Compromís ha presentado una iniciativa en las Cortes Valencianas para instar al Gobierno a que retire "inmediatamente el plan para implantar peajes en toda la red estatal de carreteras a partir del año 2024" y presente un plan de choque para la mejora de la red de Cercanías. La formación valencianista ha registrado esta propuesta a través de una proposición no de ley que se debatirá en la Cámara autonómica y que obligará a los socios del Botànic a posicionarse a favor o en contra del proyecto para establecer pagos por la circulación en carretera que se está promoviendo, precisamente, desde el Ejecutivo central, integrado por PSOE y Podemos.
El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha recalcado que implantar peajes en las carreteras "va en contra del pacto de investidura que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Compromís"; un pacto en el que se abordó, en concreto, la liberalización del peaje de la AP-7 puesto en marcha hace exactamente un año. Volver ahora a imponer el cobro por la utilización de esta red supondría, a juicio de los valencianistas, quebrantar de nuevo el acuerdo del presidente socialista con su formación. Y no sería la primera vez. Compromíd lleva meses recordando el incumplimiento relativo a la reforma de la financiación autonómica, que no se ha llevado a efecto.
Con tal de hacer presión en contra de la posibilidad de establecer peajes, Compromís presentará mociones similares en todos los municipios de la Comunidad Valenciana para instar al Gobierno central a retirar el plan para implantar peajes en las carreteras estatales e impulsar con inversiones el transporte público
Ferri ha sostenido hoy que los valencianos "han pasando más de 20 años pagando más de una vez las autopistas", por lo que piden al Gobierno que busque "otras medidas que no apliquen un coste sobre la ciudadanía" y que se fomente el transporte público.
La iniciativa presentada reclama también al Ejecutivo que presente un plan de choque con financiación para la mejora de toda la red de Cercanías, la conexión Gandia-Dénia, la aceleración del Corredor Mediterráneo, y una financiación no discriminatoria para el transporte público de la áreas metropolitanas valencianas.
También se insta al Gobierno a tener en cuenta en el conjunto de las políticas de movilidad "la especificidad del caso valenciano, que ya ha soportado décadas de pago de peajes", así como la necesidad de garantizar la equidad y la justicia de los sectores más vulnerables.
