El Pleno del Consell aprobó ayer el decreto ley de medidas urgentes en materia económico-financiera que tiene como objetivo simplificar y agilizar la tramitación de los proyectos e inversiones incluidos en el Plan de Recuperación de la UE para reactivar la economía tras las consecuencias del covid. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, explicó que la normativa persigue acelerar los procedimientos y modernizar la Administración con tal de abordar de forma eficiente la reconstrucción económica con la lluvia de millones que enviará Bruselas. Todo ello a contrarreloj, puesto que al menos el 60% de los compromisos de gasto deben contraerse antes de que acabe 2022.
«La gravedad de la excepcionalidad y la gravedad de la crisis» derivada del covid-19, obliga a la Generalitat a «actuar con celeridad ante cualquier obstáculo que pueda entorpecer la recuperación económica de la Comunidad Valenciana», eso sí, «siempre garantizando la seguridad jurídica», subrayó el conseller.
La habilitación de un marco normativo valenciano para articular la gestión de las ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiados por los mecanismos europeos Next Generation y React, llega casi tres meses después de que el Gobierno de Sánchez aprobara el Real Decreto para la Modernización de la Administración Pública. Lo que el Botànic ha acordado ahora es la transposición al ámbito autonómico de la normativa estatal, tal y como han hecho ya en otras comunidades como Aragón, Cataluña o Andalucía. Es un asunto en el que se ha estado trabajando semanas, pero se encontraba encallado por discrepancias internas, políticas y técnicas, entre los socios del Consell. Ayer, por fin, hubo acuerdo definitivo para sentar las bases que permitirán el acceso a unos fondos que supondrán una inyección económica de 140.000 millones en España, de los que 72.000 millones serán subvenciones a fondo perdido.
Hasta el momento, la Generalitat ya ha presentado cerca de 200 proyectos por un valor que asciende a 12.000 millones de euros. Son inversiones que, de materializarse, servirán para contribuir a la transformación del modelo productivo hacia una mayor resiliencia, sostenibilidad y digitalización, indicó ayer Soler. El titular de Hacienda avanzó que se intentará presentar las máxima propuestas posibles siempre que sean «sólidos y factibles» para ser ejecutadas en los plazos que fija Europa.
Entre las novedades de este decreto ley cabe destacar que permitirá la tramitación de urgencia de los expedientes vinculados a los proyectos e inversiones financiados con fondos europeos. En este sentido, los plazos previstos se reducirán a la mitad, excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos para garantizar la seguridad jurídica. Además, se incorpora un servicio presupuestario, el denominado Servicio 99, dentro de cada sección, para mejorar la gestión de los proyectos. Podrá dotarse de recursos propios y se podrá recurrir también a la tramitación anticipada de cualquier tipo de expediente de gasto antes de que finalice el ejercicio, con cargo al ejercicio posterior. Los proyectos que tengan una transcendencia significativa estarán sometidos también a un régimen de control previo y verificación.
Los titulares de las consellerias podrán ser competentes para aprobar transferencias de crédito entre programas pertenecientes a los mismos capítulos de sus departamentos; se podrán aprobar en un único expediente las bases reguladoras y la convocatoria; las actuaciones tendrán que incorporar criterios de responsabilidad social, ambientales, de digitalización y de innovación y conocimiento; y se podrá autorizar la constitución de consorcios para la gestión y ejecución de los fondos.
El decreto ley también regula otros aspectos técnicos como la posibilidad de realizar pagos anticipados tanto a personas físicas (cuando el importe de las subvenciones no sea superior a 6.000 euros) o ayuntamientos (hasta un 30% si son transferencias de capital) para supuestos concretos como ayudas de concesión directa o convenios y siempre que se establezca un régimen de garantías y el adecuado control.
Además, aumenta hasta seis millones la cuantía de las subvenciones por concurrencia competitiva que podrán aprobarse por las propias consellerias si cuentan con los perceptivos informes de control. En materia de personal se podrá asignar de forma excepcional a personal funcionario a la gestión de proyectos con fondos europeos y, en el supuesto de que sus funciones sean las propias de un puesto de trabajo con mayores retribuciones, llevará aparejado un incremento salarial.
Aprobada la regulación del teletrabajo para funcionarios
El Botànic desatasca la norma tras meses de desacuerdos y permite tres días de trabajo en casa
Los funcionarios que dependen de la Generalitat Valenciana cuentan por fin con un marco normativo que regula la prestación de servicios a distancia. El Pleno del Consell aprobó ayer el decreto por el cual se organiza el teletrabajo para su plantilla. Será de aplicación al personal funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat cuya gestión corresponda a la Dirección General de Función Pública. Se trata de un proyecto que establece que, en condiciones de normalidad, las jornadas de teletrabajo no podrán ser superiores a tres días a la semana. La nueva normativa, que nace de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, dirigida por Gabriela Bravo, ha estado bloqueada durante meses por desacuerdos entre los socios del Botànic.
Uno de los puntos de fricción entre PSOE y Compromís radicaba en la regulación del teletrabajo para los altos cargos del Consell, los tipificados con el nivel de complemento de destino 30. Finamente, se ha reflejado que sólo podrán hacerlo cuando sean autorizados por Función Pública. El decreto permite, además, al personal acogerse a una modalidad de teletrabajo por razones de salud laboral, para la efectiva protección en caso de ser víctimas de violencia machista o de violencia terrorista. También por conciliación familiar.
