Desde que a principios de año se conoció que Ciudadanos había superado al PP en iniciativas parlamentarias durante el año 2020, algo inédito desde que los populares están en la oposición, el partido que lidera Isabel Bonig ha impuesto un ritmo frenético, especialmente en solicitudes de documentación, que está provocando dificultades en la Administración para dar respuesta en plazo legal.
Según los datos que maneja el Consell, los populares han presentado desde que comenzó el año más de dos mil peticiones de documentación y preguntas escritas frente a las 262 de Cs para darle la vuelta a la estadística.
El control parlamentario se ha convertido en una avalancha de peticiones, asegura el Consell, lo que supone un esfuerzo extraordinario para la Administración y admiten que, en muchos casos, hay servicios desbordados que no pueden dar respuesta y, aunque en la mayoría de peticiones se cumplen los plazos, desde que estalló la pandemia se han producido retrasos. La respuesta a las solicitudes de documentación implica muchas veces la presencialidad y la consulta de archivos y con el trabajo no presencial la situación se ha complicado.
Además, por lo que explican en el Ejecutivo, las peticiones se presentan por aglomeración sin que exista una planificación. También detectan que muchas de la solicitudes que presenta Vox son un calco de las que registra el PP.
Una Administración paralela
Desde el Consell señalan que con la cantidad de peticiones de documentación, el PP tiene material suficiente para construir una especie de Administración paralela. «Es materialmente imposible y aún así se da, piden tanto y de forma tan sistemática que la sobrecarga está provocando un bloqueo», afirman en el Consell.
Por ejemplo, la Conselleria de Sanidad acumula 1.616 peticiones de documentación y 1.023 preguntas escritas. Hay consellers que aseguran que muchas veces el PP pide documentación y luego no la recoge. Hay de todo, apuntan. Todos los informes de la Abogacía, los de Intervención, los de la Inspección General de servicios, de enriquecimiento injusto, de subvenciones, expedientes de contratación, de publicidad, de contratos menores, de emergencia y sobre todo muchos documentos que el PP se negaba a airear en sus años de mandato: cajas fijas de la Generalitat, subvenciones, dietas de altos cargos, actas de consejos de administración o los sondeos de opinión.
Recursos judiciales y errores
Ello ha provocado, según el Consell, que el PP haya presentado 53 demandas en los tribunales por vulneración de derechos, de las que el Consell tiene una sentencia en contra. Incluso hay seis demandas por información que acabó por llegar a los populares y otras seis por documentaciones que aún estaban en plazo.
Una fiscalización «compulsiva y enfermiza», apuntan, que incluso lleva a los demandantes al error, como la documentación que iba dirigida a la Agencia Tributaria Estatal y que el Consell no contestó o la que solicitaba datos que eran competencia de la Sindicatura de Comptes. Por ello el Consell ha dado un paso más e igual que si pierde recursos se le imponen las costas, ha solicitado ya en los tribunales que también se pidan costas al PP. Es el caso del recurso presentado al TSJ hace unas semanas en el que la Abogacía de la Generalitat acusa a los populares de comportamiento «temerario o incluso negligente» y pide que le impongan las costas.
Pregunta de control a Puig
Esta misma semana, la presidenta del PP, Isabel Bonig, preguntará al presidente, Ximo Puig, en la sesión de control de las Cortes sobre la «democracia interna y la falta de transparencia de su Consell». Recientemente, en el marco de las peticiones de documentación solicitadas a la Agencia Antifraude, Bonig aseguró que no iban a desistir y dijo que el PP ha interpuesto 130 recursos en el TSJ porque no les dan documentación, «por vulneración derechos fundamentales», añadió.
