La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se mostró convencida de la diligencia en las actuaciones de su área durante la pandemia y defendió el trabajo llevado a cabo desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el último ejercicio. Lo hizo durante su comparecencia posterior al pleno del Consell, cuando fue cuestionada por las recientes afirmaciones del Síndic de Greuges, que aseguraba en su informe anual que durante el 2020, coincidiendo con la crisis del coronavirus, que la Administración «ha fallado» a muchos ciudadanos, especialmente a los que precisaban ayudas para sobrellevar las dificultades. Oltra coincidió con la Sindicatura en la necesidad de modernizar la Función Pública para favorecer los trámites porque la Administración «al final no puede ser alguien que le complica la vida a los ciudadanos», sino que se la tiene que facilitar.
El departamento de Oltra, que gestiona áreas tan sensibles como la dependencia, la discapacidad o la renta valenciana de inclusión, acumuló el pasado año una de cada cuatro quejas de la ciudadanía registradas en la Sindicatura, en total 1.300, prácticamente la mitad de las dirigidas contra la Administración autonómica. No es un hecho circunstancial ligado a las dificultades del confinamiento y el coronavirus, sino que durante años su conselleria se ha colocado la primera del ranking. Aún así, Oltra hizo ayer una valoración global y aseguró que entre 2013 y 2020 el número de quejas se ha reducido en un tercio, y explicó algunas de las principales líneas de su gestión. Así, defendió que, a pesar de las dificultades, desde Igualdad y Políticas Inclusivas se gestionaron el pasado ejercicio más expedientes para beneficiarios en materia de dependencia que en el total de España, con una crecida del 14% por encima de la media nacional.
Agilización
La consellera recordó que, con el primer confinamiento, se aprobó una tramitación sumarísima que permitió que muchas personas en pocos meses recibieran la prestación de la renta valenciana de inclusión a través de mecanismos que sólo requerían que el interesado presentara una declaración responsable para empezar a recibir este ingreso de emergencia.
La vicepresidenta apuntó también que con el primer encierro domiciliario se dictó una resolución que calificaba los servicios sociales de atención primaria como esenciales para garantizar su funcionamiento. Durante su comparecencia, la consellera admitió que algunos municipios incumplieron esta medida, como por ejemplo el de Alicante, y aseguró que llamó al alcalde, Luis Barcala, para recordarle que los centros de servicios sociales debían permanecer abiertos. No obstante, reconoció que en ocasiones se clausuraban porque así lo dictaminaban los servicios de prevención de riesgos laborales. «Los servicios sociales de atención primaria se ubican en los municipios. Si el Síndic tiene conocimiento de que algún ayuntamiento no cumplió esa resolución, lo tendrá que hablar con quien no cumplió», dijo Oltra.
Mónica Oltra enfatizó que los trámites de ayudas a los más vulnerables se retrasan muchas veces porque las administraciones «miran con lupa» a los ciudadanos para comprobar si mienten, y apeló a la necesidad de cambiar la inercia de tratar a la gente como «sospechosos».
