El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha enviado una carta al jefe del Consell, Ximo Puig, contra los recortes del trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno central y solicitando que la modificación parcial del decreto se paralice, al menos, hasta la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Mazón considera «indispensable» que el Gobierno valenciano se sume a las iniciativas que desde Murcia y Andalucía se van a emprender para defender los derechos de los regantes. En la misma, Mazón explica que el cuestionamiento del acueducto se acentuó cuando se produjo la derogación del trasvase del Ebro, «que acabó con las expectativas de resolver los problemas de déficit hídrico que aquejan a toda la cuenca mediterránea desde Barcelona hasta Almería». Según expone Mazón, el trasvase del Ebro habría satisfecho buena parte de las demandas hídricas de la Comunidad Valenciana y Murcia, reduciendo a su vez la presión sobre los recursos autóctonos tanto superficiales como subterráneos.
Tal y como expone el líder del PP, la propuesta alternativa fue la Cláusula Narbona; un programa que pretendía sustituir el agua del Ebro y del Tajo, principalmente, por agua desalinizada procedente del mar; de forma que conforme entraran en funcionamiento las desalinizadoras, se reducirían los caudales trasvasables. Desde esa fecha, el presidente de la Diputación va explicando las decisiones que se han ido adoptando contra el trasvase hasta que llega a septiembre de 2020, cuando el Ministerio propuso la modificación de los parámetros de la regla de explotación, ante la que la Diputación de Alicante presentó alegaciones. «La Generalitat Valenciana no nos consta que las hiciera», indica Mazón, que hace hincapié en que desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021 el acueducto ha estado cortado como consecuencia de unas obras de reparación en el embalse de la Bujeda. No obstante, «el Ministerio durante los meses de septiembre, octubre y noviembre ha seguido con sus medidas de reducción de caudales en contra de los informes técnicos de la Comisión Central de Explotación». La Diputación de Alicante, a través de su comisión técnica, realizó un informe donde se dice que esta propuesta del Ministerio «es inoportuna e interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo; resultaría arbitraria, carente de la debida justificación, y por tanto nula de pleno derecho. No es necesaria, ni racional ni razonable, puesto que podría producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos».
