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La Diputación de València retrasa el cese del técnico

Toni Gaspar deja la decisión en manos de Divalterra mientras crece la preocupación por el último escándalo

Vera, jefe jurídico de Divalterra. |

Vera, jefe jurídico de Divalterra. | JOSÉ ALEIXANDRE

La empresa pública que más escándalos judiciales ha protagonizado en los últimos años volvió a recibir ayer la visita de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Esta vez, el objetivo era el despacho del director de servicios jurídicos, prevención de riesgos penales y transparencia, José Luis Vera, a quien los investigadores de la Operación Azud atribuyen un papel de presunto mediador en la trama urbanística.

La detención del exjuez, que accedió a Divalterra a dedo en 2015 de la mano de José Manuel Orengo, ha caído como un jarro de agua fría en los cuarteles de la Plaza Manises y llega, además, en el peor momento, cuando la empresa de los brigadistas camina ya hacia la extinción.

Sombra de sospecha

Aunque la causa no afecta directamente a Divalterra, la inquietud se extiende de nuevo tanto entre los trabajadores como entre los gestores de la Diputación de València. Los primeros temen que la caída del jefe jurídico retrase de alguna forma los planes de trasvase al Consorcio de Bomberos, dado que este ocupaba un papel central en el proceso y en las negociaciones con los sindicatos.

En el equipo de gobierno también admiten cierta preocupación por la nueva mancha que la operación supone para la entidad y porque, al mismo tiempo, hace crecer la sombra de la sospecha sobre todas las actuaciones controvertidas protagonizadas por Vera (que no han sido pocas). La última de ellas -el intento de anular el nombramiento de la jefa de Personal- acaba de ser llevada por el PP a la Fiscalía. Mientras tanto, aunque la oposición elevó ayer la presión sobre Toni Gaspar para que ordenara el cese inmediato de Vera siguiendo los pasos de la delegada del Gobierno con Rafa Rubio, el presidente de la Diputación descargó la decisión en un consejo extraordinario de Divalterra convocado el lunes, argumentando que la responsabilidad corresponde a la empresa.

En la junta de portavoces de ayer, apeló a la presunción de inocencia y a que no hay que precipitarse. La oposición ha forzado una junta urgente y ve resistencias al despido de Vera, cuyo sueldo es de 72.500 euros al año.

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