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Tirón de orejas del Síndic de Comptes a la Diputación por las inversiones y las ayudas

La Sindicatura revela que la institución es la que menos recursos destinó por habitante entre 2017 y 2019, y disparó las subvenciones sin criterios equitativos

Un pleno de la Diputación de Alicante en la etapa de César Sánchez. | JOSE NAVARRO

El último informe de la Sindicatura de Comptes sobre las inversiones efectuadas por las diputaciones en los ayuntamientos ha sacado los colores a la institución alicantina, en comparación con Valencia y Castellón. El seguimiento realizado por este organismo fiscalizador revela que la Diputación de Alicante se ha situado a la cola en dos parámetros: es la que menos fondos invierte por habitante y en la que más han crecido las ayudas de carácter nominativo, es decir, donde más se ha disparado la entrega de subvenciones al margen de criterios objetivos durante el periodo analizado, entre 2017 y 2019.

La auditoría realizada por este órgano, que ejerce el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, determina que la Diputación de Alicante se encontraba hasta ese periodo a la cola en la entrega de ayudas atendiendo a criterios poblacionales. Así, la institución invirtió en esa etapa una media de 65 euros per cápita, mientras que la cifra en Castellón ascendió hasta los 83 euros y en Valencia hasta los 90. No obstante, reconoce que en los dos primeros casos los fondos se vieron incrementados en comparación con la anterior etapa fiscalizada (2014-2016) con 13 y 32 euros adicionales. Solo en el caso de Valencia se produjo una disminución de nueve euros por habitante.

El informe revela que, en términos generales, la corporación provincial ha registrado un notable aumento en esfuerzo inversor, que se ha incrementado un 21% en el periodo analizado. En total, 119 millones de euros de ayudas ejecutadas entre 2017 y 2019, pero con una diferencia sustancial. Si en la etapa 2014-2016 las ayudas nominativas alcanzaban el 4% sobre el total, en el siguiente, con César Sánchez como presidente provincial, el porcentaje creció hasta el 24%. Traducido a cifras supone que se ha pasado de 3,5 millones a 28,6 millones en adjudicaciones directas. Es por ello que la Sindicatura determina que, en la Diputación alicantina, «la distribución de las ayudas para inversiones es menos objetiva y equitativa que en el periodo anterior, debido al incremento de ayudas directas». No obstante, se destaca que Alicante partía de la distribución más objetiva en términos porcentuales y, en todo caso, se ha situado en el término medio de la Comunidad. En este aspecto concreto, y según determina el examen, en la de Castellón se ha mejorado la objetividad y equidad al reducirse las ayudas directas del 35% al 18%, mientras que en la de Valencia se ha reducido apenas un punto porcentual, pero, en todo caso, es la de mayor porcentaje de ayudas nominativas, al concentrar el 24,8%.

Desde la Sindicatura se apunta a que esa situación de carencia de criterios objetivos en el reparto de ayudas también se ha mantenido en los planes provinciales de Alicante entre 2017 y 2019, si bien se resalta que, en la convocatoria 2020-2023, las directrices de distribución previstas «sí atienden ya a circunstancias objetivas y predeterminadas».

A fecha de realización del informe, la de Alicante era la institución que más retrasos acumulaba en la ejecución de los planes de obras enmarcados en el periodo 2018-2019. De hecho, hasta noviembre de 2020, la institución, presidida por Carlos Mazón, tan sólo había ejecutado el 24,5% de las actuaciones financiadas, mientras que Valencia se situaba en el 86% y Castellón en el 90%. La corporación provincial experimentó, pues, un retroceso en eficacia y eficiencia con respecto al resto de la Comunidad en la gestión de los planes inversores, resalta el órgano fiscalizador.

Ausencia de fraccionamiento, pronto pago y control financiero

El examen realizado por la Sindicatura a las tres diputaciones al respecto de las inversiones que realizan en las entidades locales incluye la evaluación de criterios en los que la institución alicantina es la que sale mejor parada. La auditoría resalta que durante el periodo analizado, entre 2017 y 2019, la corporación provincial mantuvo «una posición ventajosa respecto a las otras diputaciones en aspectos como la ausencia de fraccionamiento, el pronto pago a los beneficiarios y el control financiero permanente de las actuaciones». Con relación al control de las inversiones subvencionadas, se pone en valor que la intervención de la institución alicantina sigue ejerciendo el control financiero permanente o posterior, que no se realiza, sin embargo, en las otras instituciones.

Una de las principales variaciones detectadas en Alicante por este organismo fiscalizador es que ha cambiado el modelo de gestión de las ayudas. En el año 2015 lo más habitual era que la propia institución asumiera la adjudicación de las actuaciones en los municipios. Esa gestión directa alcanzó entonces casi el 88% del total. Sin embargo, a partir de dicho ejercicio se produjo un cambio de tendencia, de manera que en 2019 se redujeron hasta el 41% y, por primera vez, las actuaciones adjudicadas por los propios beneficiarios, es decir, por los ayuntamientos, fueron mayoritarias. Eso es algo que supone, según la Sindicatura, una modificación progresiva del modelo de gestión de ayudas que se aproxima al existente en las otras dos diputaciones de la Comunidad.

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