Ciudadanos ha reivindicado su papel como mediador en el conflicto por el Fondo de Cooperación que enfrenta a la Generalitat y a la Diputación de Alicante. Los socios de gobierno de Carlos Mazón se han mostrado a favor de aprobar este plan autonómico y lo han tildado como un «instrumento útil» para repartir 13,7 millones entre los municipios alicantinos, aunque han pedido a la Generalitat que acepte una solución intermedia para dar a la Diputación libertad financiera que le permita hacer frente a este gasto con dinero del superávit y no solo a través del presupuesto, como se exige en estos momentos. Los naranja han adquirido protagonismo en esta batalla al haber forzado a Carlos Mazón a dejar de lado la vía judicial contra el proyecto de ley. Fue el propio líder autonómico, Toni Cantó, quien rechazó públicamente la decisión del jefe de los populares de llevar ese fondo al Tribunal Constitucional y, además, los dos diputados naranja exigieron que el tema fuera debatido en las Cortes Valencianas sin tener que acudir a los tribunales. Ahora, los de Arrimadas no dudan en atribuirse el cambio de postura del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, después de que éste abriera el jueves la puerta a entrar al mencionado programa autonómico.
Javier Gutiérrez defiende la adhesión al programa y exige a ambas partes que cedan para alcanzar un entendimiento
Carlos Mazón pidió a la Generalitat la inclusión de la institución provincial a este fondo siempre y cuando se respeten los criterios de reparto poblacional que benefician a las poblaciones más pequeñas, extremo que la Generalitat aceptó de inmediato. Sin embargo, la voluntad del PP es adherirse a través de su plan inversor, el denominado Más Cerca, que obliga a los alcaldes a justificar los gastos, algo que no ha convencido a la Generalitat. En este punto en el que el entendimiento parece complicado, Ciudadanos ha intervenido para facilitar un posible acuerdo. En primer lugar, los naranja aceptan la exigencia del Consell de que el Fondo de Cooperación sea obligatorio y, además, entienden que el Plan Más Cerca, que propone Mazón, no cumple el cien por cien de las exigencias autonómicas, por lo que entienden que la única fórmula para desbloquear este tema es que la Diputación tenga libertad financiera para no estar obligada a sumarse a través de un presupuesto que está lastrado por las competencias impropias. «Nos parece una herramienta operativa, pero no nos pueden apretar más el presupuesto. La misma libertad que piden para los ayuntamientos la queremos también para las diputaciones, para que podamos decidir de dónde viene el dinero», dijo ayer el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, para añadir que «permitir que nos sumemos a través del superávit sería la mejor solución». Los socios de Mazón han pedido que la Generalitat no se cierre en banda: «Tratamos de evitar que el tema se judicialice», dijo Gutiérrez.
Toni Such insiste en que Alicante debe actuar como Valencia y Castellón e incluir los 13,7 millones en el presupuesto
Sin embargo, desde la Generalitat no vieron ayer con buenos ojos la propuesta de Ciudadanos al entender que el Gobierno ha permitido este año el uso del superávit por parte de las administraciones locales, pero no hay garantías de que el próximo ejercicio ocurra lo mismo, por lo que insisten en que el Fondo de Cooperación debe incluirse en el presupuesto ordinario para que tenga continuidad y estabilidad: «Tienen que hacer lo mismo que ha hecho Valencia y Castellon: añadirlo en su presupuesto», dijo el director general de Administración Local, Toni Such.
Con mediadores o sin ellos, parece que la solución a este conflicto queda todavía muy lejos.
