Casi siete años transcurrieron desde que las Cortes aprobaron la reforma del Estatut de la Comunidad Valenciana hasta que el Congreso dio luz verde al texto definitivo, en diciembre de 2018. El presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera, acudió ayer a la Cámara Baja con la misión de intentar evitar que vuelva a repetirse un atasco similar con la tramitación de otra demanda largamente instalada en la agenda valenciana.
A principios de 2020, las Cortes enviaron al Congreso un acuerdo -apoyado posteriormente por 500 ayuntamientos- que reclamaba una reforma constitucional para allanar el camino a la recuperación del Derecho Civil valenciano histórico. 16 meses después, sin embargo, no hay indicios de que la cuestión vaya abordarse en Madrid en un periodo corto de tiempo.
Aunque corresponde a los grupos el impulso para acordar la inclusión de la reivindicación valenciana entre los asuntos de debate, Morera mantuvo un encuentro con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con tal de trasladarle la «urgencia» de la reforma y tratar de que se agilice al máximo, encuadrándola en el marco de la relación entre parlamentos y de la «cooparticipación» en los procesos legislativos.
La reunión se produce a las puertas de un acto reivindicativo convocado para el próximo lunes para presionar en el mismo sentido a las puertas del Congreso. A juicio del presidente de las Cortes, la tramitación demandada podría ir en paralelo al proceso abierto en la Cámara Baja para reformar el artículo 49 de la Constitución, que desterrará el término «disminuido» para aludir a las personas con discapacidad. Desde 2016, el Constitucional ha anulado todos los intentos de la Generalitat de legislar basándose en el Derecho Foral histórico.
