La polémica sobre la implantación del programa de educación plurilingüe e intercultural, o Ley del Plurilingüismo, ha vuelto a las Cortes, al menos por una jornada. Esta vez, a cuenta de una propuesta del grupo popular, que ha reclamado al Consell del Botànic que paralice su aplicación de cara al próximo curso desde Secundaria, como marca la hoja de ruta de la conselleria de Vicent Marzà. Claro está que la reivindicación del PP en este sentido no es nueva. De hecho, ha sido uno de sus principales caballos de batalla, especialmente en la provincia de Alicante. Ahora bien, en la sesión plenaria de este miércoles quedó patente que a los de Isabel Bonig les sigue de cerca un competidor que trata de adelantarles por la derecha en la estrategia de criticar la supuesta «imposición» del valenciano en las aulas. Se trata de Vox, que ha endurecido su discurso hasta el punto de acusar a los populares de ser excesivamente «moderados» con todo ese asunto, e incluso les anima a hacer «verdadera oposición». Todo ello en un contexto en el que la formación de Abascal se ve fuerte tras el «sorpasso» al PP en las elecciones catalanas y cuando todos, a izquierda y derecha, se preparan ya para pescar en el posible caladero de votos de Cs, sumido en una espiral de pérdida de apoyos que se acentúa con cada nueva cita con las urnas.
La iniciativa impulsada por los populares en las Cortes, a través de una proposición no de ley para «defender los derechos lingüísticos de los valencianos», según expuso la diputada Beatriz Gascó, tiene que ver con la instrucción de Marzà de pedir a los centros educativos que remitan antes del 28 de febrero los proyectos lingüísticos que aplicarán a partir de septiembre. Eso es algo, la planificación de impartir asignaturas en castellano, valenciano e inglés a partir de Secundaria, que estaba previsto para el curso en vigor, aunque quedó en suspenso por el bloqueo del confinamiento de la pasada primavera. A este respecto, Gascó recalcó que la normativa prevé que esos proyectos «deben ser el resultado de un proceso participativo» que, si el año pasado no pudo llevarse a cabo por las restricciones sanitarias, tampoco ahora se cumplen las condiciones. Tanto es así que advirtió que, «si no rectifican, acudiremos de nuevo a los tribunales para frenarles». Mientras Cs se mostró a favor de la propuesta sin condiciones porque, según Carlos García, supone «defender la libertad de elección de las familias para decidir en qué lengua estudian sus hijos», la diputada de Vox Llanos Massó trató de enmendar sin éxito la propuesta del PP y acusó sin ambigüedades a los populares de ser corresponsables de la actual situación. «Ustedes aprobaron esa ley de uso del valenciano y nos han traído donde estamos ahora». La propuesta que, como el resto, se someterá a votación hoy, pocas opciones tiene de prosperar. Como es previsible, el Botànic la tumbará con su mayoría dado que, según replicó la socialista Ana Besalduch, solo trata de «desgastar al Gobierno» y «manipular» a las familias. «Si creen que es ilegal vayan a los tribunales, que todavía no han puesto ni un recurso a esta ley», sentenció la diputada.
Aunque el Botànic evidenció ayer un cierre de filas en torno a la aplicación de la ley educativa y el plurilingüismo, el desarrollo de la sesión visibilizó una vez más las fricciones internas entre los tres socios. En esta ocasión, Unides Podem y Compromís en confrontación con el PSPV a cuenta de la necesidad de crear una empresa pública comercializadora de energía eléctrica. El debate se introdujo en el hemiciclo a raíz de una proposición no de ley presentada por la formación morada y expuesta por Estefanía Blanes, que defendió esta propuesta en el pleno con la pretensión de que esta empresa pública sirva para ofrecer «suministro a familias y pymes valencianas» y que «compita en el mercado». Eso es algo que respaldan también los valencianistas, que a través de Aitana Mas se mostraron a favor, a sabiendas de que pueden surgir «complicaciones técnicas y presupuestarias» si finalmente sale adelante. Pero el PSPV, por su parte, se mostró contrario a la opción de la comercializadora. El síndico del grupo, Manolo Mata, llegó a decir que ya existen «600 empresas que comercializan, no hacen falta 601» y puso como ejemplo la experiencia similar impulsada en Barcelona, a su juicio, un «fracaso», porque vende la luz incluso más cara que otras comercializadoras. Las discrepancias siguieron por la tarde en redes sociales con mensajes cruzados que aireaban las diferencias en el tripartito y será en la sesión de hoy cuando se vea si, finalmente, los de Puig se ponen del lado de la oposición y tumban la iniciativa o si, por el contrario, se alcanza un pacto de última hora.
Bonificación de tasas e impuestos a la hostelería
Las Cortes aprobarán previsiblemente hoy una proposición no de ley presentada ayer por José Muñoz (PSOE) para incrementar las ayudas a los ayuntamientos a cambio de aprobar medidas de apoyo a la hostelería, como exención de tasas por ocupación de vía pública, de alcantarillado o fomentar campañas de consumo. En la sesión también se votará la propuesta de Cs de crear un bono hostelero para reactivar el sector y la iniciativa del PP de abrir una comisión de investigación para fiscalizar los contratos adjudicados por la Generalitat a través del procedimiento de emergencia.
