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La crisis deja sin cumplir decenas de compromisos en el ecuador de la legislatura

El giro de guion provocado por la emergencia sanitaria ha ralentizado la ejecución del pacto de abril de 2019 y obligado a reorientar objetivos

Llegada de un avión con material sanitario al aeropuerto de Manises, en abril de 2020. | J.M. LÓPEZ

En condiciones normales, el ecuador de la legislatura hubiera sido un momento idóneo para calibrar el grado de efectividad del Botànic II en lo que a ejecución de promesas políticas se refiere. En condiciones normales, si el parlamento autonómico y la administración no hubieran suspendido su actividad durante casi dos meses, las veinte leyes anunciadas para 2020 no arrastrarían la considerable demora actual y, posiblemente, media docena de ellas no seguirían aparcadas sin fecha. Ni se hubieran desviado 70 millones de euros de la construcción de colegios a otros menesteres sociales más urgentes. En condiciones normales, quizás, el Gobierno central hubiera cumplido su promesa de tener listo el esqueleto de la reforma de la financiación autonómica.

Pero este es solo uno más de las decenas de compromisos que, de una manera u otra, se han visto alterados como consecuencia de una pandemia imprevisible que no solo ha convertido en papel arrugado todos los guiones escritos con anterioridad a marzo de 2020, sino que ha invalidado cualquier referente para evaluar la gestión del gobierno autonómico en términos comparativos: no hay ningún precedente equiparable a lo ocurrido en el último año.

Lo demuestra el incremento extraordinario de 1.440 millones de euros en el gasto real con el que se cerraron las últimas cuentas o el incumplimiento de prácticamente la mitad de los objetivos que se marcó el Consell en el último seminario previo al estallido de la covid. Corría febrero de 2020 y el gobierno presidido por Ximo Puig se las prometía mucho más felices. La siguiente jornada de autorreflexión se aplazó de agosto a octubre y acabó con el peor balance semestral de ejecución de acuerdos y con un nuevo listado de 60 deberes prioritarios que reorientó esfuerzos a combatir los estragos de la pandemia. Seis meses y una tercera ola de contagios después, el 20% de esas promesas tampoco se han materializado del todo: no se ha presentado aún el proyecto de creación de la Unidad de Emergencias, ni los planes estratégicos de transformación digital de la administración y del comercio y la artesanía, ni el mapa de Inteligencia Artificial.

La mitad del Pacto, cumplido

Aunque la hoja de ruta inicial se ha tenido que adaptar a los nuevos planes de reconstrucción, priorizando el gasto sanitario y social y las ayudas económicas a los sectores más golpeados, fuentes del Botànic ponen en valor un grado notable de cumplimiento del Pacto dadas las circunstancias: a mitad del mandato se han materializado alrededor del 41 % de los 132 compromisos adquiridos, mientras que otro 12 % ha comenzado a tramitarse recientemente y está en vías de cumplirse. Aún así, se da por hecho que muchos objetivos no se harán realidad hasta la próxima legislatura y que habrá algunos que no podrán comenzar a desarrollarse antes de 2023.

Uno de los efectos de la crisis ha sido ralentizar un poco más los ya de por sí lentos ritmos de la administración para sacar proyectos adelante. La ley de Cambio Climático lleva tramitándose prácticamente desde el inicio de la legislatura y sigue sin crearse la Agencia Valenciana de Cambio Climático. También se retrasan la ley Electoral, la integral de Educación, la de Ocupación, la de Patrimonio Cultural, la de la Música o las estrategias de Biodiversidad y Desarrollo Rural, mientras siguen en punto muerto las leyes de comarcalización y reforma de la administración local o el recorte competencial de las diputaciones -que ha perdido prioridad- y un puñado de planes de acción, como el de rehabilitación patrimonial.

El Consell ha ligado el futuro de buena parte de sus compromisos al maná de los fondos europeos de reconstrucción. Ejemplos son la recuperación de l’Albufera, la estrategia de hidrógeno verde, el impulso de la digitalización o el pacto verde para reducir emisiones. Las organizaciones agrarias y forestales denuncian la parálisis de medidas en estas dos áreas. En cambio, se han acelerado reformas que no eran preferentes antes de la pandemia, como la del teletrabajo. Los grupos parlamentarios llevan reuniéndose desde febrero de 2020 en las Corts para diseñar un estudio sobre la racionalización de horarios y la reforma de la ley de la radiotelevisión pública se ha aplazado varias veces. Tampoco hay avances en la recuperación del Derecho Civil Valenciano o en el traspaso de competencias de Cercanías.

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