La Conselleria de Sanidad, en manos del PSPV, pretende llevar al pleno del Consell de este viernes la aprobación de un decreto ley para crear una empresa pública que, entre otros cometidos, abre la puerta a asumir la subrogación de los trabajadores del departamento de salud de Torrevieja, cuya gestión será directa a partir del 15 de octubre, cuando expira el contrato con Ribera Salud. El área de Ana Barceló considera «urgente e inaplazable» impulsar esta sociedad y busca el voto favorable de los socios del Botànic, pero todo apunta a que no lo tendrá fácil, a tenor del chaparrón de críticas que le salpicó ayer. Compromís y Unides Podem salieron en tromba a cuestionar que los socialistas ni si quiera han resuelto las alegaciones que presentaron, precisamente, contra el proyecto de decreto que da forma a esta empresa sanitaria y, a pesar de todo, la consellera ha seguido hacia adelante de manera unilateral. Llegados a este punto, ambas formaciones aseguran que están dispuestas a pararle los pies a Barceló, bajo la advertencia de que tumbarán su propuesta si llega a la reunión de consellers.
Dos meses han transcurrido desde que Sanidad firmó la resolución inicial para impulsar la creación de esta empresa pública de salud y hasta que la consellera ha rubricado el decreto definitivo. Dos meses en los que el objeto y fines de esta sociedad han permanecido prácticamente invariables: la prestación y gestión directa de servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito sanitario de gestión de la Generalitat, así como por transferencia o por sucesión de empresas. Aunque en un principio desde la conselleria se ha defendido que esta sociedad se gestaba, principalmente, para la prestación del servicio farmacéutico en residencias y de resonancias magnéticas, ya nadie duda de que la hoja de ruta de Sanidad para Torrevieja pasa también por esta mercantil y eso es algo que ha elevado la tensión en la coalición de izquierdas. El primer asalto de este combate se producirá mañana, durante la reunión de subsecretarios que deciden el orden del día de la reunión del pleno del Consell prevista al día siguiente.
El síndico del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, defiende que es una buena fórmula porque, alega, no puede ser que de la noche a la mañana se incorporen a la función pública 1.400 personas que entraron a trabajar a una empresa privada y «no han accedido a la función pública con igualdad, mérito y capacidad». El socialista defiende que es una opción que da garantías a la plantilla porque están «en el marco público y tienen los derechos que tienen los trabajadores laborales en el sector público». Dijo incluso que uno no puede pasar de trabajar en una empresa privada «porque sea el hijo del concejal de no sé qué pueblo a tener los mismos derechos y garantías que alguien que ha aprobado una oposición».
La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, manifestó su «sorpresa» por el hecho de que se quiera llevar esta propuesta al Consell del viernes, y advirtió que están dispuestos a bloquearlo si el objeto de la sociedad no se limita al servicio farmacéutico y de resonancias. Lo que exigen es que se adopte el mismo modelo con el que se acometió la reversión de Alzira, y apelan a Sanidad y, en definitiva, a los socialistas, a explicar cuál es la opción para Torrevieja. También desde Unides Podem, Pilar Lima abogó por el modelo Alzira para garantizar una «gestión pública directa al 100%» y lanzó un órdago al PSPV: «Que no cuenten con nosotras para una empresa pública de salud».
Con ese escenario de tensión, y aún con todo el ruido que generó ayer esta cuestión, Mata restó importancia a que, finalmente, este asunto se tenga que retirar del orden del día del próximo pleno, pero confió en que antes de octubre se llegará a una solución porque en lo que sí coincide el Botànic es en que el servicio será gestionado de forma pública.
Mientras los socios de izquierdas se encuentran enfrentados por este asunto, la oposición rechaza en bloque que no se prorrogue el contrato con la empresa que dirige ahora el hospital. Eva Ortiz (PP) ve una «chapuza en mayúsculas» la empresa pública; Ruth Merino (Cs) apostilla que es «un error» ; y Ana Vega (Vox) cree que «lo que funciona no hay que tocarlo».
