Cuando Ángel Luna se convirtió en Síndic de Greuges en diciembre de 2019, incidió en su compromiso personal con la independencia y la imparcialidad. Un compromiso que ha llevado hasta las últimas consecuencias en el informe anual -el del primer año de pandemia- que ha presentado esta semana. Su conclusión es demoledora. La Administración no ha estado a la altura. Sin más.
Cuatro meses después de ser nombrado Síndic de Greuges, llegó la pandemia. En circunstancias así, ¿no dan ganas de dejarlo todo?
Todo lo contrario. Si uno está aquí voluntariamente, tiene más ganas de trabajar y de actuar cuando la situación es más difícil.
El informe es concluyente: «La pandemia ha puesto en evidencia las graves limitaciones de las administraciones para ser eficaces cuando más las necesita la ciudadanía». ¿Qué ha fallado?
Han fallado muchas cosas y, sobre todo, seguimos teniendo una Administración pública que funciona en muchos casos con criterios decimonónicos. No haber puesto al día las administraciones en materia de selección de personal, movilidad y, por tanto, flexibilidad, y en el diseño de nuevos procedimientos es lo que ha ocasionado el colapso durante la pandemia.
Y, con la que está cayendo, ¿es optimista respecto a la posibilidad de que la modernización de la Administración se acometa ya?
Es que no hay alternativa. No podemos seguir como estamos, porque estamos abocados a una situación realmente dramática. Cuando los efectos económicos y sociales se manifiesten con toda su violencia, la respuesta de las administraciones públicas va a ser imprescindible porque, de lo contrario, se van provocar situaciones de tensión social gravísima.
¿Por qué no se ha hecho nada en ese sentido en el último año?
Este año se deberían haber abordado algunas medidas, pero, probablemente, por la precipitación y la urgencia no se han abordado. Por ejemplo, nosotros hablamos en la memoria de ayudas de emergencia a la vivienda que se tramitan con arreglo al procedimiento administrativo ordinario. Eso no es posible. Una queja concreta que se nos presentaba es la de una persona que solicitó en julio la ayuda y en noviembre aún no se había resuelto.
¿Falta voluntad política?
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia, es que lo que sobra es voluntarismo por parte de las administraciones públicas, y lo que falta es consciencia de las limitaciones del aparato administrativo. En muchos casos, los políticos creen que adoptando una decisión ya se ha resuelto el problema, cuando adoptar una decisión sólo es el primer paso. Si luego el aparato administrativo no es capaz de llevar a efecto la decisión política, no hemos hecho nada.
La tramitación de ayudas siempre ha sido complicada, pero ahora se ha puesto más en evidencia. Usted mismo ha llegado a decir que no siempre llegan a quienes más las necesitan sino a quienes saben cómo encontrarlas...
Eso resulta inconcebible. La Administración debería en estos momentos dedicar un esfuerzo importante a la simplificación de procesos exclusivamente. Lo que ocurre es que se funciona un poco por inercia. ¿Tenemos que otorgar una ayuda? Hay que pedir el DNI, que lo tiene la Administración; el certificado de empadronamiento, que lo tiene la Administración; a veces incluso no piden el empadronamiento individual, sino el colectivo... Hay cosas que hoy ya no se pueden sostener.
¿No acaba de interesarle a la Administración simplificar las cosas para frenar las solicitudes?
No creo, eso sería maldad premeditada. Prefiero pensar que es una falta de consciencia de la gravedad de los problemas que están generando con este tipo de procedimientos.
Y, tramitaciones al margen, ¿se están creando expectativas que luego no se pueden cumplir cuando se anuncian medidas sin concretar o se venden una y otra vez las mismas subvenciones?
El problema es que en muchos casos sí. Nosotros hemos tramitado una queja de que se abre un proceso a las 9 horas y a las 9.30 horas se ha terminado. Ya no se pueden dar más ayudas, y con un enredo de procedimiento que deja mucho que desear, y que pone de manifiesto el voluntarismo y la falta de conocimiento de su propia estructura administrativa.
En Sanidad, ya instó a priorizar la atención presencial y pidió reforzar los medios telefónicos y telemáticos. Con los datos que tenemos en estos momentos, ¿cómo se explica que la situación sea prácticamente la misma que en lo peor de la tercera ola?
