El proyecto de ley que regula la elección y funciones del Síndic de Greuges en la Comunidad Valenciana, que finaliza hoy su fase de tramitación parlamentaria, ha experimentado diversas modificaciones desde que la pasada legislatura se inició el recorrido para actualizar la norma en vigor, que data de 1988. La modificación del texto legislativo precisaba, en cualquier caso, la búsqueda de apoyos en la oposición dado que el Botànic, con 52 diputados este mandato, no suma los votos necesarios para su aprobación, que requiere el respaldo de dos tercios de la cámara, es decir, 66 de 99 diputados. En esa travesía que supone la búsqueda de consenso entre fuerzas parlamentarias en las antípodas ideológicas, la propuesta inicial se ha ido moldeando con el habitual tira y afloja entre grupos políticos, si bien una cuestión ha permanecido inalterable desde el primer día: por primera vez se blinda por ley que la sede de la institución permanezca en Alicante y ese es un extremo que nadie ha cuestionado.
El pleno de las Cortes valencianas someterá hoy a debate y el jueves a votación definitiva la aprobación del nuevo marco legal que regula la institución del Síndic de Greuges, de rango estatutario al estar contemplada en el Estatuto de la Comunidad y ostentada en la actualidad por el socialista Ángel Luna. Todo apunta a que el nuevo marco legal recibirá un amplísimo respaldo del hemiciclo puesto que Cs se ha sumado al pacto inicial formalizado entre el tripartito (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el PP para promulgar esta ley. No obstante, hasta ayer mismo, los diputados adscritos a la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat se seguían cruzando llamadas para cerrar los últimos flecos pendientes. Y, aunque hasta última hora se registraban desacuerdos en cuestiones menores, solo Vox mantuvo su posicionamiento de rechazo frontal a la nueva norma.
La inclusión del requisito que estipula que la persona que ocupe la sindicatura debe conocer los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana supuso en principio un escollo para que los de Toni Cantó apoyaran la iniciativa. Lo que exigían era que el requisito lingüístico no fuera limitativo, es decir, que sólo tuviera opción de ostentar el cargo quien pudiera acreditar su dominio del valenciano, algo que finalmente no ha sido así. Eso es algo que hubiera dejado fuera, por ejemplo, al actual síndic, que si bien desde la institución sostienen que conoce ese idioma y tiene competencias en expresión oral, no cuenta con certificado que lo acredite.
La diputada Mamen Peris (Cs) explicó ayer que otras de las líneas rojas que su grupo parlamentario no estaba dispuesto a cruzar era la de incrementar de dos a tres los cargos adjuntos, como rechazó igualmente el PP, ni tampoco que el Síndic pudiera actuar como mediador ante determinados conflictos, porque «es quien empieza el expediente, lo instruye y debe ser imparcial», indicó Peris. Por su parte, el diputado del PP Fernando Pastor señaló que defenderá una enmienda en la sesión de hoy que refleja el único punto importante con el que están en desacuerdo. Se trata de que se exija que la persona que ostente la Sindicatura deba estar dos años sin ocupar cargos orgánicos en partidos o altos puestos en la Administración. «No entendemos que una persona que esté en lo público y vaya a seguir estando en lo público quede vetada. No hablamos de puertas giratorias en las que se mezcle el ámbito privado», aseveró Pastor, que, aunque llevará a la tribuna de oradores su defensa de este asunto, no será un impedimento para que su grupo dé el sí a la aprobación de la nueva ley.
Desde Vox, el diputado David García señaló que el PP y el PSPV han usado la Sindicatura como puerta giratoria mientras que «el Síndic tiene que estar desligado de los partidos y no tener deudas políticas», entre otros aspectos, por lo que todo apunta a que no apoyarán la nueva ley contra la que llegaron a presentar una enmienda a la totalidad.
Control parlamentario
La nueva norma amplía las competencias del Síndic y refuerza la transparencia dado que, a partir de su entrada en vigor, se publicarán en la web de la institución las respuestas de los sujetos investigados de forma que puedan ser accesibles para la ciudadanía. Además, se intensifica el control parlamentario en el procedimiento regulado para el cese de los dos cargos adjuntos al defensor del pueblo, que a partir de ahora precisará el dictamen favorable de una mayoría de tres quintos de la comisión pertinente.
Con el nuevo marco legal, el Síndic aumenta su mandato de cinco a siete años -no renovable- y su nombramiento deberá ser ratificado igualmente por tres quintas partes de la cámara, frente los dos tercios necesarios hasta ahora. Por primera vez, se admitirán quejas verbales y también se atribuye a la institución la facultad específica de instar a la interposición de recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad y de conflictos de competencias con el Tribunal Constitucional. Igualmente, la normativa abre un abanico mucho más amplio para posibles relaciones institucionales de la Sindicatura incorporando, por ejemplo, a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, el Consejo de Transparencia o el Defensor del Pueblo Europeo; entidades e instituciones que no existían cuando se aprobó la norma actual, hace más de 30 años.
Ciudadanos aprieta al tripartito: quiere que acredite su nivel de valenciano
El síndic de Ciudadanos (Cs) en las Cortes valencianas, Toni Cantó, ha exigido a todos los miembros del Consell, desde conselleres y directores generales a secretarios autonómicos, así como al resto de altos cargos públicos de libre designación, que acrediten su nivel de valenciano, «después de pretender imponer el requisito lingüístico a todo el funcionariado de la Comunidad Valenciana a través de la Ley de Función Pública». Para el portavoz naranja, «las lenguas deben ser siempre un incentivo y un valor añadido en el currículum, además de un nexo de unión cultural, pero nunca una imposición ideológica utilizada para la discriminación», manifestó ayer Cantó, que criticó que «el tripartito valenciano lleve hasta el extremo unas exigencias lingüísticas que podría estar incumpliendo gran parte de los cargos públicos del Gobierno valenciano». Por ello, Cs ha exigido el certificado de conocimientos de esta lengua a todos los cargos públicos nombrados por el Gobierno del Botànic. «Si se demuestra que no cuentan con ninguna acreditación, se pondría de manifiesto la enorme hipocresía y, sobre todo, el grave sectarismo que impera en el Ejecutivo valenciano, más preocupado por expulsar el talento de la Comunidad Valenciana con este tipo de imposiciones que por trabajar para salir de la crisis sanitaria y económica que atravesamos», aseveró el síndic.
