Trabajadores del Doctor Esquerdo y del Hogar Provincial, centros dependientes de la Diputación de Alicante, han mostrado su malestar con el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, por la tramitación de la paga de productividad extraordinaria de 500 euros que el presidente Carlos Mazón anunció por haber estado expuestos al covid. El personal asegura que los criterios adoptados para el reparto del dinero han sido «injustos y discriminatorios» y critica que se haya destinado exclusivamente al personal sanitario cuando estos dos centros son sociosanitarios, por lo que defiende que todos ellos están sometido a situación de alteración, aumento de horarios, modificaciones de turnos y cargas de trabajo. Insisten, además, en que esa exposición al riesgo se vio acentuada por la escasez de recursos preventivos.
Los trabajadores consideran una grave discriminación ser excluidos de dicha paga al asegurar que han estado en activo ininterrumpidamente desde la declaración del estado de alarma hasta final del año 2020. Tuvieron constancia por la prensa de que la Diputación iba a abonar una paga por el riesgo al que se habían sometido y, un año después, en abril de 2021 algunos de ellos la recibieron mientras otros comprobaron que no habían sido incluidos. Según alegan, el motivo de haber sido excluidos del programa de productividad es que la Diputación consideró que sus puestos de trabajo no habían sido definidos como exposición de riesgo nivel 3.
Ante esta situación, los afectados creen que ese criterio no es el correcto porque en el acuerdo aprobado por el pleno de la Diputación se recogía que este programa de productividad iba destinado al personal sanitario y asimilado, en referencia al asistencial y no asistencial, motivo por el que han decidido incluso recoger firmas.
El equipo de gobierno del PP y Ciudadanos defendió esta paga por el esfuerzo del personal ante la prestación de sus servicios en primera línea frente a la pandemia y la carga de trabajo superior a la habitual. Sin embargo, los profesionales también han considerado injusto y discriminatorio que el periodo considerado para el abono haya sido el tiempo de trabajo efectivo durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, puesto que el periodo de más riesgo se produjo en los meses anteriores, es decir, desde la declaración del estado de alarma en el mes de marzo. Por estos motivos , apostillan que carece de sentido que se excluya del reconocimiento al personal que ha prestado servicios precisamente en ese periodo de mayor riesgo. «Resulta incomprensible que desde el mes de mayo, que se hizo pública la intención de abonar esta paga, no se haya aprobado hasta noviembre, con la consecuencia de la exclusión del personal referido», aseguran los trabajadores.
Por su parte, el equipo de gobierno de la Diputación indicó ayer que la voluntad de este reconocimiento fue gratificar el trabajo de los que han estado en primera línea en esta pandemia, pero con criterios objetivos, por lo que se decidió incluir al personal que se encuentra en el factor 3 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Para estos cálculos se tuvo en cuenta el puesto de trabajo para evaluar el riesgo. Además, desde el PP precisaron que después de la reclamación de los profesionales que tenían la valoración de riesgo en otro nivel se realizó una evaluación por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo algunos de ellos en el programa. La Diputación asegura que las reclamaciones individuales que se están realizando también se están estudiando y si les corresponde se incluirán.
