Es una de las abundantes paradojas que ha traído la crisis sanitaria: las comunidades autónomas gastaron más que nunca en 2020 para combatir la pandemia, pero, lejos de resentirse, sus balances presupuestarios mejoraron respecto al año anterior. La decisión del Gobierno central de absorber el grueso del shock provocado por la covid recurriendo a inyecciones extraordinarias de fondos permitió a todos los territorios -incluida la Comunidad Valenciana- amortiguar el impacto económico en el corto plazo.
Ahora bien, la aparente mejoría de las finanzas autonómicas se asienta sobre pies de barro y podría no ser más que un espejismo con fecha de caducidad. Pan para hoy y hambre para mañana. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que, a partir de 2022, las autonomías tendrán que devolver buena parte de los ingresos excepcionales recibidos de la Administración Central del Estado vía entregas a cuenta, lo que supone un importante riesgo de deterioro para comunidades como la valenciana, cuya carga de la deuda se señala como especialmente «preocupante» porque es la más elevada de todas, al bordear el 50 % del PIB regional. «La factura de la crisis solo se ha pospuesto y llegará en los próximos ejercicios, en la forma de abultadas liquidaciones negativas del sistema de financiación y de un recorte en las transferencias estatales», concluye el informe elaborado por el director del organismo, Ángel de la Fuente.
Los augurios coinciden con los expuestos hace unos meses por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que dibujó un panorama negro a partir de 2022 si el Estado no compensa las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica, especialmente perjudicial para la Comunidad Valenciana y pendiente aún de fecha para ser reformado.
El informe de Fedea advierte de que la «paulatina y desigual» recuperación posterior a la crisis de 2008 ha terminado devolviendo los ingresos y gastos autonómicos a un nivel similar al de 2003, pero a costa de generar un escenario «bastante más frágil» ante un posible cambio de ciclo como el que se afronta ahora mismo. De la Fuente cuestiona que la mejora del saldo presupuestario autonómico se apoye en buena medida en «factores anómalos y difícilmente sostenibles», incluyendo una inversión atípicamente baja y fuertes subvenciones a los intereses de las comunidades a través del FLA y de otros mecanismos estatales de liquidez. «Como en 2008, el Gobierno ha optado por proteger al máximo a las comunidades frente a los efectos inmediatos de la crisis, lo que no es necesariamente buena idea si retrasa en exceso la reacción de éstas», agrega el experto en financiación autonómica, que resalta el cálculo «enormemente optimista» de las entregas a cuenta de 2020 pese a la caída de la recaudación tributaria.
Déficit «subyacente»
Esta circunstancia, junto al fondo incondicionado activado por el ejecutivo estatal para luchar contra la covid, conduce a un «déficit subyacente», oculto, que podría comenzar a traer problemas en 2022. Aunque en 2020 los ingresos por habitante de las comunidades fijaron un máximo histórico y el gasto autonómico se acercó al último techo de 2009, el informe apunta a que existen «diferencias significativas» entre regiones. De esta forma, la Comunidad es la quinta con menos gasto total por habitante y también la que más ha recortado la inversión desde 2003. Pese a la infrafinanciación que padece, sin embargo, el Consell gasta por encima de la media en la prestación de servicios públicos. De ahí que la autonomía esté entre las tres que excedieron el objetivo marcado de déficit en 2020, aunque su saldo presupuestario mejoró un 0,58 % gracias a un aumento de los ingresos (sobre todo estatales) del 3,18 %.
