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Las Cortes buscan un acuerdo técnico y político sobre la quita de la deuda

Citará a expertos y a todos los exconsellers de Hacienda

Diputados de todos los grupos
en la Comisión de Economía y 
Hacienda de las Cortes.  INFORMACIÓN

Diputados de todos los grupos en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes. INFORMACIÓN

Uno de los debates clave que llevará aparejada la reforma del modelo de financiación que el Gobierno parece dispuesto a abrir antes de que acabe el año será el deuda que acumula la Comunidad Valenciana: 50.000 millones, la más elevada de España en términos de PIB y la segunda más alta de España en números absolutos tras la de Cataluña.

En ese proceso sería crucial para la posición valenciana disponer de un acuerdo técnico que avale una posible quita o reestructuración de la deuda valenciana y también de un pacto político que facilite la negociación con el Gobierno sobre la deuda.

Con esa pretensión se acaba de constituir la comisión de investigación sobre la deuda pública de la Comunidad Valenciana, que tiene un plazo para entregar sus conclusiones de 18 meses.

No obstante, se espera poder reducirlo a un año para disponer de un acuerdo justo a tiempo para el posible debate de la reforma de la financiación, según señalan fuentes de la comisión.

Una carta negociadora

El objetivo es disponer de un pronunciamiento técnico que dé al Consell una carta negociadora ante el Gobierno de España. Un documento que el Botànic cree que puede contar con el apoyo político de toda la Cámara. La propuesta de creación de esta comisión partió del grupo Unides Podem, pero salió adelante por unanimidad por lo que el acuerdo entra dentro de lo posible.

Todos los grupos sostienen que la deuda es una cuestión a estudiar aunque está por ver si, por ejemplo, una quita, una reestructuración o cualquier otra fórmula que se acuerde recibe el apoyo de todos los grupos políticos.

La intención del Botànic es , en principio, consensuar con la oposición, PP, Cs y Vox, el plan de trabajo. Entre los comparecientes está previsto citar a expertos valencianos que ya han trabajado en temas de infrafinanciación o deuda, como los del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) o el propio Síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana, Vicent Cucarella, que también es experto en temas de financiación.

También está previsto que se cite a los consellers de Hacienda de todos los gobiernos autonómicos, a expertos de las universidades o de instituciones privadas como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) o de otras comunidades autónomas que tienen un problema similar de infrafinanciación como Cataluña o Andalucía.

La idea de fondo que admiten los partidos es que la deuda es insostenible y será un lastre siempre para cualquier gobierno porque complica sobremanera la elaboración de los presupuestos.

Un coste inasumible

La financiación de la deuda se lleva en la actualidad el 30% del presupuesto autonómico y la deuda se ha convertido en una especie de segunda conselleria por presupuesto, solo por detrás de Sanidad y por delante de Educación o de Políticas Sociales. Algo inasumible que no puede solucionarse solo desde la perspectiva valenciana y que requiere de un acuerdo con el Estado.

De los 50.000 millones de deuda valenciana, unos 42.000 tienen como acreedor a la Administración del Estado y al Instituto de crédito Oficial (ICO) por los préstamos recibidos a través de los distintos fondos financieros como el de liquidez autonómica (FLA), por lo que solucionar el problema de la deuda depende, sobre todo, de la voluntad del Estado.

El portavoz de Hacienda de Unides Podem, la coalición que propuso la comisión, Ferran Martínez, señala que dentro de la negociación de la financiación «se debe buscar también una solución a la deuda». Unides Podem considera que debe ser una comisión técnica centrada en la deuda.

De momento, la reforma de la financiación, que es la cuestión nuclear sobre la que pivota la deuda, ya tiene una fecha. El Congreso aprobó hace unas semanas una proposición no de ley, que estaba consensuada con el Ministerio de Hacienda, para que el Gobierno abra el proceso de reforma del modelo antes de que acabe el año.

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