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Oltra: «repugnada» por los abusos de su ex pero convencida de su gestión

La vicepresidenta critica que el fallo lanza «sospechas» sobre la diligencia de la conselleria al margen de los hechos probados - La oposición en bloque exige su dimisión y el PSPV pide perdón a la víctima, que era menor de edad

Mónica Oltra, tras una de sus intervenciones en las Cortes Valencianas.

Mónica Oltra, tras una de sus intervenciones en las Cortes Valencianas.

Mónica Oltra se enfrentó el miércoles a la que probablemente fue su intervención más complicada como vicepresidenta de la Generalitat. Subió a la tribuna de oradores de las Cortes para ofrecer explicaciones sobre la sentencia que ha condenado a cinco años de prisión a su exmarido, quien ejercía como educador de un centro de menores de València, por abusos sexuales continuados a una adolescente tutelada. «A nadie en esta Cámara ni fuera le repugnan más estos hechos que a mí. Son el colofón a una vida en la que todo le falló desde el principio. Nadie lamenta más lo que le ha pasado a la víctima», pronunció la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Lo hizo aparentemente tranquila, en ocasiones con la voz entrecortada; arropada por los parlamentarios del Botànic y frente a una férrea oposición que exigió su dimisión sin paliativos.

Durante cerca de una hora, Oltra defendió la diligencia de su negociado en el Consell al respecto de todo este asunto, negó cualquier trato de favor al condenado y cuestionó sin ambigüedades determinadas aseveraciones que obran en el fallo judicial dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València, cargando incluso contra jueces y fiscales. La vicepresidenta anunció su intención de dar explicaciones públicas desde el mismo día en que se conoció la sentencia condenatoria, pero también la oposición de PP, Cs y Vox habían exigido su comparecencia, que se incluyó en el orden del día de la sesión plenaria celebrada el miércoles.

La consellera inició su relato leyendo al pie de la letra la relación de hechos probados de la resolución judicial. Citó con nombres y apellidos a su expareja y contó literalmente lo ocurrido entre el abusador y la víctima, tal y como ha quedado demostrado para los jueces. Ocurrió en un hemiciclo en el que encontraban vacíos todos los sillones de sus compañeros de Gobierno a excepción de los consellers de su partido, Compromís, que sí asistieron desde el inicio. Más tarde se unieron algunos otros del Consell.

La vicepresidenta defendió que los hechos probados en el fallo judicial «no hacen ninguna referencia» a la Generalitat, la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ni a ella misma. «Tampoco a la Administración pública como encubridora de abusadores, ni de tratos de favor, ni de consignas, ni de desamparar a la víctima», citó Oltra, que enfatizó que la sentencia «tiene como objetivo juzgar un caso de abusos a una persona menor de edad y no la acción de la conselleria». Por tanto, prosiguió, «todo aquello que queda fuera de estos hechos son interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones diversas sobre la actuación de la Vicepresidencia del Consell». Una actuación que, según dijo, conoció, precisamente, por su relación personal con Luis Eduardo R. I. «Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta», destacó. Eso fue algo que ocurrió el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una llamada que le avisaba de la llegada de una citación judicial a su domicilio particular. Desde ese momento, asevera, la conselleria actuó con la única consigna de «proteger» a la víctima, nunca al agresor, que comenzó a trabajar en el centro donde ocurrieron los hechos cinco años antes de que ella alcanzara a la Vicepresidencia.

Según Mónica Oltra, el fallo «realiza valoraciones y lanza sospechas graves» sobre la actuación de la Vicepresidencia que no tienen traslado ni relevancia en los hechos probados, al igual que «cuestiona el funcionamiento del sistema de protección» de los menores tutelados por la Generalitat y la actuación y el comportamiento de funcionarios y profesionales de entidades de carácter privado. Son afirmaciones que Oltra rechazó poniendo en valor la profesionalidad y la independencia de los funcionarios.

Responsabilidades

Las explicaciones de la vicepresidenta no fueron suficientes para la oposición, que reclamó su dimisión. Elena Bastidas (PP) consideró que la conselleria que dirige la vicepresidenta «se puso del lado del abusador, ocultando sus apellidos y permitiéndole crear un protocolo ad hoc con finalidad defensiva, como dice la sentencia, porque humilló a una menor a la que nunca creyó y porque intentó que la denuncia muriera en cauces internos». Cristina Gabarda (Cs) criticó que no haya dimitido por haber «machacado» a una menor de edad tutelada por la conselleria para «proteger al abusador por ser quien es»; y Ana Vega (Vox) pidió su cabeza política como máxima responsable del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Mientras tanto, los socios del Botànic defendieron a Oltra: Irene Gómez (Unides Podem) puso en valor la nueva Ley de Infancia aprobada en el Congreso aunque pidió mejoras para evitar casos de abusos; Carles Esteve (Compromís) destacó que la consellera ha dado explicaciones tres veces sobre este tema en Cortes, y Rosa Peris (PSPV) centró su intervención en denunciar la «invisibilidad» del abuso a los menores. Fue la única que, además, pidió perdón a la víctima al considerar que «hemos fallado como sistema» en la protección de la víctima.

Todos menos Vox acuerdan firmar el pacto antitransfuguismo valenciano

El PSPV clama contra la política de pactos con tránsfugas de Mazón y el PP lo acusa de cinismo

El presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, Carlos Mazón, se convirtió en protagonista ausente de una parte del debate parlamentario. Su sombra, y, de rebote, la de Eduardo Zaplana, planearon sobre el hemiciclo a cuenta de la propuesta del PSPV para rubricar un pacto valenciano antitransfuguismo. Todos los grupos excepto Vox se mostraron dispuestos a firmar la iniciativa, pero eso no evitó la habitual refriega política.

El socialista José Muñoz defendió la necesidad de un acuerdo que frene las mociones de censura apoyadas en tránsfugas que se están sucediendo en la provincia de Alicante, con tres casos -el de Teulada el más reciente- impulsados por el mismo protagonista, Mazón, que está llamado a convertirse en nuevo líder del PPCV. Muñoz metió el dedo en la llaga destacando que Isabel Bonig ha sido honesta en estos asuntos y no ha respaldado apoyos con tránsfugas, al contrario de quien supuestamente le relevará en el cargo, avalado por Génova y sus planes de regeneración democrática que en la Comunidad nace, según dijo, «con los herederos del zaplanismo». Pepe Císcar, del grupo popular, afeó a Muñoz que su partido condene el transfuguismo mientras lo practica, dijo, en otros municipios con todo el «cinismo».

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