El debate relativo a la aprobación de la nueva Ley de Función Pública Valenciana motivó ayer un agrio enfrentamiento entre los parlamentarios que sostienen al gobierno del Botànic y la oposición, a cuenta, principalmente, del requisito lingüístico para el acceso a la Administración. Fue una sesión tosca que discurrió entre acusaciones cruzadas. La exigencia de acreditar conocimientos de valenciano para ocupar cualquier puesto de empleado público centró una discusión parlamentaria en la que abundaron los descalificativos. Hubo hasta gritos, y no precisamente pocos, a pesar de las continuas llamadas al orden de la presidencia de las Cortes.
La obligatoriedad de presentar un título de valenciano para poder convertirse en empleado de la Generalitat ha sido la novedad más polémica del proyecto gestado en la Conselleria de Justicia. El texto se sometió ayer a debate en la Cámara y será hoy cuando se vote. La aprobación de la ley está garantizada por la mayoría de escaños de la coalición de izquierdas mientras la derecha, en bloque, mostrará su rechazo por la «imposición» de la lengua cooficial y debido a que, según advierten, supondrá que cientos de empleados públicos pierdan su puesto si no demuestran sus conocimientos lingüísticos.
De poco sirvió ayer a los aliados progresistas tratar de explicar las novedades de una ley proyectada para modernizar y profesionalizar la Administración. La munición del PP, Cs y Vox apuntaba hacia el mismo objetivo y el requisito lingüístico fue el auténtico protagonista de una refriega sin posibilidad de entendimiento en la que Cataluña estuvo, como siempre que se habla de estos temas, muy presente.
Vicente Fernández, de Cs, fue uno de los más duros desde la tribuna de oradores. Acusó al tripartito de impulsar «la ley de la imposición lingüística»; dijo que «quieren señalar con el dedo a quienes dentro de la Administración hablan castellano»; e incluso de querer «arrinconarles, y matarles» por no ser «nacionalistas». Fueron palabras que motivaron la intervención de Enric Morera. Le sugirió que las retirara, matizando el diputado naranja que no se refería a matarlos físicamente, sino socialmente. «Espero que cuando en esta comunidad haya un gobierno decente de centro derecha, no se tarde ni un minuto en derogar esta ley», enfatizó. Y en términos similares se expresó el PP a través de José Antonio Rovira, que dijo que incluirán esa derogación en su programa electoral, llamó «sectarios» a los de izquierdas y aseveró que el requisito es un paso más de Compromís para «construir la nación valenciana en un sentido catalanista», mientras el PSOE, aseveró, «solo juega el papel de tonto útil». Lo que quieren, valoró Rovira, es que «solamente hablemos catalán y seamos el apéndice del sur de los Països Catalans con los que ustedes sueñan». José María Llanos (Vox) sentenció que «no hay que obligar a nadie a conocer una lengua salvo el español, que está en la Constitución».
Las palabras de Estefanía Blanes, de Unides Podem, defendiendo el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración en valenciano y, sobre todo, su referencia a la necesidad de «protección de la lengua catalana que hablan los valencianos», fue otro de los momentos más broncos de la sesión. Hubo gritos y abucheos. Morera llegó a pedir a la síndica del PP, Isabel Bonig, que guardara silencio. Rosa Peris, del PSOE, argumentó que el texto acaba con la excesiva precariedad e interinidad de las plantillas y recordó al PP que fue su formación la que introdujo el requisito del valenciano en la educación pública; mientras Nathalie Torres, de Compromís, denunció la valencianofobia de la oposición. «Odian el valenciano porque representa la pluralidad que quieren reventar», zanjó.
Toni Cantó se integra en la lista de Díaz Ayuso como independiente
Hasta la semana pasada era portavoz de Cs en las Cortes Valencianas y coordinador territorial. Ayer, se reunió con Isabel Díaz Ayuso y cerró un acuerdo para integrarse como independiente en la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid para las elecciones del 4-M. El de Toni Cantó es el primer fichaje de Ayuso de un político ajeno a su equipo de Gobierno, ya que, hasta ahora, solo ha confirmado que formarán parte de la lista consejeros del PP. Su renuncia a las siglas de Arrimadas ha dejado descabezado el partido en la Comunidad y el grupo de las Cortes sigue a la espera de nombrar nuevo síndic. Mamen Peris es la que parece recabar más apoyos, pero la decisión final será de Inés Arrimadas.
