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El drama de los pueblos de la provincia de Alicante: alcaldes que tramitan ayudas y hacen de sepultureros

Los municipios de menor población lanzan una llamada de auxilio al verse saturados por la falta de personal y las trabas para contratar

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, tramitando la solicitud de una ayuda a la Generalitat junto a una funcionaria del Ayuntamiento.  | TONY SEVILLA

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, tramitando la solicitud de una ayuda a la Generalitat junto a una funcionaria del Ayuntamiento. | TONY SEVILLA

Alcaldes que ejercen de administrativos, otros que podan las palmeras de su pueblo y los más valientes se plantean, incluso, hacer funciones de sepultureros. Por muy surrealista que parezca, un recorrido por diez poblaciones de la provincia ha evidenciado la falta de personal que tienen los ayuntamientos de menor población, una situación que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus. Los alcaldes consultados por este medio tienen un denominador común: han tenido que hacer prácticamente de todo para resolver interminables procesos internos que comen gran parte del tiempo, además de solucionar los cuellos de botella que los ciudadanos encuentran cuando plantean trámites. La escasez de recursos para hacer frente a esta situación, los ajustados plazos que no pueden cumplir y el hecho de que es el propio ayuntamiento el que tiene que anticipar el pago de las actividades o acciones subvencionables hacen que los equipos de gobierno municipales se vean forzados a desestimar muchas ayudas por falta de liquidez y de personal.

Si la situación ya era complicada por los problemas de la adaptación electrónica, su fragilidad ejecutiva y las limitaciones que tienen para la contratación de personal, ahora los alcaldes se ven totalmente desbordados por las ayudas que tienen que tramitar por el covid, a la vez que aseguran tener una sensación de ansiedad y estrés al poder perder algunas de esas subvenciones por falta de manos. Solo en la Diputación de Alicante hay activas más de una quincena de convocatorias de ayudas para las entidades locales, que van destinadas a Carreteras, Cultura, Arquitectura, Fomento, Medio Ambiente o Deportes. En la Generalitat son decenas. Solo Presidencia concede numerosas ayudas para subvencionar proyectos locales de fomento de la movilidad urbana, conservación del patrimonio cultural, mejora de la accesibilidad de edificios municipales o el conocido Fondo de Cooperación. Ante esta situación, los alcaldes han lanzado una llamada de auxilio para denunciar que se sienten discriminados respecto a los grandes municipios, en los que la burocracia no es una barrera.

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, reconoce que existe un problema en los aparatos burocráticos, principalmente en los ayuntamientos más pequeños, a la hora de movilizar los expedientes de las subvenciones por la falta de personal que se ha visto mermada en los últimos años por la tasa de reposición y que dificulta incorporar las bajas por jubilación. La FVMP trasladó este problema a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y a la entonces ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darías, en una visita a València el pasado año. También se ha notificado a la consellera Gabriela Bravo este problema. La federación pide flexibilizar la capacidad de contratación de personal y poder realizar oposiciones más amplias donde los consistorios puedan solicitar personal de estas bolsas. «Es evidente que, para movilizar los fondos europeos que tenemos que ejecutar en los próximos años, se generará un embudo que nos perjudicará si el aparato administrativo no está en óptimas condiciones», afirma Alfaro.

Con independencia de las siglas políticas, los municipios se están viendo desbordados por la avalancha de papeleo. Teresa Martínez (Ciudadanos) es la alcaldesa de Daya Nueva, pero no solo ejerce como tal, sino que en el día a día se está viendo obligada a hacer trabajos de administrativa. «Estamos ahogados de trabajo», asegura. Esta situación le genera una sensación de ansiedad constante. «Me planteo si estoy llegando a todo o si estoy perdiendo dinero para el municipio pese a hacer todo lo que puedo», lamenta.

Los alcaldes son categóricos cuando hablan de la cantidad de trabajo que tienen que desempeñar. Hay concejales que han llegado a echarse a suertes ser enterrador por un día ante la baja médica de un operario. En estos momentos, los gobiernos municipales se están dedicando principalmente a tramitar ayudas y gestionar los planes que la Generalitat y la Diputación les están encargando. El diputado provincial Adrián Ballester asegura que la situación se agrava porque la Generalitat ha delegado en los ayuntamientos la tramitación del Edificant, la Ley de la Dependencia y ahora el Plan Resistir. «Hay mucha carga de trabajo y unas limitaciones de contratación que crean un colapso importante en muchos ayuntamientos», dice Ballester. Y es que muchos de estos procesos se tienen que tramitar al mismo tiempo pese a que conllevan pliegos y maneras de justificar diferentes.

A la hora de valorar cada administración, los dirigentes del PP aseguran que la Generalitat está poniendo muchos más problemas para justificar los expedientes. Por el contrario, los socialistas critican que no pueden ejecutar muchas obras porque la Diputación tiene proyectos sin redactar desde el año 2019.

El socialista Jaume Pascual, alcalde de l’Alquería d’Asnar desde las primeras elecciones democráticas, asegura que las dificultades de los municipios de menor población para atender la demanda administrativa es un sentir común de todos los alcaldes. Considera que el servicio de asesoramiento que tiene la Diputación se debería potenciar y se siente «decepcionado» con la gestión del presidente, Carlos Mazón, por el retraso en las obras pendientes: «No está poniendo en circulación todo el caudal económico en obras y servicios que podrían salir al mercado».

En Fageca sufren la falta de personal para todo, sobre todo en la parte administrativa, ya que la misma persona tiene que atender al público, tramitar subvenciones, subsanarlas y redactar pequeños proyectos para los anexos que incluyen las solicitudes de las subvenciones. Esta carga de trabajo limita su posibilidad de solicitar subvenciones. «Estaría bien crear una bolsa de personal administrativo de la provincia para poder dar apoyo en momentos de saturación de papeleos y así ir más tranquilos», indica el alcalde socialista Ismael Vidal.

Por parte del PP, los regidores aseguran que la Diputación colabora con los municipios de menos de 10.000 habitantes en la redacción de sus planes de obras o en otros como los de gestión de residuos. «La burocracia nos come cada día y eso produce que los funcionarios estén saturados. La solución es abrir una bolsa de trabajo para contratar a gente», asegura Pau Pinar, alcalde de L’Orxa. También la alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, manifiesta que esta saturación viene dada por la «estrecha relación» que tienen con sus vecinos.

Si en algo coinciden los responsables políticos es en la petición de que los partidos de izquierda y de derecha firmen un pacto político para impulsar la creación de empleo y aportar soluciones organizativas a los municipios de menor población.

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