La operación policial de ayer desempolva la cara b del largo mandato en València de Rita Barberá, por si alguien intentaba olvidarla. Ahora que crecía como una bola de nieve la corriente de opinión que recreaba la ciudad de los grandes proyectos, los edificios emblemáticos y los acontecimientos internacionales, reaparece ante los ojos de jóvenes y olvidadizos (por uno de esos enigmáticos e irónicos pliegues de la Historia) la parte más oscura de aquella etapa. El legado de Rita Barberá también era esto.
Lo que recuperamos ayer, siempre con la sacrosanta presunción de inocencia de los detenidos por delante, es la hedionda conexión entre empresarios de la construcción y mandamases de la política. Vuelve la València del Crematorio y La otra orilla de Rafael Chirbes, la ciudad en la que un grupo reducido de mandatarios públicos y empresarios sin escrúpulos actuaban como los reyes del mambo, con la seguridad de sentirse intocables y semidioses. Vuelve el reino de la burbuja y el pelotazo urbanístico que de la noche a la mañana elevaba el valor de un terreno en unos millones de euros para lucro de una casta de poderosos.
Lo nuevo de ayer fue incluir en el engranaje putrefacto a un primer espada de la oposición. Todo un candidato socialista a la alcaldía, un líder del partido en la ciudad durante ocho años y una referencia en la capital durante más de dos décadas. El político que desde la oposición más cargó contra Alfonso Grau, el exvicealcalde detenido también ayer. Ese es el elemento más desconcertante y que deja un sabor de boca indefinible, porque muestra una cúpula política más podrida incluso de lo que se podía pensar. Siempre según las investigaciones que han trascendido.
El paisaje después de Azud
Y en ese entramado, además, uno de los abogados que ha estado al lado de los poderosos del PSPV durante décadas. El paisaje que queda después del nuevo capítulo de Azud (la operación cuyo centro es el cuñadísimo de la exalcaldesa) es la tumba de un tiempo, porque deja a unos y otros manchados. No son todos, claro, pero son nombres muy importantes de unos y otros. Lo suficiente para el halo de tristeza que se advertía ayer en las estructuras del socialismo valenciano.
Lo que queda bajo sospecha no son unos personajes de un momento histórico, sino toda una estructura de funcionamiento de la política y la economía. Se trata de la caída de dos poderosos políticos, la hija de uno de ellos, un constructor no muy conocido pero de los que jugaba en grandes operaciones urbanísticas y un abogado de confianza del partido, entre otros. Y todo ello estirando del hilo de la investigación a José María Corbín, el cuñado de Rita Barberá, el señalado como el hombre que, junto a Grau, controlaba las grandes operaciones económicas en torno al Ayuntamiento de València.
Con ese contexto, es comprensible el silencio ayer de los políticos del PP que en los últimos meses han desempolvado la bandera del legado de la exalcaldesa popular: María José Català y Francisco Camps.
El legado también era esto: un mundo de especulación y negocios turbios entre la política bipartidista y la economía que solo la gran crisis financiera de 2008 derrumbó y que el 15-M, hace ahora justo diez años, enseñó que no podía continuar igual, que el ciclo se había agotado. Si alguien tenía la tentación de hacerlo regresar, lo de ayer es un golpe considerable a las conciencias.
Lo de ayer devuelve a 2016, el tiempo en el que el PP de Isabel Bonig firmó la reprobación de Barberá como senadora. Ese tiempo que se antojaba ahora como superado e injusto. Pero el olor a desagüe brota de vez en cuando de lo más bajo de esta València para recordar de donde venimos.
Subastas, especulación y mordidas en la zona de la Fórmula 1
Las detenciones de Grau y Rubio ponen el foco sobre la operación urbanística en la fachada marítima
La detención de Rafael Rubio y Alfonso Grau por un presunto cobro de mordidas ha puesto el foco sobre la operación urbanística del PAI del Grao, una bolsa de suelo de ubicación estratégica en la fachada marítima por la que un conglomerado de empresas denominado Acinelav, entre las que estaba Valencia Constitución (Jaime Febrer), pagó en 2006 la astronómica cifra de 300 millones de euros. Acinelav estaba formada por Bancaja, Lubasa, y en menor porcentaje por Valencia Constitución, Gesfesa (Rafael Ferrando), Pavasal (familia Quesada),Planea Gestión del Suelo y Salvador Vila. Esta operación millonaria se fraguó en el boom de los grandes eventos y la Copa del América ahora bajo sospecha por un posible reparto de mordidas o comisiones de las empresas a responsables políticos, entre ellos, el todopoderoso vicealcalde y hombre de confianza de Rita Barberá, y Rafa Rubio, entonces portavoz del PSPV en València.
Acinelav pagó 300 millones por los 103.000 m2 propiedad de la empresa de hidrocarburos CLH en el PAI del Grao, uno de los sectores urbanizables previstos en el PGOU de 1988, que tres décadas después está aún por desarrollar y lastrado por las cargas urbanísticas, entre ellas el circuito de F1 y el soterramiento de las vías. El primer gran lastre del sector eran los depósitos de CHL en desuso. El Ayuntamiento y la compañía firmaron en 2005, con Rita Barberá al frente del consistorio, un convenio para desmantelar de los depósitos y la descontaminación de los suelos, una operación que asumió CLH. El Ayuntamiento recalificó los suelos industriales, que pasaron a ser de uso residencial y terciario.
Liberado de los tanques de combustible los terrenos del Grao, donde también tiene suelo Adif, cotizaron al alza, como se vio en la subasta convocada por CLH en la que Acinelav pagó 300 millones de euros. Una suma millonaria por terrenos que han sido objeto de concursos de ideas y propuestas de ordenación, la última de 2018, en época de Rubio como coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento, sin que fructificaran.
Con la crisis inmobiliaria, Acinelav entró en concurso de acreedores y sus activos pasaron a manos de la Sareb. En 2017 fueron adquiridos por el fondo de inversión Hayfin y Atitlan, que optan a convertirse en urbanizador y desbloquear este controvertido sector, ubicado al lado del PAI de Moreras, otro sector bajo sospecha de cobro de mordidas en Azud.
