El clima de confrontación creciente que se está registrando en Madrid a cuenta de las elecciones del 4-M sigue generando réplicas en la izquierda valenciana. De las críticas y guiños iniciales a unos candidatos y otros, según el caso, se ha pasado ahora a los hechos. Los socios del Botànic han decidido estrechar el cordón sanitario a la ultraderecha a raíz de los últimos acontecimientos. No quieren compartir con Vox más espacio del estrictamente necesario y han desplegado una intensa campaña de reprobaciones y reproches a los de Abascal, con quienes no se sentarán el próximo lunes en un debate radiofónico en la Cadena SER Comunitat Valenciana previsto entre los portavoces en las Cortes con motivo del ecuador de la legislatura.
Las palabras de la candidata de la ultraderecha a la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en otro debate en la SER, poniendo en duda la veracidad del envío de cartas con balas y amenazas de muerte al candidato de Podemos, Pablo Iglesias, -así como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez- desataron ayer la indignación de los sectores progresistas, también en la Comunidad. Mientras las redes sociales entraban en ebullición, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, fue un paso más allá y anunció que no participarán en ningún debate con Vox, apelando a la necesidad de «hacer una barrera democrática frente al fascismo». Le siguió el portavoz de Compromís, Fran Ferri, que aseveró que, tras lo ocurrido en Madrid, su formación «no compartirá debate con quien no condena amenazas de muerte», o lo que es lo mismo, «no iremos si va Vox». También el síndic socialista, Manolo Mata, llamó en redes a hacer un «frentismo democrático» cuando lo que está en juego, dijo, es la democracia, mientras el partido anunciaba que tampoco acudiría al debate previsto para este lunes. Fuentes del PSPV destacaron que, desde el arranque de la legislatura, solo participan en los debates con Vox obligados por la normativa electoral. De hecho, no se ha llegado a firmar ninguna declaración institucional en la Cámara porque requiere de la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias y las del bloque de la izquierda rechazan estampar su rúbrica en el mismo documento que la ultraderecha.
Las altas dosis de crispación que empiezan a salpicar a toda la escena política nacional motivaron igualmente que el jefe del Consell, Ximo Puig, se pronunciara ayer para mostrar su repulsa a «cualquier intento de violentar la democracia» en España. «Este es un país de libertades, nadie puede intentar romper las reglas del juego, no se puede banalizar lo que es una ofensa grave a la seguridad de las personas», aseveró.
También la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, llamó a aislar a la ultraderecha y manifestó: «Hay gente que apunta con la palabra y gente que apunta con las balas», mientras que «los mismos que ahora lo cuestionan, seguramente, en otras tesituras hubieran dicho que es directamente una amenaza terrorista».
Mientras tanto, desde la bancada de la derecha también se censuró ayer el envío de misivas con munición a Iglesias, Marlaska y Gámez, sin poner el acento en el hecho de que Vox haya sembrado sospechas sobre la veracidad de las amenazas. Desde el PPCV, la síndica, Isabel Bonig, señaló que condenan cualquier tipo de violencia y recordaron que también lo han sufrido en sus filas, cuando Rita Barberá recibió en dos ocasiones sobres con balas dentro. Por parte de Cs, la síndica, Ruth Merino, enfatizó que, desde el partido, «condenamos rotundamente la violencia. Sin peros y sin matices. No como otros que solamente la condenan en función de a quién vaya dirigida o de quién venga».
