Acuerdo a izquierda y derecha para aprobar la nueva ley que regula la elección y funciones del Síndic de Greuges en la Comunidad Valenciana, con sede en Alicante. El Gobierno del Botànic y el PP han sellado finalmente un pacto para actualizar una norma que data de 1988 y que, en su próxima versión, introduce cambios que refuerzan el control parlamentario, principalmente, en el procedimiento regulado para el cese de los dos cargos adjuntos al defensor del pueblo, que precisará ahora el dictamen favorable de una mayoría de tres quintos de la comisión pertinente. Con el nuevo marco normativo, el síndic incrementará su mandato de cinco a siete años -no renovable- y su nombramiento deberá ser ratificado igualmente por tres quintas partes de la cámara, frente a los dos tercios contemplados hasta ahora. La aprobación definitiva del nuevo marco legal se abordará en la sesión plenaria programada para la próxima semana, y aunque todavía existen algunos flecos pendientes -en el caso de Cs, por ejemplo, siguen apretando con el requisito lingüístico-, sólo Vox se ha negado en rotundo a apoyar esta reforma.
La actualización de la ley que regula la institución del Síndic de Greuges, de rango estatutario al estar contemplada en el Estatuto de la Comunidad y ostentada en la actualidad por el socialista Ángel Luna, viene arrastrándose desde la pasada legislatura, pero fue ayer cuando PSPV, Compromís y Unides Podem, por un lado, y PP, por otro, anunciaron el pacto que permitirá modificar la legislación. Cs, de momento, sólo deja la puerta abierta a un pacto que, al contrario de lo que viene siendo habitual en la escena política, nace de la voluntad de consenso entre fuerzas parlamentarias que, precisamente, en los últimos meses han profundizado en la polarización. Y, si bien es cierto que Gobierno y oposición han tenido que transigir en torno a unos y otros aspectos contemplados en el anteproyecto oficial del texto, la negociación ha acabado en fumata blanca en las Cortes.
La modificación de esta ley precisaba, en cualquier caso, del apoyo de la oposición, puesto que debe ser acordada por una mayoría de dos tercios para salir adelante, es decir, 66 de 99 diputados, frente a los 52 de la izquierda. Esa ha sido una cuestión clave para el grupo mayoritario de la oposición, el liderado por Isabel Bonig, que ha forzado a los grupos de izquierda a retirar de la propuesta inicial su pretensión de incrementar de dos a tres los cargos adjuntos a la Sindicatura. Esa era, explica el diputado Fernando Pastor, una condición sine qua non para negociar el nuevo texto legal, pues defiende que «no es necesario incrementar el gasto de la Administración» en un momento en el que «no estamos para desembolsos superfluos» en una institución que, además, «ya funciona de forma exitosa» con su actual estructura, recalcó.
Entre la decena de enmiendas que le han sido aceptadas al PP, se incluye también la que proponía mantener el nombre de la ley como ya estaba, es decir, de Síndic de Greugues de la Comunidad, puesto que la propuesta inicial, que incluía «de la Sindicatura» para no incurrir en cuestiones de género, podía contravenir la determinación específica que se hace en el Estatuto al Síndic como institución autonómica. No obstante, los populares mantendrán de cara a la sesión plenaria de la próxima semana una enmienda que refleja el único punto con el que no están de acuerdo, y es con que se exija que la persona que ostente la Sindicatura deba estar dos años sin ocupar cargos orgánicos en partidos o altos puestos en la Administración, explica Pastor.
Por parte de Cs, la síndica adjunta del grupo, Mamen Peris, celebró ayer que la Ley del Síndic de Greuges no contemple el requisito lingüístico como condición obligatoria para poder ostentar el cargo porque, dijo, «la lengua no ha de ser una barrera», por lo que valoró como suficiente que se recoja el hecho de que se pedirá al Síndic que «sea conocedor» de ambas lenguas oficiales. Sin embargo, ese es un extremo que no está tan claro, al menos para el síndico de Compromís, Fran Ferri, que valoró ayer que «conocer la lengua se tendrá que avalar de alguna manera» y eso es algo que, entiende, consistirá en demandar la competencia lingüística, aunque esta cuestión cree que se determinará en un reglamento posterior. Desde el PSPV, la diputada Trini Castelló, señaló a ese respecto que «la ley dice que se le exige que tenga conocimiento de valenciano, pero no se exige ningún título». Finalmente, Estefanía Blanes, de Unides Podem, valoró que esta es una ley «de las que mejor acogida ha tenido por parte de los grupos parlamentarios», y eso es algo que «pone en valor la importancia de la figura del Síndic».
Heridas que siguen abiertas en Unides Podem
La destitución de Davó como síndica y la purga de asesores ahonda la división en el grupo
El relevo en la dirección de Unides Podem en las Cortes, con la llegada de Pilar Lima a la sindicatura en sustitución de Naiara Davó, está consiguiendo elevar el tono de la coalición desde la tribuna de oradores. Sin duda, se ha adoptado un perfil más duro que no duda en arremeter contra sus propios socios de gobierno, como ha ocurrido recientemente con el PSPV, tras su rechazo a apoyar la propuesta de los morados de crear una comercializadora pública de electricidad. Pero esa contundencia de la que presume un sector del partido ha tenido y sigue teniendo consecuencias en el seno de un grupo, el parlamentario, que se encuentra una vez más dividido. La crisis abierta tras el polémico relevo en la portavocía se une a la purga emprendida por Lima tras hacerse con el liderazgo y despedir a tres de los asesores que trabajaban para Unides Podem, dos de ellos en asistencia técnica parlamentaria y otro en funciones de comunicación. Es una maniobra que responde a la necesidad de Lima de rodearse de perfiles de su confianza para sostener su liderazgo, pero es algo que, a su vez, ha agrandado todavía más la grieta entre dos grupos claramente enfrentados. Y aunque a uno y otro lado del cuadrilátero se esfuerzan en proyectar que lo importante, en realidad, es defender los intereses de las valencianas y los valencianos, fuera de cámaras admiten que la situación se enrarece cada día más. Siguen creyendo que poder pueden, pero desde luego que unidos no.
Tres decretos más del Resistir para afrontar la crisis
El Gobierno autonómico someterá la próxima semana a validación en las Cortes tres decretos más enmarcados en el Plan Resistir, el proyecto impulsado por la Generalitat para inyectar 400 millones de euros a autónomos, empresas y trabajadores que están resultando afectados por las restricciones sanitarias y la crisis del covid. En esta ocasión, son los proyectados para facilitar liquidez a establecimientos de ocio nocturno y a los artesanos de las fiestas valencianas, entre otros. Aunque la oposición viene poniendo en tela de juicio el plan estrella de Ximo Puig para ayudar a los sectores a aguantar el chaparrón del coronavirus, la batería de iniciativas vinculadas a este plan vienen siendo validadas por unanimidad de todos los grupos.
