La investigación que desarrollan desde hace cuatro años la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción número 13 de València sobre la presunta trama corrupta liderada por el cuñado de Rita Barberá, José Luis Corbín, la llamada Operación Azud, ha permitido destapar una nueva red clientelar de mordidas urbanísticas.
La Operación Azud II se saldó ayer con la detención del vicealcalde del Ayuntamiento de València y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (PP), y del hasta ayer subdelegado del Gobierno en València, Rafael Rubio (PSPV), que fue cesado de manera fulminante por la delegada del Gobierno, Gloria Calero, apenas una hora después de que trascendiera su arresto.
Junto a ellos dos, la UCO también detuvo a primera hora de ayer al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, a una de las hijas de Grau y al empresario que aparece como epicentro de esta nueva trama: el constructor Jaime María Febrer, supuesto corruptor de políticos y funcionarios municipales con el pago de comisiones y regalos caros durante al menos cinco años. Todas esas dádivas y sobornos iban encaminados a obtener derechos de construcción en suelo municipal o adquirir parcelas públicas para levantar tanto vivienda protegida como de renta libre.
En total, son 21 los presuntos implicados -14 detenidos y 7 investigados- y más de 40 los registros previstos, entre domicilios, empresas y despachos en sedes oficiales. La complejidad de la operación ha obligado a posponer parte de esas requisas para hoy.
Fuentes consultadas por este periódico dijeron que la Guardia Civil intervino abundante documentación en los registros de ayer y que espera disponer de mucha más tras requerir al Ayuntamiento de València expedientes, informes y contratos en los que intervinieron los ahora detenidos entre 2005 y 2010.
Según las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la UCO, a partir de la documentación intervenida durante la primera fase de Azud, en abril de 2019, una de las primeras operaciones bajo sospecha fue la compra por parte de Febrer de dos parcelas en el Cabanyal que pudo permutar por un solar municipal edificable en el barrio de San Isidro, que acabó vendiendo por el doble de lo que había pagado solo cinco meses después del intercambio de terrenos.
Febrer había comprado las dos casitas del Cabanyal -tasadas por los técnicos en 14.400 euros y por las que él dijo haber pagado 243.650, el precio que le admitió el ayuntamiento- solo tres meses antes de que Grau decidiera que eran perfectas para ampliar el Museo de la Semana Santa Marinera.
Denuncia pública de Rubio
Y fue Rubio quien, como portavoz del grupo socialista en el consistorio de Barberá, denunció públicamente ese «buen pelotazo», en sus propias palabras, en septiembre de 2005, tres años largos después de que se llevase a cabo.
Esa operación figura en esta causa judicial, pero no podrá ser perseguida porque los posibles delitos habrían prescrito.
Sin embargo, ha servido para comprobar la mecánica operativa de la trama presuntamente liderada por Febrer y aporta otro dato curioso: los 300.000 euros en metálico que Rafael Rubio habría percibido de la trama le habrían sido pagados dos años más tarde de su denuncia pública, en 2007.
Según los investigadores, habría sido el abogado José Luis Vera quien habría puesto en contacto a Rubio con Febrer en una fecha posterior a la crítica política del segundo a la permuta del Cabanyal. Vera también está bajo la lupa policial como supuesto mediador entre la trama de Febrer y algunos ayuntamientos socialistas.
Por lo que respecta a Alfonso Grau, que está condenado a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo de capitales tras haber recibido dos relojes de otro contratista del Ayuntamiento de València, la investigación cifra en algo más de un millón de euros el dinero supuestamente percibido por el ex vicealcalde.
Las detenciones dieron comienzo a las ocho de la mañana de ayer en los domicilios de los investigados. Grau, su hija y Rubio fueron apresados en sus viviendas, en València, mientras que Vera lo fue en su casa de Macastre. Además, hubo dos arrestados en Alicante, otro en Madrid y tres más en Tomelloso (Ciudad Real). En cuanto al constructor, fue detenido en Ibiza donde se encontraba circunstancialmente.
Los dos registros más largos fueron los practicados en los domicilios de Rubio y de Grau, donde la Guardia Civil y la comisión judicial permanecieron ocho y nueve horas, respectivamente. También hubo registros en los despachos de Rubio en la Subdelegación del Gobierno y en el de Vera en Divalterra, realizados ambos ayer tarde.
Tras finalizar esas diligencias, los agentes trasladaron a los detenidos a distintos acuartelamientos en València, Paiporta, Alfafar y Moncada. Los arrestados no pasarán a disposición judicial hasta el sábado por la mañana. Hasta ese momento, se les ofrecerá declarar ante la Guardia Civil y los agentes completarán los registros y actuaciones aún pendientes.
En el domicilio del ex subdelegado del Gobierno, la Guardia Civil tuvo que pedir la presencia de un cerrajero para abrir la caja fuerte con una radial, después de que fuese imposible acceder a su contenido con la ayuda del detenido. En su interior, ha sido encontrado sobre todo documentación.
