Una moción de censura apoyada por dos ediles tránsfugas que, hasta ese momento, militaban en el PSOE, le costó la Alcaldía a los socialistas en Teulada a principios del mes de marzo. Sólo dos semanas antes, la concejal de Educación de San Vicente del Raspeig, Belén Arques, dejaba el cargo y, de paso, ponía el foco en la guerra abierta en el seno del equipo de gobierno, con grupos de chats paralelos en los que los ediles críticos no sólo lanzaban insultos al alcalde, Jesús Villar, sino también descalificaciones contra funcionarios municipales o intercambiaban información sobre procesos de contratación. Una crisis de la que, además, se responsabiliza a José Gadea, el tránsfuga que entregó la alcaldía al PP en ese municipio hace 20 años. Como si no tuvieran poco con lo que ya tienen, los socialistas corren el riesgo ahora de ver cómo se abre otro frente en la provincia. En esta ocasión, a cuenta de Orihuela. Todo después de que los exediles Antonio Zapata y Carmen Gutiérrez hayan tramitado su reingreso en las filas socialistas, aunque a través de la agrupación de Dolores. Ante ello, la reacción de la comisión ejecutiva local del PSPV-PSOE en Orihuela no se ha hecho esperar: ya ha pedido a Ferraz que anule, con carácter inminente, las afiliaciones de los dos exregidores. El escrito, de finales de marzo, se escuda simple y llanamente en que son unos tránsfugas.
Antonio Zapata -que llegó a ser alcalde en funciones por la baja de Monserrate Guillén hace dos mandatos- y Carmen Gutiérrez cursaron su baja del PSOE y pasaron al grupo de no adscritos en enero de 2019, sólo cuatro meses antes de las últimas elecciones municipales. Lo hacían bajo el argumento de que se sentían «ninguneados» por la portavoz socialista, Carolina Gracia, aunque las malas relaciones ya venían de lejos. El detonante había sido la decisión de Gracia de reasignar los salarios de los ediles socialistas tras la renuncia de Víctor Ruiz a su acta. La portavoz les exigió en aquel momento a Zapata y a Gutiérrez que dejaran correr la lista, pero ellos optaron por darse de baja del partido y pasar al grupo de no adscritos.
«Esta acción tuvo una notable repercusión social y mediática a escasos meses de las elecciones municipales, debilitando, además, la capacidad de actuación de nuestro grupo municipal y deteriorando gravemente la imagen pública del Partido Socialista no sólo en Orihuela, sino en la comarca de la Vega Baja y en la provincia de Alicante», señala el escrito dirigido al Departamento Federal de Atención a la Militancia y Ciudadanía del PSOE, remitido también a la Secretaría de Organización del PSPV, y firmado por la secretaria general socialista de Orihuela, Carolina Gracia.
Es más, la ejecutiva aprovecha para cargar contra la agrupación que, en teoría, ha abierto la puerta a los dos regidores trásfugas. Más contundentes no pueden ser: «Consideramos una actuación ausente de escrúpulos, de honestidad y de compromiso con el Partido Socialista de la agrupación de Dolores, que, además, está enclavada en la misma comarca que Orihuela y, por tanto, no puede alegar ignorancia», sostiene la ejecutiva en el escrito.
A partir de ahí, en el informe, Gracia muestra su oposición al reingreso de los dos exediles, apelando a cuestiones legales y formales recogidas en los estatutos del partido y en los reglamentos de régimen interno, pero también a otros argumentos de «índole moral y social». En concreto, recuerda el pacto con los tránsfugas de Cs que permitió al PP retener el Gobierno de la Región de Murcia, tan criticado por los socialistas. El escrito concluye diciendo que, «desde esta ejecutiva, mantenemos que la presencia de dos tránsfugas en la militancia socialista denigra la política en general y la imagen del PSOE».
Con estos puntos de partida, Carolina Gracia admite que, de momento, no ha recibido respuesta de Ferraz al escrito, aunque insiste en que es «inadmisible» que se les readmita. Mientras, desde el PSPV subrayan que es Ferraz quien tiene la última palabra. Aún así, desde el partido sostienen que tramitar el reingreso de dos tránsfugas iría contra una de las cuestiones de las que han hecho bandera en los últimos meses. Ya no sólo por la moción en Teulada, también por el pacto del PP con tres tránsfugas de Cs para poder frustrar la moción de censura en la Región de Murcia, y por la crisis en San Vicente del Raspeig. Y todo, a la sazón, cuando el secretario de Organización del PSPV-PSOE y diputado en las Cortes Valencianas José Muñoz, defiende mañana una proposición no de ley (PNL) para la redacción y aprobación de un pacto valenciano antitransfuguismo, con la que, de paso, se busca poner en evidencia al presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Sería incoherente que se les dé el reingreso en una situación como la actual, alegan.
Detrás de la tramitación de las altas de los dos exediles, en el círculos socialistas ven claramente la mano de la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, enfrentada desde hace bastante tiempo ya a Carolina Gracia y su sector, y que tiene a Antonio Zapata como su gran apuesta.
