Mientras las revueltas callejeras originadas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél se han ido diluyendo en los últimos días, ese mismo clima de confrontación, transformado ahora en enfrentamiento dialéctico, incendia el debate político en las Cortes valencianas. Ocurrió ayer durante la sesión del control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, donde hubo palabras gruesas, muy gruesas, desde la bancada de la oposición, que coincidió en sus ataques por la gestión de la pandemia e intensificó el ruido, especialmente contra Compromís y Unides Podem, al acusarles sin ambigüedades de alentar las protestas. En medio de este vendaval, el síndico de Cs, Toni Cantó, hizo gala de un tono especialmente bronco contra un Gobierno, el del Botànic, con el que hasta hace pocos meses se sentaba a negociar pero con el que ahora, en cambio, se esfuerza públicamente en marcar distancias. Tanto es así que el portavoz de la formación naranja acusó ayer a la izquierda valenciana de defender a Hasél mientras hacen un «cordón sanitario» a Vox, un partido «completamente democrático», al tiempo que «pactan con Bildu o con los golpistas catalanes». También les recriminó el hecho de tener la mirada puesta en Cataluña en vez de fijarla en el oeste, donde se halla, dijo, «el milagro económico», en clara referencia al Madrid de Díaz Ayuso.
El posicionamiento del que hizo gala ayer Cantó se produce evidentemente en un momento clave. Se enmarca justo en el instante en el que entre las formaciones de derecha cobra fuerza el debate sobre la necesidad de que exista algún tipo de unificación para plantar cara al tripartito, es decir, a sus antípodas ideológicas. Y es en ese contexto, precisamente, donde la formación de Inés Arrimadas es la que más tiene que ganar o que perder, según se mire, habida cuenta de que sus expectativas de mantener posiciones de poder se difuminan con cada cita electoral, donde constatan su quebranto de apoyos, como ha ocurrido en Cataluña. Tanto quiso exhibir ayer su nuevo discurso Cantó que llegó a decir que sentía «preocupación ante el avance de la batasunización de España bajo el Gobierno socialista». De igual forma, y con respecto a la campaña de vacunación, el síndic de Ciudadanos puso igualmente el foco en clave nacional al cuestionar por qué se está produciendo aquí una «infravacunación» en comparación con otras comunidades. «Somos los peor financiados y ahora somos los menos vacunados», dijo desde la tribuna.
En medio de todo ese revuelo, y gracias al cambio de escenario motivado por la evidente mejora de la evolución pandémica, el presidente pudo apoyar ayer sus intervenciones en datos que demuestran de forma taxativa que la Comunidad está dejando atrás la tercera ola de contagios de coronavirus. Fue la líderesa del PP, Isabel Bonig, la que abrió el turno de intervenciones y preguntó a Puig cómo se afrontará la cuarta ola prevista por los expertos, pidiendo también conocer si se cuenta con personal para impulsar la campaña de vacunación. Un vacunación que, según Bonig, está previsto que se realice en tres infraestructuras -entre ellas Ciudad de la Luz-, «que hoy es la esperanza de la vacunación y que fueron construidas por el PP»; un extremo del que hizo gala recientemente el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en redes sociales. A este respecto, Puig aprovechó para anunciar que, si se cumplen las previsiones de las farmacéuticas, la campaña de vacunación comenzará el 1 de abril con puntos establecidos en 161 municipios de la Comunidad Valenciana.
Pasada la virulencia de la tercera ola de contagios, sin duda la más terrible en tierras valencianas, Puig pudo ayer recuperar el mensaje de confianza en un futuro optimista apuntalado en la inmunización colectiva. Desde su primera intervención, el presidente hizo referencias a la necesidad de mantener «unidad política» y «cohesión» en un momento complicado y durante sus intervenciones repitió incluso que no era su intención confrontar, si bien endureció sus palabras cuando tuvo opción de entrar en las polémicas surgidas en torno a Hasél y lo ocurrido en las calles valencianas. Lo hizo después de una de las intervenciones de la síndica de Vox, Ana Vega, que acusó a los socios del PSPV de «alentar la violencia» desde las instituciones. Dijo también que la «abyecta izquierda» es «la filial valenciana de Bildu».
Sobre todo este asunto, el jefe del Consell dejó meridianamente claro que no comparte «absolutamente nada» de lo que dice el rapero Hasél, y tildó sus contenidos de «deleznables» y «claramente fascistas», pero aclaró que «eso no quiere decir que no tenga derecho en una democracia a hacerlo». El líder autonómico evidenció en el marco de este debate su cierre de filas para con sus socios de Gobierno y le frenó los pies a Vox al decir que es una «mentira como un campanario» que se diga que Oltra o que el Consell «alientan la violencia».
En otro orden de cosas, la cámara votó ayer a favor de una proposición no de ley presentada por el grupo socialista para ayudar económicamente a los ayuntamientos a cambio de que reduzcan tasas a los hosteleros, en crisis por el coronavirus, al tiempo que el Botànic tumbó la propuesta de Cs de crear un bono hostelero para reactivar el sector y la del PP de retrasar la aplicación de la Ley del Plurilingüismo.
La Generalitat recupera 300.000 euros de los condenados por Fitur
La Generalitat Valenciana ha recuperado más de 300.000 euros abonados, en concepto de responsabilidad civil, por los condenados en la denominada pieza de Fitur del caso Gürtel, según lo reveló ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durante la sesión de control celebrada en las Cortes. Según consta en una diligencia de ordenación emitida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) , el tribunal da cuenta de los ingresos realizados por los procesados para satisfacer tanto la responsabilidad civil estipulada como los intereses de demora. Se trata de la pieza del caso Gürtel que supuso la entrada en prisión de la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, quien, según la diligencia del TSJCV, ha devuelto 46.720 euros. Por su parte, el exjefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, ha abonado la misma cantidad mientras que el exalto cargo Jorge Guarro, 46.670 euros. La diligencia ordena además librar mandamiento de devolución a favor de la Generalitat Valenciana por importe de 139.430 euros, «que completa la cantidad fijada en concepto de indemnización a su favor», recoge el documento. Es una cantidad que, según fuentes de la Generalitat, rondará los mencionados 300.000 euros teniendo en cuenta la previsible suma por intereses de demora.