Es incomprensible. No estamos en la cresta de la ola de la pandemia y, por lo tanto, se supone que los servicios sanitarios deberían funcionar con una cierta normalidad o con mayor normalidad y, sin embargo, siguen sin funcionar con esa normalidad.
¿Falta optimizar medios y recursos para atajar los problemas a los que se enfrenta en estos momentos un área como la de Sanidad?
No me atrevería a hablar de optimización en Sanidad. No tenemos medios para conocer en profundidad la organización de los hospitales. En Sanidad nos ha preocupado mucho fundamentalmente la falta de información y la falta de coherencia a la hora de informar a los ciudadanos y entre diferentes áreas de salud.
¿Y a qué lo atribuye?
No lo sé, pero, en general, las deficiencias en materia de comunicación no se han limitado a Sanidad. Es verdad que en el área sanitaria han sido más graves, porque la ciudadanía es más sensible, pero a lo largo de toda la pandemia se puede constatar una falta de información de calidad, clara y coherente, y una falta de transparencia en el funcionamiento de las administraciones. La transparencia es fundamental para conseguir la colaboración de la ciudadanía. En una sociedad democrática, sino hay colaboración de los ciudadanos, es difícil implementar una serie de medidas. Eso requiere que entiendan perfectamente lo que está pasando y lo que se está haciendo, y hemos tenido que llamar la atención en más de una ocasión en relación con esto, en relación con que se explicara la situación epidemiológica, por ejemplo, de cada ayuntamiento. Ha habido momentos en los que los alcaldes no podían conocer la situación de sus municipios.
¿Ha sido el covid una coartada para las instituciones para ser menos transparentes?
En algunos casos, lamentablemente, sí, lo cual es grave porque en un estado de alarma las facultades que se ponen en manos de los gobiernos son exorbitantes, y eso requiere de una transparencia en cuanto a los datos y en cuanto a las motivaciones de las decisiones que se adoptan. Si se limitan derechos fundamentales, hay que explicar muy bien por qué y hasta dónde es necesario hacerlo.
Los servicios sociales ya estaban colapsados antes del covid, sobre todo por la falta de personal. Con la crisis a la que nos enfrentamos, ¿hay solución?
De momento, no la está habiendo. Cada vez que aparece una nueva figura de ayudas o prestaciones se pone la carga de valorar la situación sobre los servicios sociales municipales. Sin embargo, los ayuntamientos de todos los colores nos dicen lo mismo: que con la subvención que tienen y la manera de establecerse la subvención anualmente no tienen capacidad de mantener unos servicios sociales que sean capaces de responder a lo que requiere la ley. Los casos son dramáticos, sobre todo en los grandes ayuntamientos. A veces se ha tardado más de un año en registrar una demanda de dependencia o de Renta Valenciana de Inclusión. Hay que replantearse el modelo. La conselleria dice que con el nuevo modelo de contrato-programa cuatrienal se va a resolver. Hasta la fecha no conocemos que se haya firmado ninguno.
¿Y puede ser la solución?
Podrá ser , pero tendremos el problema cada cuatro años.
¿Entonces?
Es un mal sistema. Si los servicios sociales municipales tienen que ser la base del sistema, los ayuntamientos tendrían que tener ingresos propios suficientes como para atender esos servicios sociales, y no depender de las subvenciones que llegan o no llegan, o que llegan pronto o tarde.
La pandemia castigó especialmente al inicio a las residencias de mayores, pero los problemas ya venían de antes. ¿Por qué no se acaban tomando medidas?
Aunque el número de inspecciones ha crecido en los últimos años, siguen siendo muy insuficientes con relación al número de residencias. Sobre 330 residencias, eran 80 inspecciones. Además, la normativa de acreditación y ratio de personal es de 2005. Nosotros venimos pidiendo desde hace años una revisión. Tenemos una resolución de 2017 y otra de 2020 sobre las residencias de la tercera edad, y esa normativa no se ha actualizado.
Igualdad y Políticas Inclusivas concentra una de cada cuatro quejas. ¿Falla la gestión en el departamento de Mónica Oltra?
