendo y salí al pasillo diciendo que aquello era un golpe de Estado. Llamé al alcalde José Luis Lassaletta, que vivía en la misma calle de la Diputación, y le dije que salía para el Ayuntamiento y que allí nos veríamos en pocos minutos.
Esa tarde, a las 19.30 horas, estaba convocado un Pleno del Ayuntamiento. Mientras comentábamos lo poco que sabíamos de lo que estaba pasando en Madrid fueron llegando los concejales: 12 del PSOE más el alcalde, 10 de UCD y 4 del PCE. Se acercaba el momento del inicio del Pleno -se hacía a esas horas para facilitar la asistencia de las asociaciones de vecinos- y seguíamos confundidos. Pasó una media hora y ya el alcalde, a través del Gobierno Civil, supo que el capitán general de la Región Militar con sede en Valencia, el teniente general Milans del Bosch, había firmado un bando por el que asumía todos los poderes en la zona de su demarcación. En el despacho del alcalde nos reunimos los tres portavoces: Antonio Fernández Valenzuela (PSOE), Manuel Rosser Marín (UCD) y yo por el PCE. No recuerdo de quién fue la idea y lo siento porque soy el único superviviente de aquella reunión, a la que se sumó el secretario general de la Corporación, el ilicitano Juan Orts Serrano. Decidimos dirigirnos al salón de plenos, pero comunicando a los demás compañeros de Corporación que no entraran. El secretario levantó acta de que ante la única presencia del alcalde y los tres portavoces no podía celebrarse la sesión por falta de «quórum» por lo que se convocaba para 24 horas después. De esa forma ni aceptábamos explícitamente el Bando de Milans ni celebramos sesión contraviniéndolo abiertamente. La mayoría de los concejales siguieron los hechos desde el Salón Azul. Nos despedimos porque a las 21 horas se iniciaba el toque de queda.
Al filo de las nueve de la noche ya estaba en mi domicilio familiar en la avenida de Catedrático Soler, en Babel. Mi esposa me comunicó que una compañera de instituto, que vivía muy cerca, en Benalúa, le había llamado ofreciéndome acogida esa noche en su casa. Me despedí de mi madre, mi mujer y mis hijos, y cogí el ascensor para bajar a la calle y recorrer las tres o cuatro manzanas que me separaban de aquel posible refugio. Al llegar al portal vi en la avenida, frente a la torre en que vivía, un vehículo del Ejército con dos militares. Cogí de nuevo el ascensor y regresé a mi casa con mi familia. En la misma torre vivían tres militares, uno de los cuales sospecho que era del SIM (Servicio de Información Militar). Posiblemente aquel vehículo venía a recogerlo a él.
Pocos minutos después, en mi domicilio, recibí una llamada telefónica de Gobierno Civil. Luis Romero, el secretario general, estaba al frente de la representación en la provincia del Gobierno en esos días. Me pidió que tranquilizara a cuantos pudiera contactar, incluido el alcalde que no se encontraba en su domicilio. Me informó de que una comisión de subsecretarios estaba reunida en Madrid para controlar la situación y que su primera indicación había sido pedir serenidad, especialmente a los partidos y a los sindicatos. Y que, por favor, me pusiera en contacto con dirigentes sindicales de Elche y Alcoy de Comisiones Obreras para hacerles llegar ese mensaje. Que no me moviera de mi casa para poder seguir informándome conforme llegaran noticias de Madrid. Así lo hice. Horas después pude informar a quienes me llamaban -el alcalde, varios concejales de mi grupo y del PSOE, y algún dirigente sindical- que el Rey había grabado un mensaje que se difundiría por TVE. Llamé por teléfono a mi amigo Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia, quien me dijo que seguía en su despacho con un grupo de concejales, con las luces encendidas y las ventanas abiertas frente a un tanque que había enviado el capitán general. Luis Romero insistía en la serenidad mientras pasaban las horas sin ver aparecer en la pequeña pantalla al Jefe del Estado, al Rey Juan Carlos. Cuando lo hizo, ya de madrugada, cesaron las llamadas y pudimos descansar, después de informarme Luis Romero de que el gobernador militar de Alicante, Leonardo López Fernández, se había dirigido en coche a Valencia para, con el gobernador militar de Castellón, obtener la rendición de Milans, operación que no se produjo por circunstancias nunca desveladas del todo y que le costarían al jefe militar de la Plaza y provincia de Alicante pasar a la reserva sin ascender en el generalato pese a las gestiones que el alcalde Lassaletta hizo, a partir de diciembre de 1982, con el ministro de Defensa, el ex alcalde de Barcelona Narcís Serra.
Al día siguiente, de nuevo en el Ayuntamiento, supimos que el jefe de la Policía Municipal había hecho comentarios favorables al golpe en la barra de un restaurante situado en la plaza de la Santa Faz, a espaldas del edificio consistorial. El alcalde lo separó inmediatamente del mando y encargó al secretario general y a los tres portavoces investigar los hechos tomando declaración al citado funcionario y los testigos. No volvería más a la Jefatura de la policía local y cubrimos el puesto unos meses después, en un concurso-oposición, con un militar demócrata de alta graduación, el teniente coronel Emilio Asensio del Nido, que ocupó el puesto hasta su fallecimiento. Años después el recurso contra el Ayuntamiento del anterior jefe de la policía local fue rechazado por el Tribunal Supremo.
El profesor Francisco Moreno Sáez recoge un documento inédito en su obra «La construcción de la democracia en la provincia de Alicante (1977-1982)», publicado en 2013 por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Es el télex remitido por el Gobierno Civil de Alicante a Madrid el 24 de febrero en el que cuenta los contactos de Luis Romero en aquellas horas con el gobernador militar, con las Fuerzas de Orden Público, con los delegados de los Ministerios, etcétera, donde indica que «se atendió a la relación con partidos políticos y centrales sindicales que pedían información y se recomendó serenidad». En el télex se añade al final: «Con los partidos políticos y las centrales sindicales ha habido una relación elogiable».
Estos fueron, según los viví, aquellos momentos de gran incertidumbre pegados al teléfono, a las radios y la televisión, en aquella noche de hace 40 años. El 24 recibimos a la mayoría de los parlamentarios alicantinos retenidos por los golpistas en el Congreso, celebramos el pleno ordinario del Ayuntamiento con una declaración de repulsa aprobada por unanimidad, al igual que el día 25 en el pleno de la Diputación. Y el 27 se celebró, como en toda España, la gran manifestación unitaria «Por la libertad, la democracia y la Constitución».
