Los agentes de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil han logrado detener durante la segunda fase de la Operación Azud no sólo a los que presuntamente corrompieron a políticos y funcionarios municipales en busca de favores urbanísticos y a quienes supuestamente aceptaron dinero y/o regalos por prestarse a esa colaboración, sino también a la trama financiera de la que se servía la red tanto para aflorar dinero negro a través de facturas falsas como para «licuarlo» para poder hacer frente a las mordidas que pagaban en metálico.
Así, los guardias civiles detuvieron, a primera hora del jueves en Madrid, donde se encontraba circunstancialmente, al supuesto ingeniero financiero de la trama, el gestor alicantino Joaquín P. R., que fue inmediatamente trasladado a Alicante para poder registrar, en su presencia y la de su abogado, su domicilio particular y tres de las sedes de las empresas que supuestamente ha utilizado como máquina de lavar dinero.
Además, los investigadores del grupo de Delitos contra la Administración de la UCO arrestaron, también en Alicante, a un empresario conocido de Joaquín P. R. que supuestamente colaboraba con él cuando necesitaba más empresas para centrifugar el dinero que le llegaba de la trama, según la documentación de la que dispone la Guardia Civil y que analiza desde su incautación, en abril de 2019, durante la primera fase de Azud, cuando fueron detenidos el abogado José Luis Corbín -cuñado de Rita Barberá- y un socio suyo, e investigadas la mujer de Corbín y hermana de la ex alcaldesa de València, Asunción Barberá, así como las tres hijas del matrimonio.
A esos arrestos -en total, Azud II se cierra con 14 detenidos y siete investigados-, se les suma el de tres autónomos que estarían relacionados con la emisión de facturas falsas para lograr dinero líquido, por una parte, y lavar el negro, por otra. Ese era el origen de las mordidas en metálico y de los regalos que los ahora detenidos entregaron supuestamente a los políticos y a los funcionarios a cambio de parcelas ventajosas, derechos de promoción y macroproyectos urbanísticos.
La trama, con el constructor Jaime María Febrer y su empresa matriz, Construcciones Valencia Constitución (CVC), en el epicentro del negocio, echó a rodar en el Ayuntamiento de València, pero acabó exportando ese modelo a otros consistorios de menor envergadura, tanto de València como de Alicante, como prueba el listado de regalos en poder de la Guardia Civil.
La caja fuerte de Rubio
Antes de la trama financiera, radicada en Alicante aunque con alguna sucursal en Catarroja, los agentes habían arrestado a los considerados pesos pesados de la trama. Minutos después de las 8.00 horas del jueves, la Guardia Civil detenía en sus domicilios al hasta ese momento subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; y al ex vicealcalde de València y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, así como a una de las hijas de este. Rubio y Grau están acusados de cohecho y de blanqueo de capitales por recibir, respectivamente, 300.000 y un millón de euros para favorecer a los constructores.
En casa de Rubio, registrada durante ocho horas, la Guardia Civil tuvo que recurrir a un cerrajero con una radial para abrir la caja fuerte, en cuyo interior solo había documentación.
Además, fueron apresados el constructor Jaime María Febrer -en Ibiza, donde estaba circunstancialmente-, considerado el centro de la telaraña de corrupción en ayuntamientos para obtener favores urbanísticos, y dos pesos pesados de dos de las familias más importantes en el sector de la promoción inmobiliaria valenciana: Mónica Montoro y Federico Ferrando.
Ambos están acusados de los mismos delitos que Febrer y habrían participado en algunos de los cohechos y en los negocios posteriores a aquellos que investiga la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción número 13 de València con la Guardia Civil en esta causa judicial, que ha puesto bajo la lupa operaciones inmobiliarias desarrolladas principalmente por Febrer entre 2005 y 2010.
Así mismo fue detenido en su casa de Macastre José Luis Vera, abogado, antiguo magistrado de la Audiencia de València e histórico del PSPV, que hasta este jueves era el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra. En su caso, los investigadores consideran que fue la puerta de entrada de la trama a los ayuntamientos socialistas donde Febrer buscaba hacer negocio.
Ayer también trascendieron las detenciones de la ex alcaldesa de Xixona Rosa Verdú Ramos y del que fuera su concejal de Medio Ambiente, Francisco Doménech Asensi, por un megaproyecto urbanístico que Febrer pretendía sacar adelante en ese municipio de l’Alacantí entre 2005 y 2007.
A ellos, se les suman siete investigados más, entre ellos otros histórico del PSPV y su responsable de finanzas durante décadas, José María Cataluña.
Los registros se prolongaron durante la mañana y la tarde de ayer, ya que la Guardia Civil no pudo completarlos el jueves, dada la magnitud de la operación. Entre los 44 registros que se tuvieron que dejar para ayer, viernes, está el del despacho de Vera en Divalterra. El de Rubio, en la Subdelegación del Gobierno, ya había sido inspeccionado un día antes.
Los agentes también acudieron a un despacho de abogados sin relación con la causa en el que Vera disponía de una mesa como sede de una sociedad mercantil. Los especialistas de la UCO se llevaron un ordenador y documentos únicamente de esa mesa.
