Las diputaciones de Valencia y de Castellón invierten casi el doble en competencias impropias que la de Alicante. Los estudios que han realizado las tres instituciones provinciales revelan que Valencia inyecta 225 millones de euros para sufragar gastos que no le corresponden, lo que supone un 42% de su presupuesto; Castellón, 72 millones, lo que significa un 36% de sus cuentas anuales; y Alicante destina un total de 54,4 millones al año, un 23% de su presupuesto. Con estos datos aportados por Valencia y Castellón, se pone en evidencia que la problemática con las gestiones que no son propias no solo afecta a Alicante, sino que se extiende a todas las instituciones.
Entre los motivos que ha esgrimido la Diputación de Alicante para mantener su boicot al Fondo de Cooperación durante los últimos cinco años está, precisamente, el de las competencias impropias, aunque también se ha opuesto a su obligatoriedad y a los criterios de reparto, al considerar que perjudica a los municipios de menor población. Desde el inicio de su mandato como presidente de la Diputación, Carlos Mazón ha intentado negociar con el Consell para dejar de desempeñar las gestiones que no le corresponden y así poder destinar ese dinero a cuestiones como este programa inversor, mediante el que se podrían repartir 13,7 millones a los municipios alicantinos. En innumerables ocasiones este asunto ha sido un motivo de enfrentamiento entre Ximo Puig y Carlos Mazón. Pero ahora son los equipos de los presidentes Toni Gaspar y José Martí (ambos del PSPV) quienes revelan que sus presupuestos también están condicionados por las funciones que no les corresponden y quieren dejar claro que, aún así, no ponen impedimentos en acceder a los planes autonómicos. Ahora bien, con los datos en la mano, desde la institución alicantina instan a sus homólogos a crear un frente común para reivindicar a Ximo Puig que asuma «las funciones que le tocan». También añaden desde el PP que el informe realizado sobre sus competencias impropias ha sido escrupuloso y ha incluido las áreas que le competen únicamente al Gobierno valenciano, cuestionándose si el resto de diputaciones ha hecho lo mismo.
Los responsables políticos del PP y Ciudadanos que gobiernan en el Palacio Provincial insisten en que la gestión del Hogar Provincial o del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, que la Diputación ha asumido durante lustros, lastra su presupuesto anual, y dicen que si Valencia y Castellón tienen el mismo problema deberían cerrar un pacto para ordenar todos esos servicios.
Aunque la institución de Castellón parte de un presupuesto inicial de 168 millones, en la actualidad, gracias a diversas modificaciones de crédito y a la incorporación de remanentes, está trabajando con un montante económico para 2021 de cerca de 197 millones. Del total, destina 125 millones a competencias propias, por lo que restarían 72 millones para gastos que en realidad son del Consell. Esto significa que un 36% del presupuesto de Castellón va a parar a competencias delegadas e impropias, sobre todo de Sanidad y del área social. Respecto a la Diputación de Valencia, su presupuesto asciende a 530,2 millones, de los que 225,6 millones se destinan a actividades que no son propias, lo que supone un 42% del total. Entre las funciones susceptibles de ser consideradas impropias está Transparencia, Igualdad o Medio Ambiente, aunque los servicios más importantes que presta son aquellos que emanan del Área de Cooperación, Sanidad o Servicios Sociales. El equipo de Carlos Mazón siempre ha denunciado la brecha cultural que sufre esta provincia por la falta de ayudas del Consell, pero desde los equipos de gobierno valenciano y castellonense también destacan las inversiones que realizan a centros y museos y la organización de la mayoría de los actos culturales.
El Fondo de Cooperación se ha convertido ya en un clásico de este mandato, mediante el que Ximo Puig y Carlos Mazón mantienen un enfrentamiento constante. Es verdad que los ayuntamientos alicantinos han dejado de percibir 70 millones de euros desde que se puso en marcha este programa inversor aprobado por la Generalitat en 2017, pero también hay que indicar que la Diputación sigue esperando la convocatoria de una comisión bilateral para negociarlo. La negativa a aprobar este plan ha generado esta semana la reacción de los alcaldes y concejales del PSPV y Compromís de la provincia, que se concentraron el viernes en más de un centenar de municipios para pedir a Mazón que no siga con este boicot. También denunciaron que la situación que están viviendo ha sido especialmente grave en 2020 al haber recibido hasta el 50% menos de ayudas respecto a las que otorga las diputaciones de Valencia y Castellón.
En Castellón destacan Sanidad, por el Consorcio Hospitalario Provincial, y toda el área social como las materias con más competencias impropias. También añaden la importante inversión destinada a la construcción del aeropuerto.
La institución que preside Toni Gaspar ha destacado, entre otros aspectos, la colaboración que presta a colegios profesionales, a cooperación al desarrollo o a la financiación a los museos, distintos centros e investigaciones relacionadas con la cultura valenciana.
Entre las competencias impropias que asume la Diputación de Alicante está la financiación del MARQ, el Mubag, el ADDA y el Gil-Albert, con un importe superior a los 12 millones. El área de Cultura pide al Consell que haga frente a este déficit cultural.
