La agencia Standard & Poors (S&P) ha decidido mantener la calificación de la solvencia financiera de la Comunidad Valenciana a largo plazo en el nivel BB, con perspectiva estable. Ello quiere decir que, aunque la calidad crediticia de la Generalitat sigue siendo cuestionable por su volumen de deuda, hay capacidad de maniobra. En su última informe, S&P valora el apoyo del Estado mediante mecanismos extraordinarios de liquidez que han permitido mitigar el impacto de la pandemia en las cuentas.
La agencia de calificación también arroja optimismo respecto a llegada de fondos europeos que deberían contribuir a mejorar la actividad económica, al tiempo que aprecia una recuperación total de los ingresos a partir de 2023 y presagia una mejora -aunque moderada- de los ratios presupuestarios. Todo ello a expensas de que se articule una reforma del sistema de financiación autonómica que dote a la Comunidad de los recursos que le corresponden. S&P corrobora que los ingresos que recibe la autonomía del Estado están por debajo de la media. Al respecto, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, recalcó ayer que el Consell mantiene la reivindicación porque la financiación justa «es más necesaria que nunca». Soler matizó que el Gobierno está en minoría en el Congreso y «sería injusto comparar la situación actual con la de antes del virus», pero confió en «seguir viendo avances en este campo».
Aunque la deuda de la Comunidad es aún muy elevada, S&P ve positivo que la mayor parte de la misma (el 84%) se financie a través de mecanismos con unos costes financieros reducidos que hacen asumible su sostenibilidad. La agencia hace hincapié en que esta autonomía logró a finales de 2020 refinanciar 2.200 millones en préstamos, con un importante ahorro en costes financieros.
