Comidas, reuniones, aportaciones de dinero, con los cómo, los cuándo y los a quién, regalos, detallando precio y receptor (o receptora), lugares... Para gozo de la Guardia Civil, Jaime María Febrer, el constructor valenciano a quien la investigación sitúa en el epicentro de la trama de corrupción urbanística investigada en la Operación Azud II, ha demostrado ser un hombre metódico y pulcro en su día a día, anotando cada paso que daba. Y cada céntimo que invertía en la consecución de los negocios que perseguía.
Gracias a ello, a los especialistas en Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se les ha allanado (y mucho) el camino a la hora de buscar evidencias de las presuntos cohechos en las ingentes montañas de documentación intervenida desde que comenzó la investigación, en 2017, tras la denuncia por delitos fiscal de la Agencia Tributaria contra el cuñado de Rita Barberá, José Luis Corbín.
En una suerte de agenda formada por cientos de anotaciones, el constructor ha recogido sus pasos desde 1999 hasta hace poco, dejando constancia por escrito de su quehacer ordinario, pero también del otro, del que ahora investigan la Fiscalía Anticorrupción y la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València.
Así, los agentes de la UCO se han encontrado con auténticas joyas para un investigador, como son las anotaciones, con fechas y cuantías precisas, del dinero que le daba, a modo de mordidas, a políticos y funcionarios, con Alfonso Grau, vicealcalde de València y mano derecha de la alcaldesa popular, y Rafael Rubio, líder de la oposición socialista en el consistorio valenciano en aquel momento, a la cabeza. De hecho, ambos están desde el viernes por la noche en prisión preventiva por esta causa.
También apuntó, con fechas y precios, los regalos que cada Navidad repartía entre quienes podían influir en sus planes urbanísticos. Políticos de la administración local, pero también funcionarios o representantes de empresas públicas municipales y estatales. Desde jamones a relojes Hublot, pasando por billeteras, bolsos de lujo, joyas o botellas de champán francés de renombre, con preferencia por los Veuve de Clicquot o los Moët & Chandon.
La Guardia Civil, según ha podido saber INFORMACIÓN, se ha hecho con esas anotaciones a lo largo de estos dos años de investigación secreta, partiendo de la documentación intervenida en la primavera de 2019, pero también con otras actuaciones intermedias y con los papeles confiscados la semana pasada durante la fase de explotación de Azud II.
En esos diarios agendados aparecen, por ejemplo, las cuantías supuestamente pagadas a Rubio —300.000 euros— o a Grau —más de un millón—, pero también en qué mordidas participaban otros de los investigados o con quiénes se reunía para tratar de desbloquear un PAI o una situación enconada, usando mediadores como José Luis Vera o José Cataluña. De hecho, éste último sería quien habría propiciado la comida entre Febrer y Rubio a partir de la cual se habría gestado la inclusión del socialista en el presunto cobro de mordidas.
La Fiscalía investigará el dinero en cuentas de Luxemburgo y más países
La Fiscalía Anticorrupción y la jueza del caso Azud tienen previsto rastrear la cuenta corriente del constructor Jaime María Febrer en Luxemburgo, para averiguar si ha sido utilizada para blanquear parte de las ganancias que el empresario habría obtenido con las operaciones urbanísticas en València y otra media docena de municipios que están bajo la lupa policial. Los investigadores de la UCO tratarán de rastrear en las próximas semanas si la presunta trama de corrupción utilizó cuentas como esa, tanto en países comunitarios como extracomunitarios, para hacer opaco el dinero obtenido, para lo cual ya se están cursando las oportunas comisiones rogatorias.
Divalterra mantiene a Vera como directivo pero le aleja de la disolución
La resolución sale sin votos en contra, aunque Compromís y la oposición critican que continúe
Ni suspensión de empleo ni de sueldo. José Luis Vera va a continuar como director de servicios jurídicos, prevención de riesgos penales y transparencia de Divalterra pese a su detención en la Operación Azud II. El consejo de administración de la empresa de la Diputación de València acordó ayer apartar al alto cargo únicamente de sus funciones dentro de la comisión negociadora con los sindicatos en el proceso de disolución de la firma de las brigadas. La resolución salió adelante sin votos en contra y con la abstención de los consejeros del PP y Ciudadanos y de la presidenta del comité de empresa. Compromís, socio de gobierno de los socialistas en la diputación, lamentó la «falta de medidas ejemplarizantes» contra el investigado en la presunta trama urbanística. La coalición se mostró partidaria de suspender a Vera -nombrado a dedo en 2015 a propuesta del PSPV- de todas sus funciones hasta que se aclaren los hechos. También la oposición pedía medidas más duras. Sin embargo, la propuesta inicial que se presentó al consejo presidido por el del PSPV ayer planteaba no emprender ningún tipo de acción contra Vera. Tras dos horas de discusiones y el amago de algún consejero de marcharse, surgió la alternativa sometida a votación, que partió del secretario y el representante del PP.
Los técnicos del consejo nombrados por la diputación invocaron la presunción de inocencia del jefe jurídico, una idea que entronca con la doctrina del presidente, Toni Gaspar, partidario de no expulsar de inmediato a los cargos investigados judicialmente, como defiende su partido. Ayer insistió en que no depende de él apartar a Vera. El PP le recordó que mantiene a dos asesores del PSPV procesados en los casos Taula y Alquería, mientras la Fiscalía investiga la selección de la jefatura de Personal en Divalterra.
