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El PSPV sale en tromba a criticar la gestión de Mazón por el retraso en las ayudas

Los socialistas cargan con dureza contra el presidente de la Diputación y lo acusan de no dar respuesta a las necesidades de la provincia, mientras la institución denuncia que el Consell ralentiza las diligencias con demoras en sus respuestas

Pleno telemático celebrado ayer en la Diputación de Alicante para aprobar la autorización del gasto del Plan Resistir. |

El PSPV se lanzó ayer en tromba a criticar la gestión del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, por el retraso en la concesión de las Ayudas Paréntesis, dentro del Plan Resistir, a los municipios de la provincia. Justo en el momento en el que la figura de Mazón se está viendo reforzada por Génova para convertirse en el próximo presidente regional del partido, los socialistas están siendo muy críticos al señalar que el PP ha convertido a la institución provincial en la «menos ágil» en hacer llegar las ayudas a empresas y autónomos.

Tras la intervención de Ximo Puig en las Cortes criticando que Mazón «no ha pagado ni un euro» del Plan Resistir, ayer fue el portavoz socialista, Toni Francés, quien le echó en cara esta «lentitud» cuando los sectores afectados están lanzando constantes gritos de desesperación ante la situación dramática que están viviendo por el cierre de sus empresas. También se unieron a las voces críticas otros diputados como Carolina Gracia. «La clave de estas ayudas es la rapidez con la que lleguen, porque no podemos esperar a que pasen los meses cuando muchas empresas y autónomos no pueden resistir más», dijo ayer Toni Francés en el pleno de la Diputación en el que se aprobó por unanimidad la participación y autorización del gasto del Plan Resistir, lo que permitirá que el próximo lunes se inicie la gestión administrativa para la transferencia de las ayudas, un total de 14,7 millones de euros, que llegarán a los ayuntamientos en los próximos días. «La de Alicante es la única diputación de las tres que a día de hoy no ha ingresado ni un euro en la cuenta de los ayuntamientos», denunció Francés, quien pidió al equipo de gobierno una reflexión sobre su gestión, en referencia además al retraso de las ayudas a los municipios afectados por la DANA. «Esta Diputación acostumbra a llegar tarde y están demostrando una gran incapacidad para dar respuestas», añadió.

Una vez aprobado y autorizado el remanente, y tras el pertinente periodo de exposición pública, se dará salida a estas subvenciones. Frente a las críticas sobre el retraso en la transferencia de las mismas frente a otras diputaciones, el diputado de Economía, Eduardo Dolón, recordó que la institución provincial alicantina, a diferencia de las de Castellón y Valencia, tiene asumidas competencias impropias por más de 25 millones de euros. «Si nosotros dispusiéramos de ese margen, les puedo asegurar que ese dinero lo tendríamos dispuesto desde el minuto uno, pero no lo podemos hacer hasta que la Generalitat asuma esas competencias que le corresponden, lo que nos obliga a recurrir a los remanentes», afirmó. Por otra parte, manifestó que la aportación de la Generalitat se ha realizado a través de confirming, con fecha de mayo, «y el dinero, por tanto, tampoco ha llegado todavía a la caja de los ayuntamientos que, en algunos casos, se han visto obligados a adelantar el dinero». La Diputación de Alicante denunció públicamente, mostrando documentos oficiales, que la Generalitat Valenciana ha ralentizado con burocracia, con demoras en sus respuestas institucionales y con la solicitud de más trámites la llegada de los fondos provinciales a los ayuntamientos con destino a autónomos y pymes del territorio. Los populares denunciaron que, tras más de un mes de retraso en recibir una respuesta autonómica a la solicitud de la Diputación para hacer efectiva una ayuda, ahora la Generalitat expone que queda pendiente otro pronunciamiento de la conselleria competente sobre la no duplicidad para aquellos municipios que quieran aportar fondos propios a dicho plan. Ante estas acusaciones, el director general de Administración Local, Toni Such, acusó al equipo de gobierno de la Diputación de «mentir descaradamente» al asegurar que en decreto ley los ayuntamientos están exentos de los informes de no duplicidad.

Durante la sesión plenaria se dio el visto bueno, además, a la convocatoria de ayudas por 1,5 millones de euros para la modernización de mercados, el fomento de la agricultura, el sostenimiento del medio rural y la realización de ferias y eventos.

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