La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha reclamado a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) el expediente de aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020 correspondiente a la sociedad que agrupa a la mayoría de los trabajadores de À Punt, después de los recursos de impugnación presentados por CGT, UGT y CSIF.
La resolución emplaza a la cadena a comparecer en el procedimiento que ha de decidir si convocatoria de las oposiciones sigue adelante. A través de la Abogacía, la Generalitat ha presentado un escrito para personarse en la defensa de la continuidad de la OPE, que los sindicatos han llevado a los tribunales por su carácter parcial, dado que no contiene la totalidad de los puestos de la plantilla de À Punt, ocupados por personal interino que accedió al ente a través de bolsas temporales.
La Oferta Pública de Empleo inició los cauces oficiales el pasado 28 de diciembre con el visto bueno de la Conselleria de Hacienda. En el listado de plazas a consolidar, sin embargo, solo se autorizaron 349 de las más de 400 incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en gran medida para no superar el techo de gasto en masa laboral impuesto por la normativa autonómica.
Fuentes sindicales, sin embargo, sostienen que la parcialidad de la OPE no está justificada «ni legal ni laboralmente» y aseguran que responde «a una interpretación restrictiva de la ley de creación» que generaría distorsiones organizativas y abocaría a decenas de trabajadores a la incertidumbre. Invocan también la moratoria en la aplicación de regla del tercio acordada por las Cortes.
En febrero, tanto la dirección como la presidencia de la cadena se comprometieron con los sindicatos a remitir una nueva propuesta a Hacienda para intentar convocar los 55 puestos excluidos de la primera OPE, una vez la conselleria dé luz verde a la última RPT de 2021 aprobada por À Punt hace dos meses.
