Isabel Bonig se enfrentará hoy a una de las intervenciones más valientes -y duras- de su carrera política. Lo hará en el marco de la tempestad desatada tras su renuncia a pelear por retener la presidencia del PPCV. Génova le ha dado la espalda, le ha dejado claro que no confía en ella para capitanear la nueva etapa, pero la todavía presidenta de los populares valencianos subirá a la tribuna de las Cortes para defender el que ha sido su proyecto. Será la primera vez que Bonig, como síndica, fiscalice al Botànic tras haber admitido públicamente que ha perdido el pulso contra Casado y García Egea, o, lo que es lo mismo, que ya no cuenta con la legitimidad que le confiere el respaldo de la cúpula del PPCV para continuar al frente del partido a nivel regional. Pero ni con ese complicadísimo escenario la exalcaldesa de la Vall d’Uixó ha querido renunciar a plantar batalla dialéctica a la izquierda, una vez más y nadie sabe si por última vez, como líder de la oposición.
El relevo de Isabel Bonig en la presidencia del partido para dejar paso al elegido por la ejecutiva nacional, Carlos Mazón, previsiblemente a finales de junio, conllevará probablemente una reestructuración de la sindicatura del grupo popular, si bien diferentes voces de la marca de la gaviota apuntan a que la apuesta pasa por dar una solución de continuidad. En ese contexto, los portavoces adjuntos -Elena Bastidas, Miguel Barrachina y Eva Ortiz-, y la diputada María José Catalá, que figura en todas las quinielas para convertirse en la próxima secretaria general del PPCV, podrían sumar peso tras una probable salida de Bonig del grupo, si bien las claves de todo ese proceso, especialmente el de la continuidad de la hasta ahora síndica, podrían empezar a desvelarse a partir de hoy.
¿Cuál es el balance que hace Ximo Puig, de la primera mitad de la legislatura? Esa es la pregunta que Bonig formulará hoy al jefe del Botànic, cuando se cumplen dos años de las elecciones autonómicas que motivaron la reedición del pacto de la izquierda. Una pregunta con un trasfondo transversal que le permitirá protagonizar un nuevo cara a cara con el socialista y poner el acento en la gestión del tripartito en lo que va de mandato, remarcando una vez más las líneas estratégicas que han apuntalado su discurso desde los comicios del 2019.
En la sesión de control de hoy, todos los focos del hemiciclo estarán puestos sobre la de Castellón. Incluso entre sus propias filas esperan, a partir de su discurso, conocer las claves de su futuro más próximo tras le shock de su renuncia a batirse en primarias. Fuentes del PPCV apuntaban ayer que Bonig, más que enfadada por la situación, se encuentra triste, pero convencida de confrontar hasta el último día con su rival. Su decisión de retirada, instigada por el aparato nacional de su partido, pone fin a seis años de primerísima línea en la escena política valenciana, con un discurso que en el último mandato ha sido especialmente combativo en tres grandes bloques.
ECONOMÍA
Bajada de impuestos y reforma de la financiación autonómica
Transformar el modelo financiero de la Generalitat con la reducción y supresión de determinados impuestos ha sido uno de los caballos de batalla de las reivindicaciones de Bonig en materia económica. Con las dificultades generadas por la crisis pandémica, la popular enfatizó sus alegatos para bajar el IRPF a las rentas medias, la desaparición del Impuesto de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados o «eliminar chiringuitos y reestructurar la grasa política de la Administración». De hecho, Bonig se alió públicamente con Mazón para reducir la carga fiscal allá donde gobierna el PP en la Comunidad, iluminados por el faro de Díaz Ayuso.
De igual forma, se ha mostrado implacable con la gestión de las ayudas del Botànic a los sectores afectados por las restricciones del coronavirus, con especial trascendencia en Alicante al tratarse de una provincia eminentemente turística. Los ataques políticos de la síndica se han centrado también en el sistema de infrafinanciación autonómico. No es un problema nuevo, pues se arrastraba ya con el centroderecha en el Gobierno central, pero Bonig ha arremetido constantemente contra Puig, acusándole de falta de valor para plantar cara a Sánchez y exigirle una reforma justa. También la sanción de la Comisión de Defensa de la Competencia valenciana a cuatro empresas de comunicación, vinculadas al hermano del presidente y sus socios, y una investigación judicial relacionada con ese asunto, ha sido sacada a la palestra de forma continuada por Bonig durante las sesiones de control.
SANIDAD
De las reversiones a la gestión de la pandemia
Si durante la primera etapa del estallido de la pandemia de covid-19 la portavoz del PP adoptó un papel pacífico y un tono constructivo y hasta conciliador, su discurso se ha venido recrudeciendo al examinar las actuaciones del Botànic en general, y de la Conselleria de Sanidad en particular, a cuenta de la falta de medios que, a su juicio, ha sufrido el sistema público sanitario para garantizar tanto la atención como la protección del propio personal, y su negativa a contar con la colaboración de empresas sanitarias del ámbito privado por «sectarismo». Una de sus mayores críticas ha estado focalizada en el «descontrol» en el plan de vacunación y hacia los hospitales de campaña. Otro de los asuntos que más ha blandido desde la tribuna ha sido el relacionado con la inminente reversión del departamento de salud de Torrevieja: «No hay razón técnica ni sanitaria, solo sectarismo e ideología. Lo que funciona no se debe tocar», ha defendido.
EDUCACIÓN
Firme contra la «imposición» del valenciano
Agitar la bandera del conflicto lingüístico ha sido una de la señas de identidad de Bonig , que ha puesto en el centro de la diana al conseller Vicent Marzà. La popular ha recalcado en multitud de ocasiones que «imponer a todos los alumnos asignaturas troncales en valenciano es un atropello al derecho a la libertad de elección» y ha animado a las Ampas a batallar jurídicamente contra el Consell por la aplicación de la conocida como Ley del Plurilingüismo. Ese mismo discurso, el de la lengua, lo ha empleado contra la nueva Ley de Función Pública, que, asegura, impone por primera vez en la historia el requisito del valenciano para todos los funcionarios y supone «una clara desventaja de las zonas castellano hablantes». Se trata de un asunto que conecta especialmente con determinadas comarcas de la provincia de Alicante y que, además, desde las filas de Bonig se han esforzado en vincular a la supuesta hoja de ruta nacionalista de Compromís, según el PP, con el beneplácito del PSPV y de Unides-Podem, a quienes ha tildado continuamente de comunistas.
