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La Diputación transfiere las ayudas del Plan Resistir con dos meses de retraso

Los populares acusan a Puig de obligar a los alcaldes a adelantar el dinero al haber optado por una fórmula bancaria para hacer efectiva su aportación en mayo - El Consell reitera que puso los fondos a disposición de los municipios en febrero

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y el diputado provincial Sebastián Cañadas.

La Diputación de Alicante ha transferido a todos los ayuntamientos de la provincia los 14,7 millones de euros con los que la institución provincial participa en el Plan Resistir. Lo ha hecho dos meses después de la firma de este plan de rescate y de que la Generalitat pusiera los fondos a disposición de los gobiernos municipales a través de la fórmula bancaria confirming, un mecanismo financiero a interés cero.

La unidad política que Ximo Puig y Carlos Mazón han reivindicado en multitud de ocasiones se ha resquebrajado tanto en el fondo como en las formas. El Plan Resistir, dotado con casi 400 millones destinados a sostener el tejido productivo y mantener empleo, no ha hecho más que aumentar la tensión entre ellos a raíz del retraso en la concesión de ayudas por parte de la Diputación. La desconfianza entre Ximo Puig y Carlos Mazón es absoluta y, además, los dos se esfuerzan por dejarlo en evidencia públicamente. No es raro que surjan discrepancias ni que los dos dirigentes políticos se acusen mutuamente de errores graves en la gestión. Carlos Mazón tiene la mirada puesta en el congreso regional del PP y no va a perder ninguna oportunidad para consolidar su liderazgo y su oposición a las políticas del Consell. Por su parte, Ximo Puig está centrado en armar un relato alicantino convincente a sabiendas de que Mazón es el hombre elegido por Pablo Casado y Teodoro García de Egea para sustituir a Isabel Bonig.

En este contexto, el Plan Resistir se ha convertido en las últimas semanas en el principal motivo de desencuentro. Este plan de choque se firmó entre el Consell, las diputaciones y los ayuntamientos para ayudar económicamente a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias y que se han visto obligados a cerrar sus negocios, a reducir sus horarios de apertura o a limitar su actividad, con las pérdidas económicas que ello ha ocasionado. Dentro de este programa, se pusieron en marcha las Ayudas Paréntesis, ideadas para inyectar liquidez a los sectores afectados por la crisis económica, y que contaron con el consenso del Gobierno valenciano y los representantes del resto de administraciones. La Diputación de Alicante se comprometió a destinar 14,7 millones -un 22,5% del total que ascendía a 65 millones- y a principios del mes de febrero, Carlos Mazón firmó el decreto de adhesión. Desde entonces, tanto la Generalitat como las diputaciones de Valencia y Castellón han hecho efectivas sus respectivas subvenciones a los consistorios, mientras que la demora de la institución alicantina ha despertado todo tipo de críticas entre los grupos de la oposición, que han rechazado que el equipo de gobierno fiara estas ayudas a los remanentes de tesorería en lugar de incluirlas en el presupuesto. Por su parte, el PP ha atribuido este retraso a las trabas que ha tenido durante la tramitación administrativa de este programa y ha insistido en que la Generalitat realiza sus pagos a través de confirming y no por transferencia nominativa como hace la institución provincial. Los populares mantienen que la aportación de la Generalitat, que ha optado por el confirming, no se hará efectiva hasta mediados de mayo, pese a que tanto el Consell como los alcaldes socialistas han asegurado que los fondos autonómicos ya están en las arcas municipales y, de hecho, hay poblaciones que ya han entregado todas las ayudas. «Nos congratulamos de que por fin la Diputación cumpla su compromiso después de dos meses. Por fin hemos culminado un proceso que debería haber sido más rápido», dijo ayer el director general de la Administración Local, Toni Such.

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, afirmó que todos los consistorios alicantinos han recibido ya en sus respectivas arcas municipales, de forma directa, la aportación de la institución provincial y acusó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de «mentir para ocultar que es, precisamente, la Generalitat la que está obligando a los ayuntamientos a adelantar el dinero al haber optado por el confirming, con fecha del mes de mayo, para hacer efectiva su aportación». Cañadas insistió en que la fórmula escogida por la Administración autonómica «ha puesto en serios aprietos a los municipios».

La Generalitat aprueba 1.046 préstamos bonificados

Soler celebra la acogida de esta línea de financiación, para la que se han recibido 4.000 solicitudes

El Gobierno valenciano ha aprobado ya 1.046 préstamos bonificados por importe de 69,1 millones de euros de la línea Horeca, para autónomos, pymes y micropymes de los sectores de la hostelería, la restauración, el turismo y el ocio dentro del Plan Resistir, con una media de 66.051 euros. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, dio ayer estos datos durante su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes, donde destacó la capacidad de reacción del Consell desde la declaración del estado de alarma. Soler se mostró satisfecho con la acogida que está teniendo esta línea de financiación, para la que se han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes por importe total de 220 millones de euros. La línea de préstamos se ampliará cuanto sea necesario para dar cobertura a las empresas, y, de hecho, en dos meses se ha sobrepasado en casi 20 millones la dotación inicial, según afirmó Vicent Soler durante su comparecencia para dar cuenta del estado de las ayudas del Plan Resistir, que incluyen también las ayudas Paréntesis y las ayudas directas para alojamientos turísticos y ocio nocturno.

La estrategia de Carlos Mazón para aislar a Ximo Puig

El presidente de la Diputación sigue tratando de aislar a Ximo Puig a través de alianzas con la mayoría de consellerias. Ayer fue el turno de Educación, área con la que la Diputación ha firmado un protocolo de colaboración para la mejora de la gestión de los residuos generados en los centros educativos. En especial, la colaboración se concretará en la realización de acciones como informar a los representantes de los centros de las buenas prácticas en la gestión de los residuos.

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