Es normal que acudan al Síndic personas que necesitan prestaciones muy elementales, imprescindibles, y que, además, tienen un carácter muy definido en las leyes. Que el departamento que mayor número de quejas concite sea la Conselleria de Igualdad, la de servicios sociales, siempre va a ser así, por la propia configuración del Síndic, y por las personas a las que va dirigido su función. Se puede valorar si siendo así son demasiadas y, efectivamente, son muchas.
¿Cómo se explican, pues, esas cifras tan elevadas?
Hay una serie de problemas enquistados. No se ha acertado con los procedimientos, se han hecho complejos. No se ha evaluado el funcionamiento de nuevas figuras, como la Renta Valenciana de Inclusión, en el tiempo que llevan funcionando. Un conjunto de causas que, al final, determinan que los retrasos sean muy constatables.
La nueva ley refuerza la transparencia de la institución, su control parlamentario o las vías de acceso para la ciudadanía, y limita el mandato del Síndic de Greuges. ¿Le convence este cambio legislativo?
Sí, es una ley que permite modernizar la institución y dotarle de una seguridad jurídica importante. Muchas de las cosas que recoge la ley se venían haciendo, pero sin un amparo legal claro. La ley permite presentar quejas telemáticamente, y ya lo veníamos haciendo.
¿Qué habría cambiado usted?
Básicamente, estoy satisfecho con cómo ha quedado la ley, y, sobre todo, lo que más me satisface es que haya salido por la amplísima mayoría con la que ha salido, porque implica que esta institución tiene un refuerzo parlamentario importante, y le dota de una legitimidad a la hora de funcionar también importante.
¿Por qué muchas veces se ignora de forma sistemática lo que dice el Síndic de Greuges?
Para eso no tengo respuesta. Es verdad que hay administraciones que se toman en serio lo que dice el Síndic de Greuges, y contestan con diligencia, y, cuando no pueden hacer una cosa, lo explican. Para las administraciones no es obligatorio aceptar lo que dice el Síndic, se puede equivocar, pero, por lo menos, sí que tiene que razonar su negativa. Primero, contestar y, si no está de acuerdo, razonar por qué, pero hay algunas que no lo hacen. No obstante, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, tenemos la obligación de publicar en la web las respuestas negativas de las administraciones o la falta de respuesta, y, desde luego, lo vamos a hacer. El único mecanismo de presión que tenemos es denunciar los incumplimientos de las administraciones públicas.
«Sin el estado de alarma vamos a tener problemas serios. Lo más razonable ahora sería mantenerlo»
¿Qué debemos aprender de la pandemia de coronavirus?
Fundamentalmente, deberíamos aprender que las administraciones no pueden vivir al día. La pandemia ha supuesto la quiebra de la idea del Estado mínimo, porque si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es que el Estado es absolutamente imprescindible. Podremos discutir si un poco más o un poco menos, pero una base fundamental de la seguridad, la salud o la riqueza de las sociedad tiene su fundamento en un buen ejercicio de la Administración pública. Por eso es tan importante la renovación de las administraciones públicas a todos los niveles.
¿Qué va a pasar si se levanta el estado de alarma el 9 de mayo?
Vamos a tener problemas serios, porque lo que les queda a las comunidades autónomas es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es de 1986, que son cuatro artículos, y que están redactados de una manera absolutamente genérica y que, por lo tanto, da pie a los tribunales a interpretarla de una manera o de otra. A mí me preocupa mucho la limitación de derechos fundamentales, porque tiene que explicarse muy bien y motivarse muy bien, y realmente sólo el estado de alarma garantiza de verdad decisiones ajustadas a Derecho a la hora de limitar derechos fundamentales.
Por tanto, debería mantenerse...
Si las circunstancias sanitarias son las que son en este momento, lo más razonable sería mantener el estado de alarma.
¿Se está haciendo campaña con los derechos fundamentales?
Sí. Lamentablemente, se está haciendo uso de temas que son muy sensibles para la refriega política, para la refriega diaria, y eso no es bueno para la sociedad.
¿Qué incidencia tiene esta espiral de ciclo electoral permanente en que vivimos?
El estado de elecciones permanente supone que todo el mundo viva en campaña electoral permanente, y la campaña electoral no es el mejor momento para adoptar decisiones razonables y de largo plazo. La lógica de la campaña electoral viene determinada por la noticia de impacto y a corto plazo, y ésa no es manera de gobernar en una situación de pandemia que requiere una mirada a largo plazo.
