Cuatro años ha precisado el Botànic para desatascar la Ley de Función Pública valenciana. Ayer, finalmente, hubo acuerdo. El proyecto legislativo que pretende modernizar la Administración se encuentra listo para su aprobación definitiva en las Cortes; si bien, su arista más espinosa, la de concretar el requisito lingüístico de valenciano que se exigirá a los empleados públicos, queda por ahora en el aire. El tripartito se ha dado un año de margen para dirimir una cuestión que ha venido enfrentando a PSPV y Compromís. Ahora, han decidido cerrar filas con Unides Podem, que ha exigido incluir el teletrabajo en una norma que, por contra, ha obtenido el rechazo frontal de la oposición. PP, Cs y Vox han vuelto a agitar el debate de la lengua para cuestionar el «sectarismo» por «imponer el valenciano» en el acceso a la función pública.
El paso previo al debate parlamentario definitivo para la votación de esta ley se dio ayer, en la Comisión de Justicia. Allí, la izquierda valenciana tumbó prácticamente el 90% de las enmiendas presentadas, principalmente, por la oposición. En total, más de 300. Ello después de cerrar un pacto de última hora con Unides Podem para desarrollar el teletrabajo en la nueva ley, aunque eso es algo que se articulará a través de un reglamento posterior.
La hoja de ruta del tripartito pasa por llevar a pleno la nueva legislación a final de marzo y, tras su aprobación, iniciar el plazo de 12 meses para elaborar el reglamento que especifique cómo se articula la exigencia del conocimiento del valenciano para acceder a un puesto funcionarial, incluido el del personal médico. Se conformará un grupo de trabajo que diseñará el reglamento, que deberá obtener el visto bueno de Política Lingüística, controlada por Educación, con Vicent Marzà al frente, mientras que la aprobación definitiva dependerá de Administración Pública, gestionada por Gabriela Bravo. Fueron ambos departamentos los que, durante meses, evidenciaron sus discrepancias hasta que finalmente se firmó una tregua que precisaba que la exigencia lingüística sería «proporcional» y «adecuada» a cada puesto funcionarial.
La socialista Rosa Peris defendió ayer que esta ley, más allá del requisito del idioma, busca profesionalizar, modernizar y aplicar mecanismos para «prestar servicios públicos de calidad», al tiempo que se apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres». Nathalie Torres, de Compromís, defendió entre otros asuntos el «derecho de cualquier valenciano a expresarse en su lengua materna» y aseguró que el 87% de los funcionarios ya tiene certificados que acreditan el conocimiento del valenciano, por lo que no cree que el nuevo requisito vaya a generar problemas. Estefanía Blanes, de Unides Podem, remarcó la necesidad de incluir el teletrabajo en el texto «dada la importancia que ya está teniendo para la función pública».
José Antonio Rovira, del PP, aseveró que una cuarta parte de los municipios están declarados castellanohablantes e «imponer un requisito lingüístico no solo no es justo, sino que margina a toda la población que utiliza habitualmente el castellano». Vicente Fernández (Cs) trasladó que dicha «imposición» persigue «expulsar, por no saber valenciano, a miles de funcionarios interinos». José María Llanos, de Vox, dijo que «vulnera el principio de igualdad y es anticonstitucional». Mientras estas posturas enfrentadas se exponían ayer en las Cortes, miembros del sindicato CSIF se concentraron en el exterior de l edificio para mostrar su oposición a la norma.
