El director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción, Joan Llinares, aboga por abordar cambios legislativos que permitan un mayor control sobre el patrimonio de cargos públicos. La agencia llama la atención en su memoria de 2020, presentada ayer en las Cortes, sobre el delito de enriquecimiento ilícito, o incremento significativo del patrimonio de la autoridad o funcionario público sobre sus ingresos legítimos. Las llama fortunas sucias y serían aumentos de patrimonio que no estén razonablemente justificados.
Defiende la agencia que la tipificación en el Código Penal del delito de enriquecimiento ilícito es una demanda constante y reiterada y la ve necesaria para sancionar a quien se enriquece durante el mandato político o el ejercicio de las funciones públicas.
Según defiende Llinares, el tipo penal se alcanzaría al descubrir se un patrimonio que desbordase los ingresos legítimos del cargo público. El incremento patrimonial injustificado ya constituiría en sí mismo el tipo penal, añade Llinares, siendo el investigado quien deberá probar que el origen de sus bienes y derechos es lícito.
Importantes reformas jurídicas
Así, llama a acometer importantes reformas en el ordenamiento jurídico, cuya piedra angular sería la aprobación de una ley específica de lucha contra la corrupción. Ello permitiría mecanismos más eficaces y contundentes.
Y también defiende la necesidad de modificar el delito de revelación de secretos, que hoy es un problema para los denunciantes porque por una parte tienen el deber de denunciar y, por otra, el de guardar secreto sobre determinadas cuestiones. Llinares defiende que esta situación debe ser corregida porque favorece a los promotores del fraude.
Airear el gasto de los grupos
Llinares también se refiere en la memoria al importante avance en el control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios en las Cortes después de la aprobación por unanimidad del establecimiento de unas normas reguladoras de la contabilidad y el control de las subvenciones asignadas, que regirán a partir de 1 de enero de 2022.
La agencia añade en su memoria que la ausencia de transparencia y justificación en el destino de estos fondos públicos supone una quiebra del principio de igualdad frente a cualquier otro organismo o entidad, público o privado, lo que ya mereció la profunda atención de la Sindicatura de Comptes que, en los informes de fiscalización elaborados a petición de las Cortes en 2015, 2016, 2017 y 2018, ya formuló reiteradas recomendaciones relativas a la necesidad de incorporar una mayor regulación de la contabilidad y justificación de las subvenciones. Por eso, Llinares considera que el pacto de los grupos supone un buen ejemplo porque el nuevo sistema de justificación de las subvenciones es «notablemente avanzado», situando al Parlamento autonómico valenciano a la vanguardia en la regulación de esta materia que ahora ya está regida por la transparencia.
Documentos a diputados del PP
Mientras, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, afirma que los diputados de las Cortes tienen derecho a solicitar documentación a la Agencia Antifraude de expedientes en marcha o terminados porque es un derecho recogido en el reglamento de las Cortes.
No obstante, añade que el acceso a la información puede ser parcial, eliminando o suprimiendo datos que puedan comprometer la eficacia de los procesos.
Avisa del uso excesivo de contratos de emergencia
La Agencia contra el Fraude asegura que en escenarios de emergencia como el que ha creado la pandemia del covid-19 aumenta la opacidad y la falta de transparencia porque hay en juego elevadas cantidades de fondos públicos a repartir vía subvenciones y ayudas a diferentes personas o colectivos o bien destinadas a satisfacer rápidamente necesidades de contratación de bienes y servicios (sanitarios, alimentación...), mediante las contrataciones de emergencia.
La agencia critica que esas medidas que, inicialmente, se adoptaron como «excepcionales» por la emergencia se han «normalizado» al mantenerse e incrementarse durante todo el ejercicio 2020, dejando aparcados algunos de los principales principios que deben garantizar el servicio público: legalidad, eficacia y eficiencia.
Según señala en la memoria, el mantenimiento prolongado de contrataciones de emergencia ha generalizado adjudicaciones directas quizás más allá de lo estrictamente requerido, a menudo pagando precios muy superiores a los de mercado, al no existir concurrencia competitiva. Incide en el quebranto económico que el uso abusivo del enriquecimiento injusto ocasiona.
