El Ministerio de Hacienda ha comunicado oficialmente que la Generalitat «deja de estar sometida a las medidas de control y supervisión» previstas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al cumplir durante seis meses consecutivos el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, que actualmente está fijado en 30 días. En concreto, los datos relativos al mes de enero reflejan que el pago medio a proveedores se situó en 23,3 días, frente a la media nacional de 28,4 días. La Generalitat cerró el pasado agosto con una media de 27,66 días y, desde entonces, ha logrado mantener la cifra por debajo de 30 días.
Fue en marzo de 2015 cuando el Ministerio obligó a imponer medidas de reducción de gasto y aumento de ingresos debido a la situación que atravesaban las cuentas autonómicas. A comienzos de 2016, intensificó el control hacia la Generalitat por los incumplimientos e impuso medidas de corrección, ejerciendo el control de las modificaciones presupuestarias, operaciones de endeudamiento y la necesidad de comunicar los planes de tesorería.
«Esta es una muy buena noticia porque significa que el actual Gobierno de la Generalitat está atendiendo al pago a proveedores de una manera muy diligente gracias al esfuerzo realizado por Tesorería para atender todos los pagos y cobros, pero también gracias a los recursos que ha facilitado en el último año el Gobierno central», subrayó ayer el conseller de Hacienda, Vicent soler. A ese respecto, consideró que «ha quedado demostrado que a diferencia de lo que ocurría con el anterior Gobierno, la Generalitat ya no es el problema, sino la solución a los problemas heredados, como el retraso en el pago a proveedores».
