El pulso emprendido por el máximo órgano de gobierno de À Punt para que su presidenta en funciones sea nombrada, a todos los efectos, como máxima responsable del ente ha aflorado las discrepancias entre los socios del Botànic sobre un rompecabezas de difícil solución desde la dimisión, en enero, de Enrique Soriano. La alicantina Mar Iglesias reclama que se le reconozcan los mismos derechos y retribuciones que a su antecesor (hasta ahora solo ha cobrado dietas y compagina el cargo con la docencia universitaria), pero su demanda no ha encontrado el respaldo de Presidencia. Un informe de la Abogacía, además, descarta que pueda firmar un contrato de alta dirección como el que tenía Soriano mientras ostente el puesto de forma provisional.

En esta tesitura, el consejo rector de la radiotelevisión pública mostró el lunes su respaldo mayoritario a la presidenta en funciones y acordó enviar la pelota a las Cortes a través de una petición para que sean los partidos políticos los que propongan el nombramiento oficial de Iglesias - consejera a propuesta de Compromís- hasta que se constituya el Consell de l’Audiovisual. Un órgano cuyo funcionamiento sigue bloqueado y, según la ley, debería encargarse de la elección de la presidencia de À Punt por convocatoria pública.

Aunque en el consejo rector únicamente votó en contra de dicha demanda el consejero propuesto por el PP, en el terreno político ni el PSPV ni Ciudadanos la secundan. La portavoz socialista en la comisión de la radiotelevisión, Mercedes Caballero, aboga por seguir los cauces previstos, instando al ejecutivo a que nombre a sus consejeros en el Consell de l’Audiovisual para acelerar la activación de este organismo. Los socialistas recalcan que el nombramiento de Iglesias es provisional y no puede hacerse definitivo así como así.

De la misma opinión son en el seno del PP: No le corresponde al consejo rector plantear nombres. En cambio, a la portavoz de Compromís en la comisión, Mónica Álvaro, la oferta de À Punt no le parece mala idea dadas las actuales circunstancias. Álvaro pone el foco en que la presidenta en funciones necesita estar cubierta con un contrato «a todos los efectos legales y jurídicos» para que pueda adoptar con plenas garantías las decisiones ligadas al cargo con la seguridad necesaria. Álvaro pide tener acceso al informe de la Abogacía que niega la petición de Iglesias, recalca que la ley prevé una presidencia en funciones y recuerda que Compromís insiste en activar el Consell de l’Audiovisual. La síndica adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, coincide en esa tesis. «No tiene sentido que la presidenta tenga que hacer sus funciones de manera precaria; podría dejar el cargo y es normal que reclame sus derechos, aunque esté de manera provisional», observa.