Concejales del PSPV y Compromís se están concentrando a lo largo de la mañana en los distintos ayuntamientos de la provincia para protestar contra la gestión de Carlos Mazón y para pedir que la Diputación de Alicante se adhiera al Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el Consell para repartir 13,7 millones entre los consistorios.
Los más madrugadores de la provincia han sido los ediles alicantinos Francesc Sanguino, Miguel Millana, Manolo Marín, Manolo Martínez, Natxo Bellido y Rafa Mas. También se han concentrado ya en Cocentaina, Ibi, Aspe, Calp y Pego, Alcoy, Penáguila, Elche, Elda, Dénia, Torrevieja, Benidorm, l´Alfàs, Monóvar, La Vila Joiosa, Altea, Ondara, Pedreguer, Monforte del Cid, Xixona, Sant Joan, Villena, San Vicente del Raspeig, Santa Pola o Mutxamel.
Con la negativa al Fondo de Cooperación, los consistorios alicantinos perciben la mitad del dinero que los de Valencia y Castellón, cuyas diputaciones sí han aprobado la iniciativa autonómica.
Los dirigentes socialistas y nacionalistas defienden la libertad que les da este programa puesto que el dinero no tiene destino definido con lo cual cada población lo puede destinar a sufragar algún tipo de servicio o gasto corriente ligado a esas actividades.
La izquierda también pide más agilidad en los planes de obras Planifica y +Cerca y denuncian un colapso en los proyectos, por lo que exigen al PP y Ciudadanos que se refuercen los servicios técnicos de la Diputación para dar solución al «cuello de botella» existente.
El portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, ha indicado que "nos reunimos para exigir a la Diputación que se sume al Fondo de Cooperación y dejemos de ser una provincia de segunda, una provincia en la que los ayuntamientos tienen menos libertad y menos capacidad para destinar los recursos a lo que cada municipio necesita". Francés también ha pedido celeridad para desbloquear los planes de obras: "Son programas que no se están ejecutando".
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha añadido que "estamos cansados del caos organizativo, cansados de los escándalos políticos permanentes y cansados de que los que gobernaban hace 20 años hayan vuelto a la Diputación".
Manifiesto leído por los concejales durante las concentraciones
Los regidores y regidoras de las comarcas de Alicante nos concentramos hoy ante la preocupación que nos genera el deterioro político y de gestión en la Diputación de Alicante.
La institución es víctima nuevamente de un uso partidista por parte del Partido Popular, con el dócil beneplácito de Ciudadanos. Se usa la institución como plataforma propagandística de su presidente, Carlos Mazón.
Este año 2021 será el quinto en el que los ayuntamientos de la Comunitat recibirán de la Generalitat el Fondo de Cooperación Municipal. Desde que los presupuestos autonómicos incluyeron en 2017 este fondo, los municipios de la provincia han recibido (si incluimos los que llegarán este año) casi 70 millones de euros.
Por el contrario, también este año es el quinto en el que la Diputación de Alicante, con gobiernos liderados por el Partido Popular, ha negado estos fondos que dotan de libertad y autonomía a los ayuntamientos. Y la cifra que los consistorios dejaremos de percibir es por lo tanto la misma, casi 70 millones de euros en cinco años.
Sin duda, estamos ante un ataque sin paliativos del Partido Popular a la libertad y la autonomía de los ayuntamientos alicantinos, que nos deja en una clara desventaja frente a los ayuntamientos de las provincias de València y Castellón, cuyas diputaciones, no solo participan en este fondo, sino que, como es el caso de la Diputación de València, hasta triplica su asignación.
Pero la Diputación de Alicante, de la mano de su actual presidente, Carlos Mazón, no solo atenta contra la libertad financiera de los consistorios con su actitud irresponsable ante el Fondo de Cooperación. La gestión de Mazón arrastra preocupantes déficits en la gestión de las diferentes ayudas que se están poniendo en marcha desde la Diputación.
El colapso en la resolución de los proyectos, la ínfima ejecución de obras, los retrasos constantes en hacer llegar los fondos son, entre otras cuestiones, piedras en el camino del trabajo a los ayuntamientos, y cada vez de mayor calibre.
Esta situación ha sido especialmente grave en 2020, en el que los municipios de la provincia de Alicante hemos recibido hasta el 50% menos de ayudas respecto del que han recibido los municipios que dependen de la Diputación de València y Castellón.
Además, se aprueban ayudas de forma parcelada con un único propósito promocional, hecho que deriva en la multiplicación de la burocracia, lo que afecta gravemente el trabajo de los y las funcionarias de la Diputación y de los ayuntamientos.
A estas alturas, solo entre el Plan Planifica y el conocido como plan Más Cerca (que es en realidad el pago de las ayudas retardadas desde 2020) en la Diputación de Alicante hay cerca de 1000 obras paradas en los despachos. La ejecución de la mayoría de estas obras se delega en los municipios a los cuales se les exige un calendario estricto de finalización de obras que, a estas alturas, ya imposible de cumplir.
Como ejemplos, también podemos citar la situación de las ayudas de la DANA, todavía sin tramitar; o la situación del Plan Planifica del cual, la Diputación no tiene ningún proyecto propio redactado. También por el hecho que la Diputación de Alicante ha sido la última institución al tramitar las ayudas para los comercios del Plan Resistir.
A este hecho se suma la agravante del seguidismo a la extrema derecha en la Diputación y diferentes municipios por parte del Partido Popular. Las continuas proclamas racistas de diputados del gobierno de la institución son una constante.
Con todo, los regidores y regidoras convocantes mostramos nuestro compromiso con la reivindicación de los valores democráticos municipalistas y exigimos una transformación absoluta de la acción del gobierno de la Diputación y de la actitud de sus dirigentes.
