Las formaciones de izquierda tienen en mente plantear una reforma del reglamento de las Cortes Valencianas para reforzar la independencia de la Agencia Antifraude, al estilo del Parlament de Cataluña que pone límites a los diputados a la hora de acceder a expedientes de la agencia en el caso de investigaciones abiertas para asegurar la confidencialidad de las actuaciones en curso.
El PSPV es partidario de tomar las medidas necesarias, que pasan por la reforma del reglamento, para poner solución a una cuestión que le parece muy preocupante, pero que a la vez es delicada: la colisión de derechos fundamentales que se produce entre la norma de la cámara que ampara a los diputados a preguntar y solicitar documentación en su labor de control del Ejecutivo y de la Administración y la ley de creación de la agencia, que garantiza la independencia de este organismo y dota a sus actuaciones de obligación de confidencialidad.
En esta batalla que se ha abierto entre el PP y la Agencia Antifraude, la presidenta de los populares, Isabel Bonig, volvió ayer a exigir expedientes de investigaciones en curso. «Queremos esos expedientes, es un derecho fundamental, ponga día y hora señor Llinares», solicitó Bonig.
Precisamente, las peticiones del PP sobre investigaciones en curso motivaron que el director de la agencia, Joan Llinares, dirigiera hace unas semanas un escrito a la cámara en el que solicitaba una especie de amparo al sentir que la independencia del organismo que dirige estaba amenazada.
La síndica del PP asegura que se sintió «preocupada» por ese escrito, pero, a continuación, Bonig cuestionó el papel del director de la agencia: «No vamos a permitir que Llinares transmita la sensación de que el malvado PP solo quiere boicotear la agencia», dijo.
La lideresa popular también desveló ayer un informe de los letrados de la cámara que concluye que el reglamento de las Cortes prevalece sobre la ley creadora de la agencia y, por tanto, no se pueden limitar las facultades reconocidas a los diputados en el reglamento. Corresponde, por tanto, a la agencia tomar medidas para garantizar el derecho de los parlamentarios a recabar documentación de las administraciones de la Generalitat. Una posición que choca con la de la agencia, que está convencida de que la ley está por encima del reglamento de las Cortes.
Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, cree que la agencia que dirige Joan Llinares acabará «reventada» desde el propio parlamento si sigue la ofensiva del PP. «Deberían pensar en el mal que le están haciendo; que se le pida toda la documentación es una barbaridad y una aberración», aseguró ayer. «¿Qué investigación quiere reventar el PP», se preguntó. El PSPV defiende la actuación de la agencia y recuerda un precedente, que avalaría a este organismo, por el que el TSJ impidió a diputados del PP acceder al plan de inspección fiscal de la Agencia Tributaria, ya que no tenía sentido avisar desde la Administración a posibles defraudadores.
