Expertos y varios miembros del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana coincidieron ayer en las Cortes en defender la necesidad de reforzar este organismo de forma que tenga la capacidad para hacer cumplir sus resoluciones. La vía para hacerlo sería dotar a este organismo de capacidad sancionadora.
Los testimonios los ofrecieron en las comparecencias en la fase de participación ciudadana del procedimiento de elaboración de la proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que impulsa el Botànic celebrada ayer.
El experto en Transparencia, el alcoyano Miguel Ángel Blanes, que es técnico jurídico de la Sindicatura de Greuges y autor de una tesis sobre el tema, señaló que se ha detectado un aumento del incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y que el 25% de las que dicta no se cumplen. Añadió que no es una cuestión exclusivamente valenciana y que afecta a otros organismos de este tipo que tampoco tienen capacidad sancionadora.
El experto señaló al incumplimiento de las resoluciones como uno de los problemas que arrastra el Consejo de Transparencia, mientras que algunos de sus miembros como Emilia Bolinches o Carlos Flores Juberías defendieron también la opción de poder imponer multas coercitivas para dar mayor fortaleza al organismo.
Y también criticaron que el consejo no sea una prioridad para la Conselleria de Participación y Transparencia, a la que reprochan que no dote del personal suficiente a la oficina del consejo.
