Un trabajador autónomo de Orihuela recibirá las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir para tratar de salir de esta crisis entre mayo y junio. Sin embargo, otro de Elche ya las tiene desde hace más de un mes. El reparto de ayudas a la hostelería, el ocio y otros sectores afectados por el covid ha levantado polémica. En lugar de unir a los partidos políticos en torno a la necesidad que existe de hacer llegar las inversiones, el Plan Resistir se ha convertido en un instrumento de lucha partidista. En el centro de todas las miradas, el retraso de la Diputación en la transferencia de las inversiones y, a su vez, la doble velocidad de los ayuntamientos a la hora de agilizar los trámites. Este ha sido el elemento central de confrontación que ha irrumpido en el debate político como arma arrojadiza entre Ximo Puig y Carlos Mazón. Tras sus desencuentros por el Fondo de Cooperación, ahora el Plan Resistir es la gran pugna política entre la Generalitat y la Diputación.
El dato objetivo es que la Diputación de Alicante es la última en pagar a sus consistorios. Valencia y Castellón ya lo hacen desde hace semanas. Además, la mayoría de grandes municipios gobernados por el PP han llevado un ritmo más pausado en la tramitación de sus fondos para compensar a los autónomos y microempresas más afectados por la pandemia del coronavirus.
En el cronograma de implementación que acompaña a este texto se puede apreciar cómo hay determinadas localidades como Orihuela que ni tan siquiera han empezado a tramitar las solicitudes. Tampoco están pagando todavía Alicante o Torrevieja, todas gobernadas por el PP. Sin embargo, Elche comenzó a repartirlas a finales de mes de febrero y ya ha abonado el 98% de las solicitudes. Las bases se aprobaron el 5 de febrero y el primer decreto de pago, de casi medio millón de euros para transferir la cuantía a los autónomos ilicitanos, se firmó el 19 de febrero. También están pagando ya los alcaldes socialistas de Alcoy o Elda, aunque es cierto que hay otros como el de Dénia que tampoco han empezado. Ritmos diferentes para una misma convocatoria de ayudas pese a los cientos de afectados que urgen a las administraciones a tomar cartas en el asunto al encontrarse al borde de la ruina.
El Resistir es el plan de choque puesto en marcha por la Generalitat para ayudar económicamente a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias y que se han visto obligados a cerrar sus negocios, a reducir sus horarios de apertura o a limitar su actividad, con las pérdidas económicas que ello ha ocasionado. El volumen total es de 380 millones de euros, de los que 160 se destinan a ayudas directas de urgencia, las denominadas Ayudas Paréntesis, que se tramitan a través de los ayuntamientos, aunque están suscritas por el Consell, las diputaciones y los propios consistorios. Del total, la Generalitat aporta 100 millones, las diputaciones 36 millones y los ayuntamientos 24 millones.
Aunque las administraciones se comprometieron a sumarse al plan con agilidad, cada alcalde ha aplicado sus propias reglas alegando que no existen pautas ni fechas cerradas para poder hacerlo. A ello se suma el retraso de la Diputación de Alicante, que va a ser la última en mandar el dinero a los alcaldes, frente a la de Valencia o Castellón, que lo hicieron hace un mes, lo que ha acentuado las hostilidades entre los partidos. El PSOE considera que tanto en la institución provincial como en los consistorios los populares están obstaculizando los pasos de la Generalitat para ayudar a los autónomos. Creen que existe un complot para boicotear este programa y que los alcaldes del PP están retrasando las ayudas para no dejar en evidencia el retraso de la convocatoria del presidente de la Diputación, Carlos Mazón. La Generalitat mantiene que, mientras los ayuntamientos ya disponen del pago autonómico del dinero a través de una fórmula bancaria -confirming- a interés cero, Carlos Mazón «no ha pagado ni un euro», según afirmó esta semana Ximo Puig, quien lamentó que numerosos consistorios sigan sin acelerar las ayudas, aunque entre los regidores que están tardando en concederlas también hay socialistas. «La prioridad es la agilidad porque hay mucha gente que lo está pasando mal», dijo el alcalde de Alcoy, Toni Francés. También el concejal ilicitano Carles Molina destacó la importancia de hacer llegar cuanto antes estas inversiones.
Los del PP defienden que el confirming bancario del Consell para hacer uso del dinero en realidad es una notificación de que recibirán el pago el 10 de mayo con una oferta de una entidad financiera para solicitar el anticipo de la misma. A su vez, los dirigentes critican que la Generalitat no ha matizado con claridad la mayoría de conceptos y que, por lo tanto, cada ayuntamiento está interpretando la convocatoria según los criterios de los técnicos. «Debería haber unos plazos y unas pautas para cumplir fechas y que no haya comparativas entre unos municipios y otros», dijo el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. También el concejal oriolano, Rafael Palacios, insistió en que no disponen del dinero que ha anunciado la Generalitat. Desde las filas populares reprochan que el decreto del Consell no haya contemplado la exoneración de la obligatoriedad de estar al corriente de pago de tributos y seguros sociales, lo que posibilitaría, según lamentan, que un mayor número de empresarios y autónomos pudiesen optar a estas ayudas. A su vez, la Diputación ha hecho públicos los documentos oficiales para denunciar que la Generalitat ha ralentizado con burocracia, con demoras en sus respuestas institucionales y con la solicitud de más trámites la llegada de los fondos.
Al margen de la batalla política, del cuadro de implementación de las ayudas en el conjunto de la provincia también se desprende las dificultades que están teniendo los pequeños municipios para gestionar el proceso por falta de fondos o personal técnico.
